Cita con las urnas en El Salvador: Más un plebiscito que unas verdaderas elecciones

Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas van camino de arrasar en las elecciones presidenciales y legislativas que se celebran este domingo en El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica y, de paso, provocar un terremoto político en los partidos de oposición que podría provocar la desaparición de algunas formaciones.

Las encuestas pronostican una victoria superior al 80% de los votos y la suma de sus contrincantes apenas llegan a un 12%. La propia ley de partidos establece que la inscripción de un partido político puede ser anulada si no obtiene 50.000 votos válidos emitidos en las elecciones legislativas o, al menos, un diputado.

En las legislativas el partido de Bukele, según las encuestas, barrería quedándose con 57 de los 60 escaños. La reducción del número de diputados de 84 a 60 beneficia claramente a la formación gubernamental y puede impedir que varios partidos opositores tengan representación parlamentaria.

Las elecciones de este domingo son, en realidad, más un plebiscito que una verdadera contienda electoral basada en las reglas democráticas. De hecho, Bukele nunca se hubiera podido presentar a una reelección, prohibida tajantemente por la Constitución salvadoreña, sino fuera por el control que ejerce su partido en la mayoría de las instituciones del Estado, incluido el Tribunal Supremo Electoral, que en noviembre admitió la candidatura del presidente.

Gervasio Sánchez

Con la intención de maquillar su desplante constitucional, Bukele pidió a finales de diciembre una excedencia o licencia de seis meses como presidente a la Asamblea Legislativa, que fue aprobada por el rodillo partidista, y nombró como su sustituta entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de mayo de 2024 a Claudia Juana Rodríguez de Guevara, una de sus colaboradoras más estrechas, y la primera mujer que ocupa la presidencia de El Salvador en toda su historia.

Algunos analistas, que consideran las elecciones de hoy como un mero trámite para consolidar un poder aún mayor de Bukele, han mostrado su preocupación ante la posibilidad de que el país camine hacia un régimen de partido único o hegemónico.

Ante la alta popularidad de Bukele, al que la inmensa mayoría de los salvadoreños agradece la mano dura para poner fin a la violencia generalizada ejercida por las maras, pandillas criminales que se hicieron fuertes tras la guerra civil de 12 años finalizada al principio de 1992, la oposición no ha sido capaz de formar un candidatura común ni tampoco ha conseguido capitalizar el descontento de algunos sectores por las permanentes violaciones de los derechos humanos desde que se decretó hace casi dos años el Régimen de Excepción, ni tampoco el verdadero talón de Aquiles del gobierno actual: el estancamiento económico que agudiza una crisis muy profunda, el encarecimiento de los productos de primera necesidad y la congelación de los salarios.

Gervasio Sánchez

“Bukele dice que está al lado de los pobres, pero al mismo tiempo sus policías persiguen a los vendedores ambulantes que no tienen otra forma de ganarse la vida”, explica una vendedora en el Mercado Central. Otra vendedora es aún más crítica: “Hacen promesas que nunca cumplen y desprotegen a los más humildes”.

Antes de la llegada al poder de Bukele en 2019, hubo tres décadas de gobiernos bipartidistas de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de extrema derecha, y del izquierdista Farabundo Marti para la Liberación Nacional, la ex guerrilla que combatió al estado en los años ochenta. La casi totalidad de los ex presidentes han tenido graves problemas con la justicia y algunos permanecen en paradero desconocido o exiliados en otros países para evitar ser juzgados y encarcelados.

Uno de ellos, el ex presidente Alfredo Cristiani, por su procesamiento por su presunta participación en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras perpetrado por un comando del ejército en 1989. El resto, dos ex presidentes de ARENA y otros dos del FMLN, arrastran causas por lavado de dinero y hurtos de caudales del erario público por valor de centenares de millones de dólares estadounidenses, la moneda oficial de El Salvador.

La inmensa mayoría de los salvadoreños recuerdan esas décadas de corrupción con gran desasosiego ya que coincidieron con la época más violenta, incluso con cifras de muertos más elevadas en algunos años que durante la guerra civil, que mató a 75.000 salvadoreños y provocó el éxodo de un millón.

Bukele, que fue alcalde de la capital bajo la bandera del FMLN, partido del que fue expulsado en 2017, consiguió derrotar el bipartidismo por mayoría absoluta en los comicios presidenciales de 2019.

Algunas asociaciones intentaron convencer al resto de partidos de que formasen una plataforma electoral unida contra Bukele, única forma de conseguir arañarle votos y evitar una derrota abultada en las elecciones de hoy. Pero los derechistas de Arena y los izquierdistas del FMLN rechazaron esa posibilidad por diferencias ideológicas históricas entre ambas fuerzas políticas.

A la oposición solo le queda esperar que el 15% de ciudadanos que aseguran las encuestas que se va a abstener y el 6% dispuesto a anular su voto cambien de opinión y apoyen a algunas de las fuerzas contrarias a Bukele. También confía en que algunas personas hayan escondido su verdadero voto a los encuestadores.

Las críticas de ARENA y FMLN, los dos partidos opositores mayoritarios, al uso por parte del gobierno de Bukele de recursos públicos con fines propagandísticos, han caído en saco roto ante la opinión pública salvadoreña, muy decepcionada por los años de corrupción de los gobernantes de ambas formaciones.

Organizaciones prestigiosas de derechos humanos como Human Rights Watch han acusado a Bukele de “desmantelar las instituciones democráticas”, sustituyendo al fiscal general y a todos los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, y de “socavar el sistema de frenos y contrapesos democráticos”. También lo han acusado de “hostigamiento y procesos penales arbitrarios contra periodistas y organizaciones de la sociedad civil y de mantener las severas restricciones al acceso al aborto”.