servicios sociales
Aragón inicia el proceso que regulará las prestaciones para la atención a la dependencia
El IASS está trabajando para regular tanto las prestaciones como los servicios de prevención de la dependencia y de promoción de la autonomía personal.
La Consejería de Bienestar Social y Familia ha iniciado la elaboración de la orden que regulará y actualizará las prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Este proyecto establecerá criterios económicos para los beneficiarios y su participación en los costes de los servicios recibidos.
La iniciativa, que comenzó el 5 de enero con la firma del documento, tiene como objetivo mejorar la accesibilidad a los servicios para los más de 6.000 aragoneses en situación de dependencia, informa el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.
Entre las medidas destacadas se encuentra el reconocimiento del derecho a la teleasistencia para toda la ciudadanía en situación de dependencia, así como la simplificación de trámites administrativos relacionados con la documentación sobre el parentesco entre la persona dependiente y su cuidador.
Además, se flexibilizarán los requisitos para recibir la prestación de cuidados en el entorno familiar (PECEF). La PECEF, que beneficia a alrededor de 20.000 personas en toda la comunidad, experimentará mejoras en sus cuantías máximas y reconocerá nuevas situaciones, como aquellas en las que un familiar cuidador cuenta con un contrato laboral para esta labor.
El IASS también recuerda que en agosto de 2023 se actualizaron las cuantías de los expedientes pendientes y se llevaron a cabo procesos de revalorización para las prestaciones vinculadas al servicio, con el objetivo de garantizar una mayor equidad en el acceso a los recursos.
Además de las mejoras en el SAAD, se ha iniciado el proceso para regular los servicios de Prevención a la Dependencia y los de Promoción de la Autonomía Personal (PAP). El primero de estos servicios tiene como objetivo prevenir o retrasar la dependencia en personas mayores y adultos jóvenes con enfermedades crónicas invalidantes, mientras que el segundo se centra en acciones para conservar la independencia de personas valoradas con grado I y II de dependencia.
El Departamento de Bienestar Social y Familia destaca la necesidad de regular estos servicios de forma detallada y con criterios de calidad comunes, dada la creciente demanda y la diversificación de los proveedores de servicios en este ámbito.
