Por coherencia y ante la necesidad de "proteger a la sociedad de delincuentes excepcionalmente peligrosos" mientras no "esté acreditado" que no volverán a delinquir, el Gobierno quiere ampliar de ocho a once el número de delitos penados con la prisión permanente revisable. Una figura penal que entró en vigor en la reforma del Código Penal en 2015 y que Mariano Rajoy quiere extender a todos los casos en los que no sólo se causa un daño irreparable, sino que provoca un sufrimiento añadido a los familiares de la víctima.

El presidente del Gobierno encabeza la ofensiva del PP para mantener la prisión permanente mientras la oposición trabaja para derogarla en el Congreso. Rajoy consideró en un acto de su partido en Córdoba que el hecho de que el 80% de los españoles la apoye es un argumento irrebatible para justificar su mantenimiento y ampliación.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, también presente en Córdoba, anunció que el decreto ley con los nuevos supuestos será aprobado por el Consejo de Ministros el próximo viernes. Explicó que se aplicará la prisión permamente revisable para los asesinos que intenten ocultar el cadáver de una persona o no colaboren en su hallazgo, como ocurrió con Marta del Castillo en Sevilla, cuyo padre estuvo en el acto, o con o con Diana Quer en A Coruña; cuando se perpetre un secuestro que acabe en asesinato, es el caso de José Bretón que se llevó y asesinó a sus dos hijos Ruth y José en Córdoba; para los pirómanos que provoquen incendios a sabiendas de que se pone en peligro la vida de personas; y a aquellos que empleen determinados elementos químicos o nucleares.

"No es una cadena perpetua sino una pena proporcional a la gravedad de los crímenes que castiga", justificó Rajoy, quien, no obstanye, entendió que haya quien esté en desacuerdo. "Pero la mayoría de los españoles saben que lo que sí es permanente es el dolor de un padre o una madre de un menor asesinado. Ese dolor, por desgracia no es revisable". El presidente del Gobierno abundó en que la sociedad demandaba "una respuesta adecuada" tras años de terrorismo o crímenes contra las víctimas más inocentes que han generado una enorme alarma social. Se refería a la recogida de firmas para evitar la derogación de la ley que impulsan precisamente padres de víctimas como Juan Antonio Quer, Antonio del Castillo o Juan Antonio Cortés y que ya ha recogido más de dos milones de firmas. Una campaña a la que animó a sus militantes a respaldar con sus rúbricas para ayudar a esos progenitores a "conseguir su objetivo, que es el de todos".

El PP es el único partido que defiende en estos momentos la prisión permanente revisable, una medida que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por la oposición al considerarla contraria al objetivo de reinserción que establece la Constitución. "Este es uno de esos casos en los que la demanda social y la oferta política divergen", apostilló. Los populares insisten en que cuenta con "todos los avales jurídicos", arguyen que ya funciona en el resto de democracias europeas y que arrastra un amplio respaldo popular "con independencia de la ideología de cada uno". Pero la derogación, impulsada por el PNV en el Congreso con el apoyo de todas las fuerzas de la oposición y la abstención de Ciudadanos, se ha convertido en el principal ariete de los de Rajoy contra la formación de Albert Rivera, crecida en todas las encuestas y que amenaza la hegemonía conservadora del PP.

Cs, un partido de "aficionados"

"Es un partido que se caracteriza por la revisión permanente de sus principios", ironizó el líder del PP, aludiendo a que primero pactó su derogación con el PSOE y luego se abstuvo en la propuesta de los nacionalistas vascos, con lo que ayudó a que su posible derogación esté en trámite en el Congreso.

Ciudadanos ha presentado una enmienda a la totalidad a la iniciativa del PNV para endurecer el acceso al tercer grado y a los beneficios penitenciarios para los criminales más abyectos. Se trata, reiteran desde la formación naranja, de centrarse en el "cumplimiento efectivo de las penas" el problema principal que aqueja, bajo su punto de vista, al sistema penal. Desde el Ejecutivo muestran serias dudas sobre estas medidas asegurando que podrían ser "inconstitucionales".

"No tienen ni ideas claras ni principios firmes, y eso es algo que puede tener consecuencias peligrosas para los españoles", advirtió Rajoy. Por el contrario, dijo, el PP es el "partido original del centroderecha, no un grupo de originalidades ni de nuevos o aficionados".