Un abogado de Zaragoza 'pelea' contra los narcos por 3 guardias civiles de la barca hundida en Barbate
El letrado Marco Antonio Navarro se ha hecho cargo de la acusación particular en nombre de la familia de un de los asesinados, de dos de los agentes heridos y de la asociación Jucil.
Este martes se cumplirán dos meses del asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate (Cádiz), donde una ‘narcolancha’ los embistió una y otra vez hasta hundir la pequeña embarcación neumática en la que hacían funciones de vigilancia junto a otros cuatro compañeros, que lograron salvar la vida pero también resultaron gravemente heridos. Las grabaciones efectuadas por la cámara que portaba una de las víctimas, las que tomó un marinero que presenció los hechos desde la bocana o las que se difundieron a través de las distintas redes sociales sobrecogieron a toda España, que ahora espera que la ley castigue con toda su fuerza a los ocho investigados por estas crueles muertes y a cualquier otro que tuviera algún tipo de responsabilidad en lo ocurrido.
Son más de mil kilómetros los que se separan la costa gaditana de Zaragoza, pero este trágico suceso va a estrechar sin duda la distancia. Y lo hará porque un abogado de la capital aragonesa, Marco Antonio Navarro, se va a encargar de representar a dos de los supervivientes del desalmado ataque de los narcos del Estrecho, así como a la madre y la hermana de Miguel Ángel González Gómez (39 años), fallecido junto a David Pérez Carracedo (43 años) aquel aciago 9 de febrero. Lo hará en nombre de Jucil, asociación mayoritaria en la Guardia Civil y que también se ha personado como acusación popular.
“Todos hemos visto alguna imagen de lo ocurrido en Barbate. Aunque algunas de esas grabaciones, y me refiero a las que hizo la cámara ‘GoPro’ de una de las víctimas, nunca deberían haberse filtrado, porque no han hecho más que multiplicar el dolor y sufrimiento de las familias y amigos. Dicho lo cual, a estas alturas nadie duda de que estamos antes dos viles asesinatos, que en realidad podrían haber sido seis”, explica el letrado aragonés. “Hablamos de un acto extremadamente cruel que merece un reproche penal ejemplarizante -continua-. Y aunque justicia real nunca podrá hacerse, intentaremos que se haga al menos justicia material”.
Durante las últimas semanas, Marco Antonio Navarro ha estado en contacto directo con Francisca, madre del miembro del Geas (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) asesinado, así como con las otras dos víctimas a las que representa en la causa que lleva el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate. Uno de los supervivientes sufrió una fractura con herida abierta en uno de los brazos al pasarle por encima una de las hélices de la narcolancha. “Los dos guardias habían sido citados en el juzgado el pasado 1 de abril, pero explicamos a la jueza que seguían de baja médica y muy afectados psicológicamente. Y esta ha aplazado la cita hasta el 10 de mayo”, explica el letrado zaragozano.
La Audiencia de Cádiz decidió el pasado viernes mantener en prisión a los seis narcos que tripulaban la embarcación de cuatro motores que hundió la zodiac de apenas cinco metros de los guardia civiles. El auto del tribunal ponía de manifiesto el alto riesgo que existe de que estos se fuguen a Marruecos o cualquier otro país norteafricano, así como los claros indicios de que fue la lancha de los investigados la que causó el ataque mortal.
“No vamos a hacer distinciones. Iremos a por ellos y a por los otros dos encausados que quedaron en libertad pero supuestamente colaboraron con ellos desde tierra”, asegura Navarro. “Estamos ante un acto comparable a los de terrorismo. Y lo digo por varias razones: porque existió premeditación, por el nivel de violencia y ensañamiento, porque se trata de un grupo criminal organizado y porque actuaron con un desprecio absoluto por la vida”, apostilla.
Posibles responsabilidades en la cadena de mando
Las imágenes que se difundieron tras los hechos de un grupo de personas jaleando desde el puerto a los narcos cuando hundían a los guardia civiles tampoco causaron un gran impacto. “Son lamentables y dolorosas. Pero veo difícil encajar este tipo de conductas en el Código Penal para poder actuar contra ellos. Lo que sí evidencian es que, desgraciadamente, una parte de la sociedad está más alineada con los delincuentes y las organizaciones criminales que con quienes verdaderamente les protegen”.
Donde sí aprecia el penalista un “claro fallo” es en la forma de combatir el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar. “Vamos a estudiar de forma minuciosa la causa para ver si existen responsabilidades penales internas por mandar a seis buenos guardias civiles sin medios a combatir a organizaciones criminales altamente especializadas. Y no nos temblará el pulso”, indica.
Acusación popular desde un despacho de Huesca
El despacho zaragozano reconoce la dificultad que entraña para un juzgado de instrucción de una población como Barbate hacerse cargo de una causa tan compleja como esta. No duda “en absoluto” de la capacitación de la magistrada al frente de la investigación, pero Navarro considera que asuntos de esta naturaleza debería asumirlos la Audiencia Nacional. Pero lo cierto es que magistrados y fiscales mantuvieron hace algunos años contactos con el Ministerio del Interior para encauzar a través del tribunal central las macrocausas vinculadas al narcotráfico en el Estrecho y las negociaciones no fructificaron. “Creo que sería lo mejor para todos, pero estaremos a lo que toque”, dice el abogado que representará a parte de las víctimas.
Pero la instructora de los asesinatos de Barbate también ha aceptado la personación en la causa como acusación popular de otro abogado aragonés. Se trata de Jorge Piedrafita, con despacho en Huesca, quien solicitó su participación en el proceso como representante de la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (Adive). Tras acudir a la semana pasada a la vista que se celebró en la Audiencia de Cádiz para decidir si los encausado seguían en prisión, Piedrafita calificó los hechos de “muy graves” y anunció que exigirá la máxima pena “para evitar espacios de impunidad”. También manifestó que seguirá reclamando que los agentes de la Benemérita “sean considerados como profesión de riesgo”.
