Familiares de los guardias civiles asesinados en Andorra por Igor el Ruso reclaman una indemnización por vía judicial

Familiares de Víctor Caballero y Víctor Romero, los dos guardias civiles asesinados por Igor el Ruso el 14 de diciembre de 2017 en un sangriento suceso en Andorra en el que también perdió la vida el ganadero José Luis Iranzo, han recurrido a la vía judicial para reclamar una indemnización que suma 560.000 euros.

El juez del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 11, en Madrid, escuchó este martes en una vista oral las peticiones de los demandantes después de que la misma solicitud fuese desestimada a mediados del pasado mes de septiembre por el Ministerio de Interior. Tras dar traslado a cada una de las partes para que presenten en el plazo de 20 días sus escritos de conclusión, el magistrado dictará próximamente sentencia.

Noelia Lorén, viuda del agente Víctor Caballero, reclama 300.000 euros por el fallecimiento de su pareja a manos de Igor el Ruso mientras aquel ejercía su trabajo. Por su parte, los padres y hermanos del guardia Víctor Romero solicitan un total de 260.000 euros por la pérdida de su familiar. Más de seis años después del triple crimen, ninguno de ellos ha recibido subsidio, pensión o remuneración alguna por lo ocurrido, ni por parte de Igor el Ruso, ya que es insolvente, ni de la Administración.

El abogado que defiende a los familiares de los agentes asesinados, Mariano Tafalla, expuso en el juicio que sus representados merecen ser compensados económicamente de acuerdo al principio de indemnidad que rige para los funcionarios públicos por los daños que reciben en el ejercicio de sus funciones.

El letrado se opone a la argumentación que hasta ahora ha dado el Estado para no conceder indemnización, por la cual se distingue entre víctima directa –el guardia civil– e indirecta –viuda y familiares–, concluyendo que la reparación integral del daño se aplica solo al agente, porque los familiares son ajenos a la relación especial de servicio que vincula a la Guardia Civil con la Administración.

Según explica Tafalla, la fundamentación del Estado es errónea, pues implica que cuando el guardia civil ha fallecido no se conceden ayudas económicas a ninguna persona, ya que la víctima ha muerto, lo que supone una circunstancia vital irreversible e irreparable.

Tafalla destaca que el procedimiento que sigue el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 11 de Madrid "abrirá camino" en una materia sobre la que existe escasa jurisprudencia, pues hasta ahora no se había planteado la posibilidad de resarcir a los familiares de guardias civiles fallecidos apelando al principio de indemnidad de los funcionarios públicos.

El mismo camino judicial

También la viuda y la hija de Víctor Romero reclaman al Estado una indemnización por el fallecimiento de este agente en acto de servicio. Entre las dos, solicitan 500.000 euros de compensación y han planteado tal demanda ante el Ministerio de Interior. Como explica el abogado que las representa, Jorge Piedrafita, si su pretensión es desestimada, seguirán la misma ruta judicial que han marcado el resto de los familiares de los agentes abatidos, es decir, acudir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo en busca de una sentencia favorable.

Con independencia de este procedimiento, los familiares de los guardias civiles fallecidos han presentado una reclamación patrimonial al Estado, demandando la misma compensación económica, que aún no ha sido resuelta. Si una de las dos actuaciones les diese la razón, la otra quedaría anulada. También la familia del ganadero José Luis Iranzo ha formulado reclamación patrimonial al Gobierno central, en este caso, por más de 1,5 millones de euros.