Agricultura
El Estado y la DGA acuerdan poner fin al modelo aragonés de financiación de nuevos regadíos
El PSOE pedirá explicaciones al consejero de Agricultura por este pacto, que evita un recurso de inconstitucionalidad.
La Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón han alcanzado un acuerdo, todavía pendiente de publicación en el BOE, que pone fin al modelo de financiación de nuevos regadíos puesto en marcha en 2017 por el anterior Ejecutivo de Javier Lambán, con el objetivo, explicaron entonces sus artífices, de acelerar unas obras que los regantes llevaban esperando desde hace décadas. Este sistema, en el que las comunidades de regantes son las que hacen frente a la financiación y ejecución de las obras y en las que el Gobierno prevé ayudas de hasta el 50% de la inversión, con un techo máximo de 7.500 euros por hectárea, está incluido en la Ley de Agricultura Social y Familiar aprobada en febrero de 2021 y que ahora el Ejecutivo PP-Vox tiene intención de derogar.
El origen de este acuerdo se encuentra en el anuncio realizado por la Administración General de Estado sobre su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre la citada norma. Una oposición que no se centra en la filosofía de la ley, esto es, en la protección del modelo de agricultura familiar, sino en los aspectos referidos a la fórmula alternativa para financiar la llegada del riego a las tierras de secano en lo que se refiere a Monegros II y Bardenas II, donde los regadíos están considerados de interés general por la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario que data de 1973.
Fue en el seno de la preceptiva Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma cuando se decidió el acuerdo que establece "la modificación y revisión de la ley en dicho extremo para adecuarla a la legalidad constitucional", señalan desde el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón. "Había un problema de delimitación competencial porque la financiación de las obras extralimitaba el margen de la competencia autonómica e invadía la estatal", matizan.
Sea como sea la futura ley de agricultura familiar, esta nueva norma tendrá que respetar el acuerdo firmado y, por lo tanto, hará desaparecer una fórmula de financiación, aunque esta circunstancia no afectará a las obras actualmente en marcha con dicho modelo, aseguran desde el Departamento que lidera Ángel Samper.
"Esta situación constituye un elemento más de la cuestionable eficacia de la aplicación de la ley y una prueba adicional de lo imperioso de su revisión en su integridad ante la necesidad de adaptarla a las necesidades reales del sector y de depurar la regulación de sus numerosas contradicciones, insuficiencias y omisiones", explicaron desde la consejería de Agricultura, que insistió en la situación de inseguridad jurídica que creaba la posibilidad de que el Estado interpusiera un recurso de inconstitucionalidad.
"Lesivo para Aragón"
Muy crítico con el acuerdo, el grupo parlamentario socialista pedirá explicaciones sobre dicho acuerdo al consejero de Agricultura en el próximo pleno de las Cortes de Aragón. El PSOE considera que este acuerdo es «lesivo» para Aragón, porque además de los regadíos de Monegros y Bardenas tiene que aplicarse a todos aquellos situados en cuencas intercomunitarias. O lo que es lo mismo, a todos los de Aragón, porque la cuenca del Ebro es una cuenca intercomunitaria.
Desde el PSOE lamentan que dicho acuerdo supedita los regadíos aragoneses a la acción del Gobierno central y de la Administración General del Estado y advierten que la partida destinada a nuevos regadíos en el presupuesto de 2024 es "pura retórica" ya que no podrán gastarse si el Ministerio de Agricultura y aún más el de Transición Ecológica no dan el visto bueno.
Un sistema para "desbloquear" obras
El Consejo de Gobierno de Aragón aprobaba en junio de 2017 un "pionero marco de financiación de regadíos", explicaban entonces sus artífices, que tenía como objetivo desbloquear la paralización que estaban sufriendo las obras de transformación ante la falta de disponibilidad presupuestaria del Ministerio, órgano encargado de su realización.
Con esta nueva fórmula, han sido los regantes los que han tomado las riendas de los proyectos de transformación, decidiendo qué obras comenzar y cuándo y adelantando el dinero para su ejecución. Han contado con ayudas del Ejecutivo aragonés (se aprobó una partida de 100 millones de euros) para subvencionar hasta el 50% a pagar en un plazo de 25 años.
