La jueza de Zaragoza que tuvo que dejar libre a un presunto sicario veta sus ‘vacaciones’ de Navidad
El encausado, al que se retiró el pasaporte y se obliga a comparecer dos veces al día en el juzgado para evitar su fuga antes del juicio, había pedido permiso para pasar un mes en Lituania.
La magistrada que presidirá el jurado por el asesinato de la joven rumana María Marian (28 años) en el barrio zaragozano de Movera en 2018 acaba de dejar sin ‘vacaciones’ de Navidad al presunto sicario al que encargaron el crimen. El enorme atasco que arrastra la causa ha impedido celebrar todavía el juicio y obligó a poner en libertad al lituano Aivaras Savickas a comienzos del pasado verano, cuando había cumplido el límite máximo de cuatro años en prisión provisional. Para evitar el altísimo riesgo de fuga, la Audiencia Provincial decidió imponerle medidas extraordinarias de seguridad, entre ellas, la retirada del pasaporte, el confinamiento en su ciudad de residencia y la comparecencia dos veces al día en el juzgado más próximo. Hasta ahora, el presunto asesino las ha cumplido todas de forma escrupulosa. Pero la magistrada no quiere correr riesgos y se ha negado a permitirle salir del país.
Por el disparo que acabó con la vida de María Marian el 21 de noviembre de 2018, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional detuvo a ocho personas, pero solo tres de ellas, los presuntos autores materiales, permanecieron hasta el pasado mes de junio privados de libertad. Según los investigadores, la tarde en que se perpetró el crimen, el presunto sicario acudió a Movera con otros dos hombres: Jesús Jiménez Morte y Juan Echepares Omedes. Y a fecha de hoy, todavía no está claro quien apretó el gatillo de la pistola de la que salió la bala homicida.
La Policía llegó a la conclusión de que los tres asesinos accedieron a la vivienda donde residía la víctima rompiendo la valla perimetral. Sobre las 19.15, cuando vieron llegar a la joven en coche, dos encapuchados armados –parece que el tercer asaltante aguardaba cerca con algún vehículo para huir– se abalanzaron sobre ella y acabaron con su vida. La autopsia reveló después que la mujer recibió un disparo de bala en el costado que le afectó al pulmón izquierdo y al hígado, provocándole un shock hemorrágico.
Pero, ¿cómo se desentrañó el crimen y por qué sospechan los investigadores que fue el lituano quien apretó el gatillo? La respuesta, el guante de látex con ADN de Savickas y partículas de pólvora que se halló en la valla de la finca y que posiblemente el encausado perdió en su huida. Para probar que no fue él el brazo ejecutor, el lituano grabó a escondidas en prisión a Juan Echepares: «Yo quería tirar a la pierna, se levantó y... Yo no quería matar, fueron los nervios», decía en el vídeo. Pero este no fue admitido.
El TSJA frena ahora el juicio
La larga y complicada instrucción del caso, así como la estrategia dilatoria de las defensas, que lo han recurrido prácticamente todo, impidieron a la Audiencia de Zaragoza señalar la vista antes de que se cumplieran los cuatro años de prisión preventiva, tal y como era su intención para evitar el riesgo de fuga. Y parece que habrá que esperar todavía algún tiempo para ver sentados en el banquillo a los tres supuestos autores materiales y a las cinco personas –otros dos hombres y tres mujeres– encausadas como cómplices. La razón, una resolución de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que obliga a la Fiscalía y a la acusación particular a volver a redactar sus escritos de calificación, en los que solicitaban un total de 132 años de prisión para los procesados (23 para cada uno de los presuntos autores del crimen).
Una de las defensas impugnó los escritos por entender que no se limitaban a enunciar los hechos punibles, como exige la ley, sino que incluían «toda una valoración de la prueba practicada durante la instrucción de la causa». Y como estas calificaciones serán leídas al jurado en los prolegómenos del juicio, consideraba la letrada de Juan Echepares que sus miembros podrían verse «contaminados». El TSJA ha dado la razón a esta parte, obligando así a las acusaciones a volver a redactar sus conclusiones y retrasando un juicio que parece imposible celebrar.
