El Ayuntamiento de Zaragoza ordena el desalojo y la clausura del hostal ilegal de Parque Roma

La Policía Local hará efectiva esta semana la orden municipal.

Local de Parque Roma en el que se ha instalado un servicio de alojamiento.
Local de Parque Roma en el que se ha instalado un servicio de alojamiento.
Toni Galan

El Ayuntamiento de Zaragoza ha ordenado el desalojo e inmediata clausura del hostal habilitado en una antigua academia de inglés de Parque Roma, bloque G, local 13. Tras visitarlo, los técnicos de Urbanismo y la Policía Local han elaborado sus respectivos informes y ahora se procederá al cierre esta semana al no contar el local en el que se encuentra con la licencia de actividad adecuadaLa actuación, dictada por la Gerencia de Urbanismo, se acoge a un “uso no permitido”, a “una actividad sin título habilitante” y a un “evidente riesgo” para las personas.

Además, el Servicio de Disciplina Urbanística, mediante el control de actividades, ya ha emitido la advertencia de que el incumplimiento de lo ordenado está considerado una infracción grave que puede acarrear una sanción de entre 6.001,01 y 60.000 euros.

Los técnicos municipales señalan “el evidente riesgo que existe tanto para las personas que allí se alojan como para los vecinos del inmueble” por la existencia de “una cocina sin ningún tipo de ventilación en dicho local”, tal como se constata en los informes elaborados por Policía Local el pasado 19 de enero y este 10 de marzo.

En el inmueble, de 200 metros cuadrados y nueve habitaciones, vivían al inicio de la semana pasada trece personas en régimen de alquiler. En el momento en el que se clausure, se atenderá a la situación de cada uno de los allí alojados y, en el caso de que haya quien no cuente con alguna alternativa para alojarse, el Consistorio activará los servicios sociales.

En los últimos meses por el hostal ha pasado desde gente que ha vivido allí varias semanas hasta otra que ha demandado estancias mucho más cortas. La Policía Nacional en la visita que hizo el 18 de enero identificó a ocho personas, incluida una pareja con un niño. Los inquilinos con los que ha podido hablar HERALDO comentan que los pagos se realizan en mano y sin contrato. En varios casos habrían llegado pensando que la habitación que arrendaba se encontraba en un piso.

El local albergó entre 1992 y 2019 la academia York Idiomas. La actividad cesó con la jubilación de sus dos propietarias. En primer terminó buscaron un traspaso del negocio. Sin embargo, no lo lograron y para al menos cubrir los gastos aceptaron en noviembre del año pasado alquilarlo para ser usado como almacén -tal y como quedó reflejado en el contrato- a cambio de una mensualidad de 450 euros.

La sorpresa de las dueñas llegó cuando poco después los vecinos las alertaron de que en el lugar había gente viviendo. Según pudieron observar a través de anuncios en internet, las aulas se han reconvertido en habitaciones que se arriendan por 350 euros al mes. Además, en los dos baños se han colocado duchas y también se ha instalado una pequeña cocina. Solo un cuarto tiene ventana y hay carencias de elementos de seguridad como una salida de emergencia.

En el contrato de alquiler por cinco años firmado con Rubén F. J., en calidad de administrador de la empresa Zama 2007 S.L., se estableció una carencia en la satisfacción de las mensualidades que finalizó el 29 de febrero. Entre el 1 y el 5 de marzo se debería de haber girado el primer pago, pero no ha sido así. Al contrario de lo que estaba estipulado, el arrendatario tampoco ha cambiado la titularidad de servicios como el agua y el vertido. Solo por el consumo de luz, las propietarias recibieron en febrero una factura de 6.000 euros. Posteriormente, aunque el suministro fue interrumpido, se restableció mediante un enganche irregular.

En enero, las caseras interpusieron una denuncia ante la Policía y enviaron un burofax al inquilino comunicando la resolución del contrato por el incumplimiento de varias cláusulas. También han presentado al Servicio de Disciplina Urbanística una solicitud de cese actividad. Paralelamente a las acciones que pueda emprender el Ayuntamiento, la abogada de las propietarias, María Luisa Uliaque, no descarta un proceso de desahucio.

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