Todos los grupos de las Cortes de Aragón, salvo Vox, piden seguir garantizando los derechos de los menores migrantes
Los socios de gobierno de la DGA, Partido Popular y la formación de extrema derecha, vuelven a mostrar sus diferencias en política de inmigración.
La Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón ha aprobado este martes una iniciativa de CHA para seguir "reconociendo y garantizando" los derechos de los menores migrantes, con independencia de su nacionalidad y sus circunstancias, que ha recabado el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto Vox.
Con este texto, que ha incorporado enmiendas de PP y PSOE, el Parlamento aragonés reitera su compromiso con los derechos de la infancia recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
La diputada proponente, Isabel Lasobras (CHA), ha destacado que cada vez es más frecuente la entrada de menores migrantes que no están acompañados por una persona adulta, mayoritariamente procedentes de Marruecos u otros países del Magreb.
Así, en la proposición no de ley ha incidido en las "grandes trabas" que tienen estas personas a la hora de acceder a la formación o al mercado laboral o en que para ellas la emancipación es "un proceso difícil de alcanzar" cuando cumplen la mayoría de edad.
Todo ello, unido al desconocimiento del idioma o al desarraigo familiar y social, implica un riesgo "muy amplio" de caer en situaciones "muy graves" de exclusión.
Críticas a la criminalización y la alarma social
Lasobras ha criticado también la "criminalización" que hacen de los menores migrantes "algunos partidos políticos". "Ser menores de edad no significa ser menores en derechos", ha recordado, a la vez que ha reivindicado que Aragón siempre ha sido una comunidad autónoma "solidaria".
Desde el PP, Silvia Casas ha remarcado que comparte la esencia de la iniciativa y ha expresado que "ojalá" hubiera salido adelante por unanimidad, en referencia al rechazo de su socio de gobierno Vox.
La socialista Pilimar Zamora ha subrayado que la acogida es "muy importante", pero también lo es la prevención, para lo que hay una estrategia aragonesa que cuenta con la experiencia de las entidades del tercer sector y con la colaboración institucional.
![REUNION DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO PP VOX EN LAS CORTES DE ARAGON DE ZARAGOZA 21-02-2024 FOTO FRANCISCO JIMENEZ [[[FOTOGRAFOS]]]](https://imagenes.heraldo.es/files/image_320_180/files/fp/uploads/imagenes/2024/02/21/reunion-de-la-comisio-48854326.r_d.3236-2437.jpeg)
Ha insistido en que la transición a la vida adulta de muchas de estas personas arroja "muy buenos indicadores de éxito" y ha defendido el desarrollo de campañas de sensibilización que se encarguen también de rebatir "juicios poco informados que se convierten en propaganda xenófoba" y generan "alarma social innecesaria", en referencia a las declaraciones de Vox.
Un "peligro" la inmigración irregular
Frente a ello, el parlamentario de Vox David Arranz ha considerado que, frente a la inmigración "ordenada", que es "buena", la irregular es un "peligro" y una "amenaza" para la convivencia, la prosperidad o la "cultura propia".
Ha asegurado que han llegado 300.000 inmigrantes ilegales desde que gobierna Pedro Sánchez, muchos de ellos repartidos por hoteles y con "pensión completa", y ha defendido la expulsión de cualquier inmigrante ilegal, incluidos menores, que cree que deben estar "con sus padres" y educándose "en su propia cultura y costumbres".
Sobre los que están en Aragón, Arranz ha opinado que deben estar "controlados" para que "no cometan los delitos que se están cometiendo". Ante las críticas del resto de partidos, ha avisado de que son el tercer partido a nivel nacional y autonómico y de que seguirán quedándose "solos" en este debate porque defienden lo que piensan "miles" de aragoneses en público y lo que piensan muchos otros en privado y no se atreven a decirlo.
La diputada de Aragón-Teruel Existe Pilar Buj ha reconocido que este es un "reto" y una "exigencia" para el Estado, las comunidades autónomas y el conjunto de la sociedad, mientras que Álvaro Sanz (IU) ha aprovechado para criticar la "permanente externalización" de políticas de competencia regional como la atención a las personas migrantes, asiladas o refugiadas. "Ya es hora de que la Administración asuma su función con medios propios", ha remachado.
PP-Vox tumban una moción sobre dependencia
Por otro lado, la mayoría parlamentaria conformada por PP y Vox ha tumbado una moción del PSOE que instaba al Gobierno de Aragón a aprobar una orden que recoja las modificaciones introducidas por el Ejecutivo central sobre la regulación de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
La diputada socialista Pilimar Zamora ha comenzado su intervención reprochando la gestión del Gobierno Azcón en los últimos meses, en la que "los datos hablan por sí solos", en referencia a la baja ejecución y las listas de espera.
Así, en el primer semestre de la legislatura, Aragón se ha colocado como la tercera comunidad autónoma con un mayor incremento en las listas de espera, aunque ha reconocido que las cifras han mejorado en el mes de febrero. "Llevamos diez años para intentar recuperar los recortes del Gobierno de Rajoy", ha criticado.
En cuanto a la iniciativa, Zamora ha señalado que es necesario que el Departamento de Bienestar Social y Familia apruebe una orden que recoja los nuevos derechos reconocidos a nivel estatal para que sean efectivos y se integren todas las mejoras en el sistema aragonés de dependencia.
No obstante, los representantes de los grupos que sustentan el Gobierno autonómico, Silvia Casas (PP) y David Arranz (Vox), han negado este hecho y, al considerar que la iniciativa "no aporta nada" y parte de una premisa que "no es cierta", han votado en contra. "Las determinaciones del Real Decreto se están aplicando en Aragón desde su aprobación el 1 de enero de 2023", ha indicado la diputada popular.
La oposición pide incluir mejoras
Isabel Lasobras, de Chunta Aragonesista, ha defendido las mejoras introducidas por el Gobierno de España, que incluyen un incremento en las cuantías económicas o el reconocimiento del servicio de teleasistencia.
Desde Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj ha alertado de que la situación de la atención a la dependencia en la Comunidad es "preocupante", con 5.445 personas sin atender y casi mil que han fallecido sin acceder a este derecho.
Además, ha criticado que "se abusa de los servicios de bajo coste" y que Aragón suspende en el Observatorio de la Dependencia, con un 4,4 sobre 10, y se sitúa en el undécimo puesto en el ranquin nacional. No obstante, ha defendido que los problemas "vienen de lejos" y ha considerado que la atención a la dependencia "no puede seguir siendo un arma arrojadiza entre bloques".
En representación del Grupo Mixto, Álvaro Sanz (IU) ha lamentado que PSOE y PP se echen de forma recurrente "los trastos a la cabeza", en lugar de "ponernos las pilas" para resolver problemas estructurales que se llevan arrastrando mucho tiempo y que pasan por garantizar los recursos económicos al sistema.
A su juicio, no se pueden dar ayudas millonarias a una empresa y, a la vez, "escatimamos" en cuestiones como la ayuda a domicilio, lo que lleva a un "asistencialismo mínimo" y a un "sálvese quien pueda".
