Un presunto amigo me ha regalado el libro ‘Tierra firme’ de Pedro Sánchez, la segunda autobiografía no escrita por su autor. Supongo que me habré portado mal y, como el carbón contamina, ha preferido castigarme con esta obra de política ficción.

El libro está repleto de estadísticas, de datos, que suelen ser la justificación del mal estadista. Pero ponen de manifiesto algo que subyace en muchos capítulos del libro: parece escrito como despedida de la política activa. Sánchez habría asumido hace tiempo su salida de la Moncloa. Es más, la Historia hubiera sido benévola con él. Disipado el ruido ensordecedor de la contienda diaria, hubiera quedado como un líder que vivió una coyuntura compleja, pandemia y guerra en Ucrania incluidas, permitiendo la alternancia en el poder.

Los diabólicos resultados del 23-J han desconcertado a todos. Sánchez, un adicto al fentanilo del poder, ha visto la ocasión de perpetuarse en la presidencia del Gobierno y, para ello, se ha rodeado de unos socios que, en el fondo, lo detestan y lo arrastrarán por el lodo de la humillación y la ignominia. Allá él. Lo triste es que le van a obligar a devastar el sistema constitucional y el Estado de derecho.

Ya no es sólo el ataque sin precedentes a la separación de poderes; la soberanía nacional, de la que habla el artículo 1.2 de la Constitución, va a ser sustituida por una especie de soberanía popular o, mejor dicho, soberanía de los pueblos. El legislativo, ese poder constituido que ha de respetar la Constitución, se va a erigir en poder constituyente de facto y puede terminar protagonizando derivas semejantes a las de la Convención Nacional que asumió todos los poderes del Estado al inicio de la Primera República Francesa.

Sorprende la referencia al ‘lawfare’, término anglosajón destinado, como tantos otros, a generar tensiones en los países de habla hispana. En nuestro país, cuando los jueces han prevaricado han sido condenados por las instancias judiciales competentes. Fue el caso de Baltasar Garzón, cuya sentencia condenatoria fue dictada por unanimidad por los magistrados que integraban la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El magistrado, penalmente inhabilitado, había ordenado de manera indiscriminada la intervención de las conversaciones entre los internos sometidos a prisión provisional y sus letrados defensores. El asunto tenía un importante calado político.

Ahora se ha hecho evidente lo que algunos veníamos denunciando periódicamente, por lo que se nos acusaba de exagerados. En nuestro país se ha impuesto la tiranía de las minorías, que muestran un total desprecio a la mayoría social, lingüística y política. Pedro Sánchez arrastrará al partido más antiguo de España al pozo séptico de la Historia. Bien es verdad que el futuro del PSOE es irrelevante, lo que nos preocupa es el futuro de nuestro Estado de derecho. Y, una vez más, cabe recordar que nadie puede invocar su origen democrático para vulnerar la Constitución o una ley. Si está en desacuerdo con ellas, debe articular los procedimientos existentes para su reforma o modificación.

Sin embargo, Sánchez encuentra su socio más fiable a la derecha del arco parlamentario. En efecto, sin necesidad de verificadores internacionales, sin la incertidumbre que generan los próximos comicios autonómicos en el País Vasco, sin las dificultades que provocan los dividendos de Sumar, Sánchez halla su principal respaldo en los espejos deformantes del callejón del Gato en que se ha convertido Vox. Ora organizando actos esperpénticos, ora convocando manifestaciones ante las sedes, ora realizando declaraciones impresentables, ora prohibiendo actos culturales, ora iniciando la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón precisamente un 20-N, los de Abascal acaban siempre dando oxígeno al Gobierno. El enemigo, al contrario que el amigo, nunca te falla.

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