Los sindicatos mayoritarios del sector, UGT-FICA y la Federación de Industria de CCOO, expresaron este jueves su rechazo “rotundo y absoluto” al “plan de cierre” de la minería del carbón para el próximo 31 de diciembre que les ha presentado en Madrid el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera.

El documento que pretende acordar el Gobierno con los agentes sociales, sindicatos y empresarios del sector, llamado ‘Acuerdo de Medidas Excepcionales Para una Transición Justa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras’ aboca, según los representantes de los trabajadores, “al cierre total de las minas españolas a fin de año y eso es algo que no vamos a permitir. Si quieren cerrar, que cierren ellos, no con nuestra ayuda”, explicaron tras la reunión que mantuvieron por espacio de más de tres horas con técnicos de la secretaría de estado de energía y del gabinete de la ministra el secretario de minería de UGT-FICA, Víctor Fernández, y el secretario de industrias extractivas de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, Jesús Crespo. Incluso, los dirigentes sindicales amenazaron con movilizaciones si el Gobierno no modifica sus pretensiones. “Si siguen por este caminos nos encontraremos en la calle”, aseguró Víctor Fernández.

En el caso de Aragón, que actualmente produce 1,7 millones de toneladas de carbón anuales, dos terceras partas de todo el que se extrae en España, los responsables de minería de UGT y CCOO en la región, Francisco Montull y Antonio Montoyo, calificaron las intenciones del gabinete de Pedro Sánchez como “un desastre” y aseguraron que “cierra la puerta totalmente” a la posible continuidad de la actividad minera en Teruel, donde la empresa SAMCA, que extrae en su explotación a cielo abierto de Ariño (Teruel) el 90% de todo el mineral aragonés y donde trabajan cerca de 500 personas, parece dispuesta a seguir con su actividad a partir del 1 de enero de 2019.

Y es que SAMCA, que ya extrae carbón de manera rentable y sin ayudas desde hace algunos años, y si no quiere echar el cierre el próximo 31 de diciembre, deberá de devolver, como marca la decisión 787 de la UE, “que no ha querido entrar a negociar con Bruselas este gobierno”, todas las ayudas públicas recibidas desde el año 2010, unos 7 millones de euros.

Además, el anunciado cierre de la térmica de Endesa en Andorra para el año 2020, “y que tampoco quiere hacer nada para revertir el gobierno español” deja al carbón aragonés sin ‘cliente’ que lo queme en sus calderas.

Es más, Endesa ya ha comunicado a SAMCA que desde mediados del 2019 hasta su cierre en el 2020 no necesitaría más mineral porque tendría suficiente con las 300.000 toneladas que mantienen como stock en su parque de carbones. “Un callejón sin salida al que nos aboca la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica”, afirmaba a las puertas del ministerio Antonio Montoyo, “porque además, si SAMCA siguiera extrayendo carbón, los trabajadores no podrían acogerse en un futuro al plan de prejubilación es y bajas incentivadas”.

En los planes del Ministerio para la transición Ecológica plasmados en su propuesta, se fija el 31 de diciembre de 2018 como fecha de cierre de la minería española, donde actualmente trabajan unas 1.600 personas. E

El documento del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera, firme defensora de la descarbonización de la economía y contraria a la continuidad de la minería, como explicó sin ir más lejos el pasado martes en unas jornadas del Club de la Energía, cierra la puerta a las negociaciones con la UE para tratar de revertir la decisión de 2010 y establece pues la obligación de la devolución de las ayudas para mantener la actividad de las empresas mineras.

Eso sí, el Gobierno dice ser consciente del “alto nivel" de dependencia económica de la industria minera del carbón en áreas como Aragón, León y Asturias, por lo que considera “urgente y esencial paliar la repercusión inminente del cierre de aquellas minas no competitivas”..

En cuanto a las ayudas sociales, el Gobierno prevé, bajas indemnizadas voluntarias a las que podrán acogerse aquellos trabajadores cuyos contratos se extingan con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y en un máximo de 36 meses siempre que acumulen una antigüedad de al menos tres años en el Régimen Especial de la Minería del Carbón y sean trabajadores de la plantilla con anterioridad al 2013. Estos trabajadores percibirán una cantidad fija común de 10.000 euros así como 35 días por año trabajado con un máximo de 30 mensualidades. El pago se incrementará en 26.000 euros en el caso de los trabajadores silicóticos de primer grado.

La segunda línea de ayudas que establece son las prejubilaciones y se podrán acoger aquellos que tengan 50 o más años, al menos tres años de antigüedad en la empresa y un mínimo de nueve años cotizados en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. La extinción de sus contratos además deberá llevarse a efecto antes del 31 de diciembre del actual ejercicio.

Un plan “trampa” para los sindicatos porque deja fuera a “muchos trabajadores del sector. “¿Si hasta ahora ha habido un plan social que ha funcionado bien, porqué quieren cambiarlo?”, se preguntaba Víctor Fernández de UGT-FICA. “No lo vamos a consentir”, sentenció. Los representantes de los trabajadores se remitieron, para seguir negociando, al documento que el pasado mes de julio entregaron en el Ministerio y que pasaba por evaluar el Plan 2013-2018; mantener una cuota de carbón nacional en el mix energético y el funcionamiento de las centrales térmicas; que las empresas que desearan continuar con su extracción de carbón no tuvieran que recibir las ayudas recibidas desde 2010 y un plan social y de reindustrialización similar a los que existían hasta ahora.

Desde el Ministerio –al que los sindicatos se quejaron amargamente porque “no conocemos ni a la ministra ni al secretario de estado de energía, que no se dignan en aparecer por las reuniones”- se argumenta que la decisión del cierre les ha llegado “sobrevenida” por el acuerdo de todos los países de la UE en el 2010 y que hasta ahora “ningún ejecutivo” ha hecho nada por revertirlo por lo que, a dos meses y medio de la fecha marcada hay que aplicarlo, eso sí, “buscando una transición justa para las regiones mineras, sus habitantes y los trabajadores del carbón”. En el Ministerio de Transición Ecológica se asegura además que “no nos consta” que haya empresas mineras que quieran seguir a partir del uno de enero de 2019. Quizás este mismo viernes se lo puedan aclarar los mismos empresarios, ya que hay una reunión prevista con la patronal del sector, CARBUNIÓN. Ministerio y sindicatos volverán a verse las caras el próximo viernes 21 de septiembre, ya que ambas partes fijaron una nueva reunión negociadora para esa fecha.