El ya expresidente del comité aragonés de agricultura ecológica muestra su "sorpresa" por la anulación de las elecciones
Jesús Arbués, que presentó el recurso de alzada, destaca que la resolución de la consejería de Medio Ambiente da respuesta a las solicitudes recogidas en el escrito.
Todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón, pero la orden de la consejería de Medio Ambiente por la que se anulan los resultados de la elecciones al Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE) y se ordena la creación de una comisión gestora ya es bien conocida por todos los miembros del organismo. Y las reacciones no se han hecho esperar.
Fue el pasado lunes en Alimentaria, la feria internacional de alimentos y bebidas que se celebra en Barcelona y la que las producciones ecológicas aragonesas tienen destacado protagonismo, donde el ya expresidente de CAAE, Antonio Artal, tuvo noticia de la decisión del Departamento que dirige el popular Manuel Blasco -encargado de resolver el recurso después de que la consejería de Agricultura se inhibiera del caso-. Y ha sido en Alimentaria desde donde ha mostrado su "sorpresa" por una resolución que disuelve la junta directiva constituida el pasado 21 de octubre.
"Conocíamos que había un recurso contra la decisión de la junta electoral, un recurso interpuesto por una persona que también es vocal, pero no por toda la candidatura que resultó perdedora en las elecciones", ha señalado Artal, que reconoce estar también sorprendido por que haya sido el consejero de Medio Ambiente el que resuelve "porque el consejero de Agricultura entiende que puede concurrir una causa de abstención, sin que indique qué causa es o qué conflicto de intereses puede haber".
Artal responde a la orden de la DGA que se elaboraron dos censos, uno provisional y uno definitivo, que ambos fueron publicados "y no fueron recurridos por nadie en su momento", como tampoco nadie criticó, ha insistido, que el voto por correo llegara a la junta electoral porque no podían llegar a las tres meses electorales, las únicas que existen el día de la votación, pero insiste en que "es un sistema que nadie ha criticado".
Sorprendido se muestra además Artal porque "todo se produce dentro de un proceso electoral con una junta electoral tutelada por la propia Administración autonómica y solo se recurre el procedimiento cuando se ha perdido", añade Artal, que encabezaba la candidatura ‘Diversidad de producciones en igualdad de condiciones: por la certificación pública’, que resultó vencedora frente a ‘Aragón ecológico unido’ a la que pertenecía el recurrente. Le asombra además, ha señalado, la decisión de la consejería de "nombrar a dedo una nueva junta gestora", por lo que avanza que "varios vocales" de la actual junta ya han manifestado su decisión de acudir a los tribunales "en defensa del mandato dado por lo electores".
Artal "lamenta profundamente" que se haya invalidado un proceso democrático "por un asunto en el que ni los propios especialistas en derecho administrativo se ponen de acuerdo" y que tenga que ser la justicia ordinaria la que dictamine ahora si las tesis de la administración son correctas. "Yo, como agricultor ecológico, no puedo más que sentir decepción, por como ha hecho las cosas la administración, porque estaremos otro periodo largo sin hablar de como incentivar la producción y el consumo eco en Aragón", ha añadido.
"De buena fe"
Fue Jesús Arbués en representación de la sociedad cooperativa Altas Cinco Villas la que interpuso el recurso de alzada. Lo hizo "de buena fe", ha asegurado este martes, "apoyado por más gente" y con el convencimiento de que era lo "justo" porque entendía que se habían cometido irregularidades en el proceso que tenía que ser subsanadas.
Arbués se muestra satisfecho con la orden, todavía por publicar en el BOA, porque recoge las demandas presentadas en su escrito. Unas demandas que, como así ha terminado por resolver la consejería de Agricultura, pasaban por la declaración de la nulidad de las elecciones y, dado que eso suponía el cese de la Junta Directiva, se solicitaba la creación de una comisión gestora que pilotara el devenir del comité hasta la celebración de unas nuevas elecciones, hecho que tiene que producirse en un plazo de seis meses.
No opina, sin embargo, sobre la designación de dos directores generales del Departamento de Agricultura para llevar a cabo este proceso. "La forma en como se realizará este procedimiento es decisión de la Administración, sobre lo que no tengo respuesta", ha añadido Arbués, vocal de la nueva junta directiva que se considera "cesado" tras la resolución de Medio Ambiente.
