Cuatro meses de cárcel a un vecino de Burbáguena por apuntar con una pistola falsa a dos sanitarias

El procesado pagará 12.528 euros a la médico y la enfermera que fueron a curarle a su casa.

El acusado, en silla de ruedas, acudiendo al juicio en la Audiencia de Teruel el pasado 3 de octubre
El acusado, en silla de ruedas, acudiendo al juicio en la Audiencia de Teruel el pasado 3 de octubre
H. A.

El Juzgado de lo Penal de Teruel ha condenado a cuatro meses de cárcel a un vecino de Burbáguena, J. M. N. R., de 67 años, que el 2 de mayo de 2020, en plena pandemia de covid, apuntó con una pistola falsa –y apretó el gatillo varias veces– a la médico y la enfermera que habían acudido a su casa, a requerimiento suyo y de su hermana, para calmarle el fuerte dolor que sentía tras una grave operación.

Las profesionales sanitarias, que creyeron que el arma era real, sufrieron un proceso de estrés postraumático del que tardaron en curar 190 y 210 días respectivamente. Por ello, el investigado, que ha sido declarado responsable de un delito de atentado contra personal sanitario, deberá indemnizar a una de ellas con casi 6.000 euros y a otra con 6.577 euros. La sentencia, hecha pública este viernes, absuelve a la hermana de J. M. N. R., quien había sido acusada de mantener un comportamiento irrespetuoso con ambas sanitarias.

La condena solicitada para el procesado por las dos profesionales sanitarias, personadas como acusación particular, era mucho más elevada. Una de las perjudicadas pidió que a J. M. N. R. le fueran impuestos tres años de cárcel, mientras que la segunda solicitó seis años de prisión por los delitos de atentado y lesiones. Sin embargo, la magistrada del Juzgado de lo Penal ha estimado como eximente incompleta el alcoholismo crónico que padece el acusado, quien ha estado defendido en este proceso penal por el abogado Francisco Javier Osés. De hecho, el vecino de Burbáguena fue considerado semimputable tras el reconocimiento forense.

El fallo señala que el suceso se produjo en un clima de tensión y crispación tras surgir una discrepancia acerca de la forma en que se debería haber suministrado al paciente el analgésico. Ambos hermanos han mantenido que las sanitarias les indicaron que deberían haber hecho acopio del analgésico para seguir la pauta oral indicada por el facultativo, sin ser conscientes de las dificultades de    los dos acusados para desplazarse a la farmacia, pues el enfermo no podía andar ni conducir. En este sentido, la hermana de J. M. N. R. repetía insistentemente que había llamado a la médico y a la enfermera para que pusieran al paciente una inyección de Nolotil. En esta situación, el acusado se levantó de la silla, fue a una habitación y regresó con el revólver.

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