La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin al programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) ya se enfrenta a su primera demanda judicial, tan sólo un día después del anuncio efectuado por el mandatario.

Una coalición de 16 procuradores demócratas, compañías privadas y grupos sin ánimo de lucro, han anunciado el miércoles que se opondrán a la reversión del programa que protege a 800.000 jóvenes latinos que entraron en Estados Unidos ilegalmente siendo niños y conocidos como 'dreamers'

Además, ya se han notificado más demandas adicionales, como la comunicada por el procurador general de California, Xavier Becerra. Empresas como Microsoft, Amazon o Starbucks se han comprometido a costear los gastos legales de sus empleados que sean susceptibles de ser deportados y se espera que presenten escritos de apoyo a las demandas.

La primera acción jurídica contra el fin del DACA se ha presentado en el Tribunal Federal del Distrito de Brooklyn alegando que la decisión de Trump ha estado impulsada por el ánimo racial contra los mexicanos y latinos y que su Gobierno no siguió las reglas federales que rigen la política ejecutiva.

Este último desafío legal que se le planeta a la Administración Trump está dirigido por los Fiscales Generales de Nueva York, Eric Schneiderman y Maura Healy y por Bob Ferguson de Washington.

El fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció el martes que Trump eliminará el DACA dando al Congreso seis meses para encontrar una solución. Un grupo de abogados republicanos había amenazado con demandar a la administración si no se ponía fin al programa.

Sin embargo, para Schneiderman, los razonamientos ofrecidos para terminar con el DACA "no tienen ningún sentido" y ha asegurado que el presidente ha utilizado la amenaza de posibles demandas como un "pretexto" que ocultaba sus verdaderos motivos, impulsados por un sesgo racial contra los inmigrantes latinos, según recoge el rotativo 'The New York Times'.

Scheneiderman ha destacado que su preocupación más inmediata es proteger la información que los 'dreamers' habían suministrado al Gobierno mientras solicitaban acogerse al DACA, como huellas dactilares o direcciones.

Sin embargo, funcionarios de Inmigración ya han asegurado que no se utilizaría la información facilitada por los inmigrantes tras la expiración del DACA en marzo, aunque sí estará disponible para investigaciones criminales y de seguridad nacional.

El argumento de que la Presidencia se ha extralimitado a la hora de utilizar su poder no parece que pueda ser empleado en esta ocasión, como sí se hizo en las demandas presentadas para paralizar la orden ejecutiva contra la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana. Esta vez parece difícil de justificar que el presidente Barak Obama, que impulsó el programa DACA en 2012, sí pudiera hacerlo, y por el contrario, al presidente Trump no se le permita eliminarlo.

La demanda presentada el miércoles se basa también en una cuestión formal y alega que la Administración Trump ha violado una cláusula constitucional y que no siguió el proceso correcto de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo.

El Gobierno de EE. UU. ha anunciado la retirada del DACA porque se trataba de un subterfugio para sortear las leyes y ha argumentado que la decisión de proteger a los jóvenes 'dreamers' de la deportación residía sólo en el Congreso, según dijo Sessions en su comparecencia.

Apenas unas horas después, el propio Trump se cargaba el argumento de su fiscal General y avisaba que "¡Revisaré este asunto!" si el Congreso no actuaba, lo que parece sugerir que el presidente tiene la autoridad para intervenir.

El presidente norteamericano ya había puesto en su punto de mira el programa que protege de la deportación a cerca de 800.000 personas de entre 15 y 36 años. La iniciativa también autoriza a pedir permisos de trabajo a los beneficiarios y les facilita el acceso al sistema educativo.

El magnate insistió el martes en la necesidad de aprobar una reforma migratoria "que ponga los empleos y la seguridad de Estados Unidos primero", en una revisión de su célebre lema de campaña. Ha argumentado además que "antes de preguntar lo que es justo para los inmigrantes ilegales", Estados Unidos debe tener en cuenta a sus propios ciudadanos.

"Debemos recordar que los jóvenes estadounidenses también tienen sueños", ha señalado Trump, que ha llamado al Congreso a "actuar" para aprobar una nueva ley. El mandatario ha explicado en su nota que los legisladores tienen ahora una "ventana de oportunidad", ya que la derogación del DACA no será radical sino "ordenada", de tal forma que no será plenamente efectiva hasta dentro de dos años.

El papel del Congreso

La decisión del Gobierno deja 'de facto' la pelota en el tejado del Congreso, ya que corresponderá a la Cámara de Representantes y el Senado decidir cuál será el futuro de las personas que se han acogido al DACA. La líder demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, se ha apresurado a condenar la "cobardía política" de Trum y su "despreciable asalto contra jóvenes inocentes".

El expresidente, Barack Obama, ha calificado de "cruel, equivocada y contraproducente" la decisión del millonario neoyorquino y ha instado al Congreso a "proteger" a este colectivo "con un sentido de urgencia moral" que, según su mensaje, es intrínseco a los valores estadounidenses.

El debate también amenaza con abrir un nuevo cisma en el Partido Republicano, que ya se ha mostrado incapaz de aprobar grandes leyes como la reforma sanitaria, a pesar de contar con mayoría en ambas cámaras. Tras el anuncio del Gobierno este martes, varios legisladores republicanos ya se han desmarcado, entre ellos el senador John McCain.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ha instado a encontrar una solución a largo plazo teniendo en cuenta que, para muchos inmigrantes, Estados Unidos es "el único país que conocen". "Su estatus es una de las muchas cuestiones migratorias que el Congreso no ha resuelto adecuadamente durante años, junto a la seguridad fronteriza y las medidas interiores", ha criticado en un comunicado.