El Justicia de Aragón apuesta por instalar cámaras en el barranco de Parque Venecia para "monitorizarlo mejor"
Su lugarteniente, Javier Hernández, se reunió con las familias del colegio María Zambrano.
El lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, apuesta por "monitorizar" con cámaras el barranco de Parque Venecia para dar una mayor tranquilidad a las familias del colegio María Zambrano, destrozado por las tormentas del pasado 6 de julio. La situación en la que ha quedado, con graves daños en suelos, paredes, equipos informáticos y mobiliario, hace que se abran “dos escenarios”. “Uno sería qué pasa en septiembre y otro, qué ocurrirá con el centro a medio o largo plazo”, ha explicado Hernández tras reunirse con la asociación de madres y padres.
El Justiciazgo ha recibido una treintena de quejas sobre este tema desde el pasado lunes, motivo por el que ha solicitado tanto al Ayuntamiento de Zaragoza como al Gobierno de Aragón y al colegio de geólogos toda la información sobre el caso. Para Hernández, una de las prioridades es “tener controlado el barranco”. “Ya tenemos una serie de alarmas de prevención por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) con las famosas alertas roja y naranja. La idea sería reforzar la seguridad incluso con cámaras conectadas a los servicios pertinentes, que podrían ser los Bomberos, para que en un momento dado, ante la menor incidencia o el menor riesgo, tomásemos medidas preventivas. Más vale desalojar el centro, aunque no haya necesidad, que no tener que lamentar víctimas porque no se han tomado las medidas apropiadas”, ha subrayado.
Sobre el cambio de ubicación, el lugarteniente ha remarcado que tendrán que ser los técnicos quienes arrojen luz. “Es evidente que en estos momentos tenemos un gobierno en funciones, pero las que no están en funciones son las administraciones, que tienen que seguir funcionando”, ha agregado, al tiempo que ha subrayado la importancia de ver los informes que se redactaron en su día en relación a las situaciones de riesgo.
El principal problema es que trasladar el centro a otra ubicación obligaría a abrir una licitación que llevaría a las familias a un horizonte mínimo de “tres o más años”. “Pero si esa es la decisión definitiva, será la que habrá que adoptar”, ha razonado.
Entre tanto, no sería descartable reubicar temporalmente a los alumnos en otros colegios de la zona. “En un radio de un kilómetro o kilómetro y medio hay plazas, aunque sería una labor complicada. Estamos en el momento en el que estamos, a mitad de julio y con el inicio de curso en septiembre”, ha comentado. Los propios padres le han trasladado otra: recurrir de nuevo a los barracones. “En su día fueron objeto de queja ante el Justicia por su uso reiterado durante mucho tiempo, pero ahora podrían ser una solución paliativa”, ha reconocido.
Según ha dicho, la labor del Justicia no se va a limitar en esta ocasión a supervisar a las administraciones. “Queremos ir un paso más allá y que el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, la CHE y la Aemet actúen de forma coordinada. Que hablen entre ellas y que las soluciones que se adopten sean de común acuerdo”, ha resaltado.
