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Una jueza ordena al Ayuntamiento de Zaragoza pagar la defensa jurídica de un policía local como denunciante
El agente del 092 había sido denunciado por una detención pero luego fue eximido y siguió en la causa como acusación y perjudicado.
Una jueza ha ordenado al Ayuntamiento de Zaragoza pagar la asistencia jurídica externa prestada a un agente de la Policía Local que estaba personado en un caso como denunciante y perjudicado. El funcionario había sido acusado por una detenida por supuestas lesiones, pero la causa contra él fue sobreseída libremente al no haberse probado ninguna infracción en el arresto y solo continuó contra la mujer por atentado a la autoridad y por la lesión que causó al agente en una mano.
De hecho, la acusada fue condenada a seis meses de prisión, una multa de 240 euros y a indemnizar al policía local con otros 210 euros. En este caso, la grabación de la intervención con la cámara personal del uniforme policial sirvió para acreditar que no era cierto lo que afirmaba la detenida, que propinó varios empujones al funcionario hasta que lo tiró sobre una valla. El juez de instrucción, en su auto de archivo, determinó que la actuación, en la que tuvo que usar la "mínima fuerza imprescindible" para reducir a la mujer, había sido correcta.
El arresto se produjo en julio de 2021 en Movera y la mujer detenida por atentado presentó denuncia contra el agente el mismo día de los hechos. En ese contexto, el policía solicitó asistencia técnica jurídica externa con abogado y procurador al ser citado en el juzgado en la doble condición de denunciado y denunciante-perjudicado por los daños y perjuicios que le fueron ocasionados en el ejercicio de sus funciones.
El procedimiento continuó y cuando el funcionario pasó la minuta a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento estos le denegaron el abono de los gastos que había generado como acusación particular en la causa. Su abogado, Enrique Esteban Pendas, inició entonces un largo procedimiento administrativo con alegaciones y recursos en el que, finalmente, le han dado la razón en una sentencia que ha sido declarada firme este pasado 23 de noviembre y da un plazo de diez días para cumplirla.
El letrado alegó en sus escritos que, según el artículo 63 del convenio del personal municipal, el Ayuntamiento de Zaragoza "garantiza la defensa jurídica" de los funcionarios en vía penal o civil siempre que el hecho derive de actuaciones en el ejercicio de sus funciones. Esa garantía debe prestarse tanto cuando sean "denunciados" como cuando ejerzan acciones penales y civiles en calidad de "perjudicados".
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 así lo recoge. Señala la magistrada que el procedimiento penal ha sido siempre el mismo, los hechos, también, y que lo único que varió fue que, a partir del auto de sobreseimiento libre y archivo, el policía local ya no requería asistencia jurídica como investigado, pero mantenía la condición de denunciante.
"De todo lo expuesto –señala la sentencia– ha de concluirse que la asistencia jurídica externa solicitada por el recurrente ha de incluir tanto las actuaciones precisas para su defensa en el procedimiento penal en calidad de investigado como las ejercitadas por el recurrente en la misma causa como denunciante-perjudicado para el resarcimiento de daños derivados de actos de servicio".
Por ello, ordena al Consistorio que se abone la minuta de los honorarios del letrado y del procurador, dentro de los criterios máximos fijados por el Colegio de Abogados de Zaragoza, como sucede en todos estos casos.
Para Enrique Esteban el fallo judicial supone un gran logro, pues no todos los policías locales ejercen la acusación particular en asuntos parecidos –y son bastantes, dado el aumento de casos de atentados contra agentes de la autoridad que se ha registrado– si la tienen que costear y ni mucho menos dan el paso de iniciar un largo contencioso para lograr que la abone el Ayuntamiento. En casos similares, la acusación queda en manos del Ministerio Público.
