economía
En huelga por un salario digno: "No cambiaría mi trabajo, pero todos necesitamos el dinero para vivir"
Un conductor de ambulancias, una camillera, una técnico de emergencias y una empleada de Ikea cuentan su día a día en sectores que luchan por mejorar sus condiciones laborales.
La conflictividad laboral ha subido de tono en algunos sectores en este comienzo de 2023. En muchos casos se trata de colectivos que llevan años con convenios pendientes de negociar y sueldos congelados en torno al salario mínimo. La pérdida de poder adquisitivo se nota más este año por la escalada de la inflación.
Este pasado fin de semana han coincidido dos movilizaciones, las del colectivo del transporte sanitario que se ha manifestado en Huesca y la primera en Ikea Zaragoza. Siguen aún sin convenio provincial actualizado las trabajadoras de la limpieza oscenses, que han dejado en suspenso la huelga iniciada en enero ante una nueva propuesta de la patronal, y continúan las movilizaciones de las limpiadoras del Hospital Infantil de Zaragoza. Todas, en lucha por una condiciones laborales dignas.
Técnicos de emergencias: protesta por el próximo convenio de ambulancias
La zaragozana Laura Rubio ha salido esta mañana de trabajar después de tres días seguidos. Tendrá fiesta este lunes y martes. Esta técnico de emergencias trabaja desde hace cinco años en una ambulancia en Zuera. "El trabajo me gusta mucho, para eso lo estudié, y también el trato con la gente, pero si cuando entré hubiera sabido que iba a hacer tantas horas y tan poco pagadas no sé si hubiera venido", confiesa. Tiene 42 años y estuvo 20 en el Ejército y allí se formó en la que sería su profesión en la vida civil. "El día de fiesta no te cunde y menos teniendo hijos", cuenta sobre los problemas para conciliar, aunque ella ya ha pasado los peores años.
Su trabajo se centra en dar la primera asistencia en caso de emergencia. Recuerda que se estrenó en su puesto con una atención de un ictus en un domicilio, que luego se derivó al hospital. "Lo peor son siempre los accidentes de tráfico y los niños. Es lo más impactante", confiesa.
Se ha sumado a las protestas convocadas por la organización a la que está afiliada Sindicato de Cooperación Sindical (SCS) con otros cuatro con representación en el transporte sanitario: CSIF, CGT, UGT y CC. OO. Su convenio lleva caducado desde 2018 y sus sueldos, congelados. El colectivo considera una "injusticia" la situación con salarios que se sitúan en torno unos 900 euros, aunque algunos los superan un poco por guardias y fines de semana. Una pérdida de poder adquisitivo "en medio de una de las mayores crisis de la historia y después de haber dado lo mejor durante la covid-19", denuncian. Este pasado sábado se concentraron en Huesca para visibilizar su situación, en medio de un calendario de huelga tanto del transporte de urgencia en el que trabaja como en el programado.
Denuncian el nuevo contrato de transporte sanitario urgente, contra el que también vienen protestando varios municipios que se quejan de que se quedarán sin ambulancia por las noches. En cuanto a sus condiciones laborales destacan la pérdida de poder adquisitivo, que se ha agudizado en el último año con la escalada de los precios y piden estabilidad laboral, reconocimiento de la categoría y avanzar hacia la "internalización" del transporte sanitario para que lo preste la DGA.
"El trabajo sale adelante porque los que trabajamos en el sector nos centramos en hacer bien nuestro trabajo"
En el sector trabaja también Sara Guerra, de 37 años y con categoría laboral de camillera, aunque es técnico de emergencias ya que denuncia otro de los problemas del colectivo: "Nuestra titulación no está reconocida, aunque se nos exige para trabajar porque es de obligado cumplimiento". Si se reconociera les supondría un aumento de salario. Desde 2015 trabaja en Zaragoza capital, en el servicio de urgencias. Recuerda cómo en los dos primeros años de prácticas como 'correturnos' no podía casi hacer planes en su día a día porque no tenía ningún turno asignado.
"Las empresas siempre juegan con el miedo a que seamos despedidos, y por ello acabamos aceptando cualquier turno", denuncia. Ahora que ya pasó esa etapa y es fija trabaja ocho horas, rotando mañanas, tardes y noches. "Mi salario está congelado desde el año 2018 con un ingreso bruto de 1.117 euros/mes, que traducido a la vida real, no llega a los 1.000 euros", calcula. "Cada cuatro años sufrimos la incertidumbre de no saber a qué empresa vamos a pertenecer y cómo va a funcionar la gestión del servicio", lamenta, sobre el actual modelo de prestación de servicios. El colectivo trabaja para empresas privadas que optan a los conciertos con el Gobierno de Aragón. "Un sector tan fundamental como es el del transporte sanitario, no debería ponerse a la venta y esperar a que gane el mejor postor", critica. "Lo que llevamos en las ambulancias son vidas humanas y no merecen tener un servicio precario", añade, recogiendo las quejas de los ciudadanos.
"Solo pedimos que se nos escuche y valore", dice. Ahora afirma que son un servicio "muy castigado" que no tienen "derecho a comer, ni casi a descansar entre avisos ni tampoco nos ampara ninguna ley ante posibles agresiones, y todo esto va ligado a una mala organización y gestión del sistema", denuncia. Y está convencida de que con todas estas carencias "el trabajo sale adelante porque los que trabajamos en el sector nos centramos en hacer bien nuestro trabajo".
