El 71,6% de los aragoneses apoyan mantener la prisión permanente revisable

El caso Diana Quer, joven madrileña asesinada en agosto de 2016 cuyo cadáver fue hallado el pasado 31 de diciembre en una nave industrial abandonada, ha reabierto el debate sobre el funcionamiento de la Justicia española en este tipo de casos. El padre de Diana -junto a las familias de Marta del Castillo, Mari Luz Cortés, Ruth y José (hijos de José Bretón) y Candela y Amaia (niñas de nueve y cuatro años asesinadas por su progenitor)- ha puesto en marcha una iniciativa para pedir al Congreso de los Diputados que no se derogue la prisión permanente revisable, pena que fue aprobada en enero de 2015 con el único apoyo del PP y que la oposición tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional.

“Ajenos a cualquier ideología política, nos hemos unido en esta gran lucha con la esperanza de evitar que se vulneren los derechos más elementales del ser humano y que otras personas tengan que vivir nuestro calvario.  Por eso, hoy más que nunca, necesitamos tu firma en esta petición”, señalaban los impulsores de la campaña en un comunicado, y advertían que “países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, Austria o Suiza también disponen de una pena similar a la que ahora quieren eliminar en nuestro país”.

Este domingo la petición de Juan Carlos Quer había alcanzado los dos millones de firmas en Change.org, batiendo récords en la plataforma. Sin embargo, esta contundente respuesta ciudadana choca con el pensamiento de quienes entienden que la prisión permanente revisable no cumple los principios constitucionales de “reinserción social” y “reeducación” de los delincuentes.

Según una encuesta elaborada por la consultora A+M para HERALDO, en Aragón un 71,6% de la población es partidaria de mantener este tipo de condena. Por contra, solo el 24,5% de los consultados abogan por suprimirla. Y es que son pocos los aragoneses (28,6% de los preguntados) que creen que las penas que establece el Código Penal para los delitos son “más bien duras”. De hecho, únicamente el 30,7% indican que se castiga “suficientemente” a quienes vulneran la ley.

Los participantes en el sondeo consideran que el Gobierno es el principal responsable de que no se castigue como es debido a los delincuentes. En el extremo opuesto, con buena reputación, se sitúa la labor de policías, fiscales y abogados.

Poca independencia

Respecto a la independencia de la Justicia de los poderes políticos, el 30,5% de los aragoneses señalan que esta administración no es “nada independiente”, el 37% que es “poco independiente”, el 20,3% que es “bastante independiente” y el 6,4% “totalmente independiente”.

Así, los aragoneses encuestados por la consultora A+M, que en su mayoría reconocen que entienden “poco” o “nada” la terminología jurídica y las sentencias, valoran con un 4,68 sobre 10 su grado de confianza en la Justicia del país.