terrorismo
Primer embargo de sueldo a una electa de Bildu condenada por terrorismo
Miren Carrera, concejal hasta el año pasado, no había pagado la responsabilidad civil por cuatro atentados, entre ellos dos asesinatos.
Primera victoria judicial de las víctimas del terrorismo en su cruzada para conseguir que la Audiencia Nacional reactive las requisitorias económicas contra los penados de ETA que todavía no han satisfecho las responsabilidades civiles de sus condenas.
El pasado 15 de diciembre, dicho tribunal ordenó el embargo de la "parte legal" de su sueldo y otros "emolumentos" de la exetarra Miren Aranzazu Carrera Carrera, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.
Esta exmilitante de la banda terrorista es uno de los 89 exetarras incluidos por EH Bildu en sus listas a las diferentes elecciones desde la creación de la formación abertzale en 2011, entonces solo como Bildu. Y es, además, una de los activistas con delitos más graves, puesto que tiene hasta cuatro condenas diferentes con dinero de por medio, entre otras, por dos asesinatos, un secuestro y otra más por estragos. Todas ellas fechadas entre 1983 y 1985.
La Audiencia Nacional ha ordenado bloquear parte del sueldo de Carrera, concejal de Amezketa (Guipúzcoa) hasta el pasado 2023, después de que el tribunal abriera una investigación sobre su solvencia real económica a instancias del colectivo de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), que preside Daniel Portero, hijo del fiscal andaluz asesinado por ETA. Las indagaciones de los funcionarios de Justicia revelaron que Carrera, tras haber cobrado dinero público como edil de Educación y Medio ambiente en Amezketa desde 2019 hasta 2023 sin que el Estado le reclamara su responsabilidad, ahora trabaja en una muy conocida empresa de catering a nivel nacional.
Carrera fue condenada por la Audiencia Nacional en marzo de 1983 a diez años de prisión por el encubrimiento de los asesinatos de Enrique Cuesta, delegado provincial de la Compañía Telefónica Nacional de España en Guipúzcoa, y de su escolta, el policía nacional Antonio Gómez García, También fue condenada a 12 años por el crimen de José María Latiegui, director de la empresa Moulinex, el 14 de abril de 1981.
El pasado junio Dignidad y Justicia ya denunció ante la Audiencia Nacional que al menos cinco exetarras electos de EH Bildu, entre los que se encontraba la propia Carrera, no habían satisfecho la responsabilidad civil de sus condenas. Además de Carrera, la denuncia de DyJ iba dirigida contra Juan Carlos Arriaga Martínez, candidato en Berrioplano (Navarra) y condenado en 1989 como cooperador necesario de un delito de asesinato; José Ángel Viguri Camino, candidato en Salvatierra (Álava) y condenado por atentado en 1992; Gorka Betolaza Villagrasa, candidato en Barrundia (Álava) y condenado en 2010 por transporte de sustancias explosivas y daños; e Iker Isiegas Garisoain (Navarra), candidato en Basaburua y condenado por tenencia de explosivos en 2005.
Último capítulo
El dictamen de embargo contra Carrera es solo el último episodio de la ofensiva de Dignidad y Justicia contra los electos de Bildu con pasado en la banda terrorista. La organización de víctimas ya consiguió que la Junta Electoral anulara el pasado mayo la candidatura de exetarra Sara Majarenas a la localidad guipuzcoana de Astigarraga al descubrir que seguía inhabilitada, luego logró que el partido independentista retirara de sus listas a otros siete condenados por delitos de sangre que iban en las listas de las elecciones municipales de mayo de 2023.
En esa línea, el pasado diciembre, DyJ remitió un burofax a la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo en el que exigió al Ministerio del Interior que activara todos sus mecanismos para repasar de manera seria y sobre todo rigurosa los listados de responsabilidades civiles pendientes de satisfacer aún por parte de los condenados por terrorismo.
