El Obispado y el Consorcio del Museo de Lérida han presentado este martes alegaciones contra la demanda del Obispado de Barbastro-Monzón que reclama 111 bienes artísticos de las parroquias de la Franja aragonesa y que, hasta el 1995, estaban adscritas a la Diócesis de Lérida.

Según el director del Museo de Lérida, Josep Giralt, la reclamación aragonesa es "infundada y tanto el Obispado como el Museo defienden que este patrimonio artístico se integró de manera legítima dentro de la colección del Museo Diocesano de Lérida".

En este sentido, Giralt ha añadido que "las adquisiciones de estos bienes constan acreditadas en documentos conservados en los archivos diocesanos".

Por su parte, el obispo de Lérida, Salvador Giménez, ha manifestado que desde el Obispado han hecho llegar hasta los juzgados de Barbastro una serie de alegaciones referentes a una parte histórica, documental y explicativa de los hechos.

El Obispado de Barbastro-Monzón argumenta que los bienes se incorporaron en el Museo Diocesano de Lérida en concepto de depósito.

No obstante, Giralt asegura que tan solo 28 están en depósito y que, de todas formas, no se pueden devolver las piezas porque la Ley de Patrimonio Cultural Catalán no permite disgregar un conjunto de bienes artísticos protegidos, "como es nuestro caso".

"Cualquier decisión de un tribunal civil que ordenara la devolución de las obras invadiría las competencias en materia de protección de patrimonio cultural de la Generalitat de Cataluña", ha aseverado desde el Museo de Lleida.

Asimismo, el director del Museo ha recordado que existen dos sentencias del 2010 emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en las que nombran al Consorcio como proveedor y encargado de la unidad y protección de la colección.

En este punto, Giralt ha recalcado: "desde el Consorcio no defendemos ser propietarios de las obras, sino proveedores".

La demanda del juzgado de Barbastro llegó al Museo de Lérida el pasado 27 de febrero y no fue hasta la semana pasada, tras una reunión mantenida con el Consorcio, cuando se decidió presentar, igual que el Obispado de Lleida, las alegaciones pertinentes.