Tres de ‘Los 6 de Zaragoza’ ya han entrado en prisión
El cuarto condenado con pena de cárcel sigue sin tener fecha de ingreso a la espera de lo que ocurra con su recurso ante el Tribunal Constitucional y del indulto solicitado al Gobierno.
Tres de ‘Los 6 de Zaragoza’ ya han ingresado en prisión. Imad M. B. y Adrián L. R. se presentaron el 16 de abril en el Centro de Inserción Social Las Trece Rosas y tres días después fueron trasladados al centro penitenciario de Zuera al no atenderse su solicitud para que se les aplicase el tercer grado. Por su parte, Antonio Daniel L. D. comenzó a cumplir su pena el pasado fin de semana fuera de Aragón. De entre los cuatro condenados a 4 años y 9 meses de cárcel por los desórdenes públicos en los que degeneró en 2019 una manifestación en contra de un mitin de Vox, solo Francisco Javier A. V., ‘Javitxu’, sigue en libertad a la espera de que su situación se aclare. Los otros dos miembros del grupo eran menores de edad en el momento de los hechos y se les impuso en su día una multa y un año de libertad vigilada.
El recurso de amparo que presentó ante el Tribunal Constitucional ‘Javitxu’ es lo que está postergando su reclusión. De hecho, aunque estaba previsto que su entrada en prisión se produjese el pasado martes, el lunes su defensa comunicó a su familia un nuevo aplazamiento. No es el primero. En un principio, ese amargo momento estaba programado para el pasado 10 de abril, día en el que los plazos judiciales también marcaban que debían iniciar su condena Antonio Daniel L. D. e Imad M. B. Sin embargo, ya entonces hubo una prórroga. “El hecho de no tener claro cuando se producirá el ingreso, si es que se produce, se hace difícil, no permite que cerremos un ciclo y empecemos otro dentro de un proceso que dura ya cinco años”, afirma el padre de ‘Javitxu’, quien defiende su inocencia y pide una pronta resolución.
A la espera de que se pronuncie el Constitucional, ‘Javitxu’ tiene otra vía abierta junto a los demás condenados, la del indulto. La petición fue presentada en el Ministerio de Justicia el 2 abril y cuenta con el aval de más de 10.000 firmas. También lo respaldan varias organizaciones políticas y sociales. Dentro del Gobierno, Sumar ha mostrado su postura favorable a aceptarlo. En las últimas semanas se han organizado varias manifestaciones y actos de apoyo a los cuatro condenados e incluso este miércoles en actos por el Primero de Mayo su causa estuvo presente. La campaña solidaria promovida por la plataforma 'Libertad 6 de Zaragoza' lleva recaudados más de 45.000 euros que serán destinados a costear los gastos judiciales y las multas.
Los disturbios tras los que ‘Los 6 de Zaragoza’ fueron detenidos se produjeron el 17 de enero de 2019 en el campus de la Universidad de Zaragoza. En ellos, ardieron tres contenedores, se provocaron daños a seis coches y resultaron lesionados seis agentes de Policía Nacional. El más grave sufrió un traumatismo en el codo del que tardó 350 días en recuperarse.
Los cuatro antifascistas, ahora con edades comprendidas entre los 24 y 31 años, afirman que se conocieron tras ser arrestados. No esconden que participaron junto a unas ochenta personas más en los altercados de aquel día, pero niegan que fuesen los autores de las agresiones a los policías. Primero, la Audiencia Provincial les impuso una pena de 6 años de prisión que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón elevó después a 7. Finalmente, en febrero el Tribunal Supremo fijó el castigo en 4 años y 9 meses.
Sus defensas argumentan que en las grabaciones de las cámaras de seguridad los causantes de las agresiones están encapuchados y por tanto, según su parecer, resulta imposible determinar su autoría. Además, entienden que los testimonios de los policías no pueden constituir una prueba suficiente. En su fallo, el Supremo, sin embargo, consideró que los hechos fueron cometidos por coautoría.
En la contestación al recurso presentado por ‘Javitxu’ el tribunal explicó: “Lo que se declara probado es que juntamente con otros perpetró él mismo, amparándose en el grupo, conductas típicas con la finalidad de alterar gravemente la paz pública, acometer a los agentes que, en el ejercicio de sus funciones, procuraban la protección del bien jurídico y mediante el lanzamiento de objetos y adoquines causar lesiones de distinta entidad y daños en vehículos y elementos del mobiliario urbano”.