Carlos Carruesco, tiene 47 años, lleva desde 2008 conduciendo una ambulancia en Huesca. Antes era bodeguero, pero terminó reciclándose hacia esta profesión. "El trabajo me gusta, pero es una pena que solo vienen empresas buitres a ganar su dinero y la calidad del servicio es lo que menos les importa", lamenta, coincidiendo con sus compañeras en la necesidad de que el servicio vuelva a ser público. Secunda también las protestas sindicales como delegado de SCS.
Reclama que pese más la oferta "técnica" que haga la empresa que opte a prestar el servicio y no la económica. "Queremos también la mejora de servicio, que no haya pacientes que tengan que esperar tres horas", señala, recogiendo las protestas de los usuarios, que a veces se "desahogan" con ellos aunque entiendan que no son los culpables.
En su caso, su ambulancia lleva a cabo traslados programados de enfermos que acuden a recibir tratamiento al hospital o vuelven a sus casas. "La diálisis es el tema más delicado", apunta, y uno de los que se mantienen como servicios mínimos los días de paro por las protestas junto a los pacientes oncológicos y las altas. En su actividad normal se encargan también de trasladar a personas que tienen que acudir a rehabilitaciones, pruebas o consultas.
Conciliar es difícil aunque confiesa que "somos conscientes de dónde estamos trabajando", aunque cree que se pueden organizar mejor los turnos. Hay de mañana, tarde y noche. Y son mejorables los sueldos. "Los que empiezan es con el salario mínimo", apunta, ahora en 1.000 euros. "Tengo compañeros jóvenes que se quieren independizar y con el SMI y con los alquileres que tenemos la mitad del salario se va a la casa", cuenta. "Llevamos mucho tiempo con un detrimento de condiciones y de ahí la indignación", justifica sobre las protestas, que siguen adelante.
Primera huelga en Ikea Zaragoza: sueldo de 1.080 euros tras 16 años
"Queremos que la empresa se dé cuenta de que hay gente que lleva muchos años y no están valorando ni la fidelidad ni la formación que ponemos a su disposición"
Silvia Guillén lo tiene claro: le gusta trabajar en la tienda de Ikea en Zaragoza, a cuya plantilla se incorporó desde que se inauguró en 2007. Entonces fue todo un acontecimiento y tuvo que superar un macroproceso de selección ante el interés que despertó el desembarco de la cadena sueca de mobiliario. Estudió Derecho pero comenzó a trabajar en el sector de la distribución y cuando llegó el gigante sueco "entré a ver qué era", confiesa. Y allí se quedó. Tiene 48 años de edad y lleva 16 en la enseña. Se siente en cierta forma "afortunada" porque es de los pocos trabajadores del centro con contrato de 40 horas y está fija. Sin embargo, tras sumar años con un sueldo bajo, que ahora es de 1.080 euros, y horarios que dificultan la conciliación o impiden buscar otro empleo para complementar el salario, ha decido que era hora de "dar un golpe en la mesa" y protestar. "Yo no cambiaría mi empresa y mi trabajo, pero todos necesitamos el dinero para vivir", explica, para pedir unos salarios dignos.
"Me he sentido siempre muy valorada por mi capacidad, he valorado tener buen ambiente laboral, pero queremos que la empresa se dé cuenta de que hay gente que lleva muchos años y no están valorando ni la fidelidad ni la formación que ponemos a su disposición", cuenta. La empresa les viene ofreciendo beneficios sociales como descuentos en la tienda, que han aumentado a raíz de la subida de la inflación. "No queremos ser plantilla subvencionada, sino pagar las facturas con nuestro sueldo", dice Silvia.
Ella es miembro de SOA, minoritario en el comité de empresa con tres delegados, donde la mayoría la tiene Fetico con 10, pero eso no ha frenado al sindicato aragonés para convocar la primera huelga en la tienda zaragozana, que ha comenzado este sábado y se repetirá durante los próximos de febrero, marzo, abril y mayo, con protestas a las puertas del centro situado en Puerto Venecia y el punto de recogida del Actur.
Además de la mejora salarial piden horarios que permitan conciliar, menos cambios de turno y de las llamadas "horas complementarias" que se suman a la jornada por necesidades puntuales de la empresa. La movilización se ha hecho coincidir con las negociaciones que comenzaron la semana pasada en Madrid sobre el nuevo convenio colectivo de grandes almacenes, de carácter estatal, que se aplica además de en Ikea, en cadenas como El Corte Inglés, Carrefour o Alcampo, entre otras. En la mesa se sienta Anged, la patronal de las grandes empresas de distribución, con los sindicatos Fetico, CC. OO., Valorian y UGT (SOA no tiene representación).
Aunque la negociación esté dando sus primeros pasos, Silvia y sus compañeras de sindicato creen que es momento para protestar porque denuncian que la plantilla está "cada vez mas empobrecida gracias a los convenios colectivos que firman en Madrid". Además, recuerda que sean cuales sean las condiciones laborales que se negocien en el convenio estatal, este solo es un mínimo que debe cumplir el sector, que cada empresa puede mejorar. "Depende solo de su voluntad".
