Juzgan a un guardia civil para el que piden cárcel por obstrucción a la justicia
Lo acusan de intimidar a una testigo de un proceso por explotación sexual de mujeres en Caspe en el que él también está investigado.
Un guardia civil que está incurso en un proceso judicial que investiga una red de explotación sexual en Caspe fue juzgado ayer, martes, en la Audiencia de Zaragoza por intimidar, presuntamente, a una testigo protegida en la causa. La denuncia, no obstante, no la puso ella, sino su pareja, un vecino de la capital caspolina que había sido amigo del agente.
El funcionario, Alejandro R. A., ahora de baja psicológica, se enfrenta a una pena de tres años de prisión como presunto autor de un delito agravado de obstrucción a la Justicia. Su abogado defensor, Antonio Fraguas, solicita la absolución porque considera que no cometió ningún hecho delictivo, sino que solo indicó a un amigo que le había pedido consejo sobre cómo debía actuar.
Los hechos ocurrieron en mayo de 2021. La Policía Nacional y la Guardia Civil acababan de culminar la operación Cárpatos-Liberty-Luboca, que se saldó con 13 detenidos por delitos de tráfico ilegal de personas, inmigración clandestina, explotación sexual y blanqueo de capitales. Los agentes liberaron a cinco mujeres que eran prostituidas en los distintos negocios de la red: el Club Los Almendros, la pizzería Lemamax, el gimnasio fitness Cutler y el restaurante Meridiano cero.
Como parte de la trama fue detenido el investigado Alejandro R. A., de quien la Fiscalía sospecha que apoyaba las actividades delictivas y disuadía a las mujeres de denunciar su situación. En este contexto, mantuvo una conversación con un vigilante de seguridad del juzgado de Caspe para que le transmitiera a su amigo D. L., novio de una de las jóvenes explotadas lo siguiente: "D. L. es un buen chico, que se aleje de esa chica porque va hablando de más porque si no le pasará algo. Yo ya sé quién es la testigo protegida". Este vigilante declaró ayer que se sintió "coaccionado" y "presionado" por los guardias civiles que lo interrogaron para que dijeran "cosas que no eran ciertas".
Mientras, D. L. mantuvo que el acusado, en una conversación, le dijo que la Guardia Civil "no puede proteger a nadie al 100%" y que todas las mujeres testigos, menos una, se habían retirado de la causa (lo que no es cierto) porque no habían conseguido los "papeles". En otro mensaje, le conmina a que, si quiere terminar con las "habladurías" del pueblo, se deje ver con su novia en un café de Caspe a las 12.00, la misma hora en la que las testigos protegidas estaban citadas en el juzgado para declarar.
Alejandro R. A. negó las conversaciones, salvo el mensaje, del que explicó era solo un consejo que le había pedido D. L. si quería "tapar bocas" en el pueblo. El agente, que tuvo que irse con su familia de Caspe, mantuvo su inocencia en este caso y en la trama principal y dijo que solo era un cliente del gimnasio. "Me han metido en esta causa y yo no tengo nada que ver", manifestó.
Su abogado defendió que en ningún momento intimidó ni amenazó a nadie y que D. L., además, no está en ninguna causa judicial, por lo que mal ha podido obstruir la labor de la Justicia, lo que niega. Añadió que todas las testigos protegidas continúan en el proceso, con lo cual la manifestación de que solo quedaba una no es cierta.
La Fiscalía acusa a Alejandro R. A. de un delito agravado por una supuesta superioridad jerárquica del acusado sobre el denunciante, lo que el abogado rechaza.
