La DPZ reclamará al Ayuntamiento de Zaragoza 756.000 euros por fondos no ejecutados en los barrios rurales
Los descontará de los tres millones que tendría que transferir este año. El PP valora pedir una prórroga del convenio.
La Diputación Provincial (DPZ) reclamará al Ayuntamiento de Zaragoza 756.000 euros por fondos no ejecutados en los barrios rurales. Según ha podido saber este diario, la institución va a proceder al reintegro de 643.000 € del convenio 2017-2021, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2023. A esta partida habrá que sumar los correspondientes intereses de demora, estando previsto que se descuente de los tres millones que tendrían que transferirse este año dentro del convenio 2021-2024, que incluye 9 millones para nuevos proyectos.
Este último tampoco está exento de polémica. Las obras tendrían que estar acabadas el 31 de diciembre, pero la mayoría, denuncian los alcaldes pedáneos consultados, ni siquiera han empezado, ya que hasta hace unos meses se seguía trabajando en las del anterior, lastradas por la pandemia y el encarecimiento de los materiales como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.
Las dos instituciones se reunirán el próximo 7 de mayo para abordar la situación. El Ayuntamiento podría pedir entonces una prórroga, una posibilidad que recoge el acuerdo, que contempla una ampliación de cuatro años siempre que así lo decidan las dos partes. La propia concejala delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, apuntó esta semana en comisión a esta opción, asegurando que "sería el primer convenio que no tuviese una prórroga". "Entendemos que no habrá ningún problema", declaró.
Preguntada a este respecto, desde la Diputación recalcaron que el Ayuntamiento "va a tener exactamente el mismo trato" que el resto de consistorios de la provincia, por lo que "tendrá que cumplir los plazos y los compromisos sin excepciones ni privilegios".
Una de las claves para llegar a un acuerdo será determinar si esos 9 millones se han destinado íntegramente a obras distintas a las del convenio 2017-2019 y si se ha seguido el criterio establecido, otorgando un 40% fijo a todos los barrios y un 60% en función de la población. A este respecto, varios alcaldes consultados alertan de que parte de los sobrecostes del anterior convenio se estarían pagando "con cargo al actual", restando financiación para los nuevos proyectos.
Desde la institución provincial lamentan, además, que, pese a haberlo solicitado en varias ocasiones, no se les ha facilitado un desglose "completo y detallado" de cuáles van a ser las iniciativas que se ejecutarán con cargo a este convenio. Se trata, de hecho, de un aspecto en el que, a falta de ocho meses para terminar el plazo establecido, aún se estaría trabajando.
El Consistorio se reunió de forma individual con los alcaldes pedáneos entre el 19 y el 27 de marzo, una fórmula que, según Espinosa, permitió dar una mejor respuesta a todas sus dudas, aunque muchos siguen sin saber qué obras se llevarán a término.
La polémica ha despertado ya las primeras críticas de la oposición. Para la socialista Ana Becerril, lo prioritario ahora es "dejar libertad a los alcaldes" y que se les garantice que no van a perder fondos aunque las obras no acaben en 2024.
