El Ayuntamiento de Teruel ya tiene el dinero para retirar las 6.400 toneladas de escombros a que quedó reducido el pasado 13 de junio el edificio número 21 de la calle San Francisco, que colapsó repentinamente dejando sin hogar ni recursos económicos a 21 familias. Este lunes firmó con Caja Rural el préstamo por 1,6 millones de euros necesario para financiar los trabajos, lo que permite al Consistorio disponer de los fondos.

No obstante, el desescombro del inmueble, que podría permitir a los afectados recuperar siquiera algunos objetos personales, sigue sin fecha de inicio cuatro meses después del suceso. Este lunes se dio un paso más por parte del Ayuntamiento para llevarlo a cabo, como es la aprobación de la orden para contratar la dirección de la obra. Sin embargo, falta todavía seleccionar a una empresa y que esta elabore un plan de salud y seguridad en el trabajo y abra un centro en la ciudad de Teruel antes de que las máquinas puedan entrar a trabajar.

"Hay que cumplir unos requerimientos y esto nos impide dar una fecha cierta para el comienzo de los trabajos", admitió la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, tras la Junta de Gobierno en la que se dio luz verde a la contratación de la dirección de la obra. Desde el Ayuntamiento señalan que esta última medida ha sido adoptada tras recibir el Consistorio el jueves pasado el permiso para entrar en el solar del edificio derruido por parte de los propietarios.

Por otro lado, se va a crear un grupo de trabajo del que formarán parte técnicos designados por el Ayuntamiento y por la plataforma de vecinos afectados y cuya misión será decidir en cada momento sobre cuestiones que se plantearán en el desarrollo del desescombro, según informó la alcaldesa.

"La idea fue nuestra"

El portavoz de los vecinos afectados, Javier Carbó, quiso puntualizar  que la idea de crear un grupo de trabajo mixto partió de los propietarios del edificio siniestrado. Añadió que no ha sentado bien en el colectivo vecinal que el Ayuntamiento "insinúe que no ha podido empezar antes las gestiones para hacer el desescombro por no tener el permiso de los afectados para entrar en el solar".

Según Carbó, en el mismo documento en el que los vecinos alegaban contra la orden municipal del pasado 7 de septiembre que les obligaba a ejecutar el desescombro, estos ya decían que los propietarios no pondrían "ninguna pega para que el Consistorio entrara en el solar".

"El Ayuntamiento de Teruel pudo empezar a hacer las gestiones antes, pero no lo hizo porque no estaba el dinero, tampoco el proyecto para el desescombro ni la empresa adjudicataria para llevarlo a cabo", manifestó Carbó. Tras alegar los vecinos contra la orden de ejecución para retirar los cascotes, el Consistorio hará el desescombro de forma subsidiaria y adelantará el dinero para ello, si bien luego lo repercutirá a quien resulte responsable del derrumbe.

Desde que se produjo el colapso, los vecinos han venido apoyándose en el Colegio de Arquitectos y con su ayuda han contratado los servicios de un gabinete con sede en Madrid que será el que aporte el técnico que participe en el grupo de trabajo para el desarrollo del desescombro. Los propietarios siguen lamentando que el Ayuntamiento les haya aplicado la normativa convencional para ejecutar el desescombro "en un desgraciado suceso que nos ha dejado a todos sin recursos", dice Carbó.