Investigan a ocho empresas por el tráfico ilegal de 5.700 toneladas de residuos plásticos

La operación 'Plásticos', a cargo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha llevado a cabo 141 inspecciones a gestoras de estos desechos en España

El teniente del Seprona, Sergio Moraleda, realiza declaraciones a la prensa.
El teniente del Seprona, Sergio Moraleda, declara ante los medios en relación a la operación 'Plásticos'
Javier Lizon

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha investigado a ocho empresas por el supuesto tráfico ilegal de residuos plásticos, dentro de una operación coordinada por Europol en la que se han llevado a cabo 141 inspecciones a gestoras de estos desechos en España.

Las empresas investigadas estaban ubicadas en distintas provincias, entre ellas León, Barcelona, Palencia, Jaén y Alicante.

De esta operación 'Plásticos', en la que también han participado otros países, ha dado cuenta el teniente del Seprona Héctor Santed, en un encuentro con la prensa para mostrar el trabajo que esta unidad desarrolla para prevenir y perseguir los delitos medioambientales.

Santed ha explicado cómo ha variado este tráfico ilegal desde que en 2018 China decidiera prohibir y, en suma cerrar, la importación de estos residuos.

Porque antes, China aprovechaba los contenedores en los que traía a España y Europa productos plásticos para retornarlos con residuos de esa naturaleza, con lo que el coste de importación le salía más barato.

Tras esa prohibición, el tráfico se desvió a países como Malasia o Vietnam, que también impusieron restricciones.

Acostumbradas a llevarlos a esas zonas, algunas empresas de tratamiento en España no habían previsto la capacidad suficiente para asumir los residuos, por lo que se desprenden de ellos de forma ilegal, los meten en contenedores y los llevan hasta países del sudeste asiático después de declararlos como materia prima.

Tampoco descartan los investigadores que algunos incendios desatados en plantas de tratamiento hayan podido ser intencionados para deshacerse de los plásticos.

El tráfico ilegal genera beneficios a las empresas, que al no tratar los residuos, se embolsan los céntimos que el ciudadano paga cuando adquiere una botella de agua, por ejemplo, para que se gestionen y no perjudiquen al medio ambiente.

La Guardia Civil ha descubierto verdaderas organizaciones criminales dedicadas a esta actividad ilícita, en las que se integran intermediarios de los países de destino para la compra de los plásticos a las empresas, a quienes les sale más barato venderlos que gestionarlos.

Lo peor, ha dicho el teniente, es que acaban en vertidos o quemados, con el consiguiente daño medioambiental.

Ocho investigados

Durante las inspecciones, llevadas a cabo entre 2021 y 2022, la Guardia Civil identificó en la provincia de León a una empresa que estaría almacenando clandestinamente gran cantidad de residuos plásticos procedentes de otras comunidades autónomas con la finalidad de, eventualmente, abandonarlos o prenderles fuego.

Mientras, en el puerto de Barcelona fueron intervenidas 40 toneladas de residuos plásticos y se está investigando a una empresa y a sus dos responsables por el traslado ilícito de 43 toneladas.

Otra empresa también ubicada en Barcelona habría trasladado a Francia 222 toneladas de material declarado como plástico, cuando en realidad se trataba de residuos plásticos.

En Palencia se ha investigado una empresa que se estaría dedicando a la gestión y traslado irregular tanto de residuos plásticos como de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, sin contar con ningún tipo de autorización ni mecanismo de control.

Otra empresa investigada en la provincia de Jaén, se dedicaba a extraer residuos plásticos de vehículos al final de su vida útil para, posteriormente, enviarlos de forma ilícita camuflados como materia prima.

Según el Seprona, habría enviado 900 toneladas a Tailandia, 98 a Hong-Kong, 312 a Malasia y 2.302 a Marruecos. Se ha investigado a dos personas por estos hechos.

En la provincia de Alicante se ha investigado a otra empresa que, sin tener licencia de actividad, se dedicaba a la gestión y almacenamiento ilegal de residuos, entre ellos plásticos, para su posterior exportación ilegal.

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