La falta de médicos lastra la atención en las cárceles: "La situación es mala y el futuro puede ser aún peor"

El modelo de la sanidad en los centros penitenciarios es básicamente el de la atención primaria, aunque la población a la que se trata tiene unas características muy especiales en una institución cerrada y regida por una reglamentación específica. La falta de médicos que aqueja al sistema general se replica, e incluso se agrava, en las cárceles. Tanto que, según denuncian los profesionales que trabajan en este ámbito, "la situación actual es mala y el futuro puede ser aún peor".

Desde la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria reconocen que se necesitaría casi un 70% más de facultativos para que el sistema funcionara de forma adecuada. Recuerdan que desde que en 2003 se promulgó la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la sanidad penitenciaria se debería haber transferido a cada región. Sin embargo, la realidad es que esto solo se cumple en Cataluña, País Vasco y Navarra. En el resto, como es el caso de Aragón, está bajo el paraguas del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Uno de los principales problemas pasa por la "falta de médicos", una carencia que se arrastra desde hace tiempo y que, desde la sociedad, reconocen que se sabía que iba a ocurrir, dado que ahora se están jubilando muchos de ellos: "Además, las plazas que quedan vacantes no se cubren". Bien porque la retribución económica llega a ser "en torno a un 30% menos que en el sistema de salud, tanto de sueldo como de guardias", porque "no está reconocida la carrera profesional" o porque "es un medio estigmatizado y los profesionales no conocen cómo se trabaja. No es algo atractivo".

Sea por la razón que sea, el déficit de facultativos ha provocado que la asistencia en prisión haya cambiado "por completo", dejando en un segundo plano la atención programada para dedicarse a los casos urgentes. En Zuera, la cárcel más grande de Aragón, con 1.310 internos en total, la plantilla estructural es de ocho médicos más un subdirector médico. Actualmente, solo hay un facultativo interino desde el 16 de octubre del año pasado y otro contratado por la propia prisión con un contrato por 25 horas semanales hasta junio de 2024. Para cubrir las horas en las que no hay profesional, se solicita un servicio de telemedicina, que solo está disponible de 9.00 a 15.00 y de 16.00 a 21.00 entre semana, y sábados y domingos, de 9.00 a 21.00. El personal de enfermería sí hace guardia de presencia física, y hay profesionales de esta categoría las 24 horas del día. Pero, según reconocen, los enfermeros no pueden prescribir según qué medicamentos y, "ante un caso de urgencia, en muchas ocasiones están solos". 

La relación de puestos de trabajo de enfermería es de 12 más un supervisor, y está cubierta; la de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) es de 10 y ahora hay siete plazas cubiertas. Hay también un servicio de farmacia con un profesional que lleva además los depósitos de medicamentos de Teruel y Daroca.

En el BOE del 4 de septiembre de 2021 se publicó el convenio suscrito entre Instituciones Penitenciarias y el Servicio Aragonés de Salud, por el que se facilita el acceso telemático a las historias clínicas informatizadas (solo se pueden consultar), la implementación de la telemedicina y la formación de los profesionales sanitarios.

Muchas de las atenciones que requieren consulta están más cerca del ámbito especializado, sobre todo en el terreno de las adicciones (cerca del 70% de la población consume o ha consumido drogas ilegales antes de su ingreso en prisión), la patología infecciosa asociada a la drogadicción o a la marginalidad (como el control de VIH, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis víricas o tuberculosis) y la salud mental. 

La asistencia sanitaria especializada a las personas privadas de libertad se presta por el Servicio Aragonés de Salud en hospitales y centros de especialidades con el desplazamiento de internos cuando es necesario o de algunos especialistas a los centros penitenciarios, con el fin de evitar el traslado de presos.

Gracias al convenio con el Salud acude un facultativo de medicina interna y otro de infecciosos cada dos semanas; y dos especialistas en psiquiatría, uno cada 7 días y otro cada 15. Un odontólogo contratado por el centro pasa consulta tres veces a la semana. Todo esto teniendo en cuenta que es una población de 1.310 personas con muchos problemas.

Además, se deben atender situaciones exclusivas del medio penitenciario relacionadas con los distintos grados de tratamiento y con el régimen disciplinario, como completar los informes médicos antes de cumplir una sanción, elaborar un parte de lesiones si es preciso o la valoración por parte del facultativo a todo el que ingresa en un plazo de 24 horas.

Consecuencias del déficit de facultativos

Fuentes de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria ponen de manifiesto que esta situación ha llevado a una "disminución de la calidad de la atención sanitaria", desapareciendo las consultas programadas y priorizando las urgencias.

También provoca una reducción de los diagnósticos, a pesar de que "hay personas que ingresan en el centro que nunca han tenido un contacto con la asistencia sanitaria de la calle y luego salen en libertad".

Aumentan las urgencias hospitalarias que se podrían evitar, con todo lo que eso conlleva respecto a la disminución de seguridad, traslados, incremento del gasto o de la gravedad de la patología. Además, relatan, del riesgo de intrusismo profesional. Critican, también, la falta de matrona para el único módulo de mujeres, en el que actualmente hay internas (63), o de servicio de rehabilitación.

Salud mental y adicciones

Desde la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria ponen de relieve que cada vez hay más problemas de salud mental dentro de las prisiones "y no hay capacidad para tratarlos". Los profesionales ponen el foco en las problemáticas que en la actualidad tienen los reclusos con trastornos mentales graves, como patología dual (existencia simultánea de trastorno mental y adictivo), trastornos por déficit de atención e hiperactividad, esquizofrenia, trastornos bipolares y psicóticos, entre otros, y que han aumentado en los últimos años.

En la actualidad, según se concluyó en una jornada organizada en enero en Madrid por esta sociedad, un 49,6% de los reclusos está diagnosticado por una o varias enfermedades mentales y entre 8 y 9 personas de cada 10 internas padecen a lo largo de su vida algún trastorno mental. Muchos de ellos están relacionados con las adicciones y el consumo de sustancias, que, según algunos estudios, en los últimos años han aumentado en un 29% (46% en las mujeres frente al 25% entre los hombres).

Uno de los problemas con los que se encuentran estos profesionales es la falta de un diagnóstico del trastorno mental grave en las personas imputadas por algún delito, "ya que resulta inadvertido durante la tramitación de una causa penal".  

Otro de los problemas que más preocupa a los profesionales que trabajan en la sanidad penitenciaria es la falta de hospitales psiquiátricos penitenciarios en España, ya que en la actualidad solo funcionan dos: el Hospital Psiquiátrico de Alicante, para hombres y mujeres, y el Hospital Psiquiátrico de Sevilla, solo masculino. Además, "esta dispersión geográfica favorece la cronicidad del trastorno, el deterioro y el aislamiento social, al tiempo que compromete su recuperación al medio social en un entorno óptimo".

"Los presos -subrayan desde la sociedad- tiene el mismo derecho que el resto de la población a la salud, y en este momento no se está cumpliendo".