Absueltos los tres acusados de fabricar viagras caseras en un laboratorio ilegal en Zaragoza
El juez no ve pruebas que los vinculen con las pastillas, las sustancias químicas y las máquinas halladas en la casa.
La Guardia Civil de Zaragoza encontró en una vivienda de María de Huerva, en mayo de 2021, un laboratorio clandestino con todo lo necesario para fabricar ilegalmente pastillas de viagra. Entre los efectos, hallaron tres máquinas troqueladoras, varios kilos de sustancias químicas en polvo y en líquido, básculas de precisión, ropa, guantes, una mascarilla quirúrgica, así como 521 comprimidos ya troquelados con las inscripciones VGR 100 por un lado y Pfizer por el otro. Las pastillas fueron analizadas y se detectó en ellas sildenafilo y tadalafilo, los principios activos de este tipo de medicamento indicado para la disfunción eréctil, cuya fabricación y distribución fuera de los cauces médicos es ilegal.
La intervención se produjo tras la llamada de la propietaria de la casa, la cual sospechaba que podría estar siendo utilizada para algo ilegal. A raíz del hallazgo, los agentes arrestaron a la persona que inicialmente había arrendado el inmueble, Víctor G. P., aunque este ya no residía allí. De hecho, había comunicado a la dueña que pensaba rescindir el contrato y la había subarrendado a un tercero. También arrestaron a Alejandro P. S. y a Christian R. B. Al primero -al que un año después arrestarían por fabricar 63 kilos de ‘speed’ en un bar de la calle de Sevilla, en Zaragoza- le atribuyeron el control del laboratorio y la elaboración de las pastillas y, al segundo, el transporte de la maquinaria y del material químico.
Los tres fueron juzgados por un delito contra la salud pública y se enfrentaban a penas de tres años y medio de prisión cada uno. En el juicio negaron tener relación con el laboratorio clandestino –no se encontró ADN de ninguno–e incluso conocerse entre ellos.
Sus abogados, José Cabrejas, Joaquín Tortajada y Noé Gabás, pidieron su absolución y el juez les ha dado la razón. El magistrado del Penal 2 recoge en su sentencia que no hay pruebas incriminatorias contra los acusados ni nada que los relacione con el material ilegal.
Los abogados impugnaron el registro de la vivienda, pues no contó con orden judicial ni con la autorización del inquilino. Sin embargo, el juez la valida porque tiene en cuenta la propia declaración de Víctor G. P. de que ya no moraba en la casa. Por tanto, indica, "su consentimiento no era necesario, pues había decidido voluntariamente que la finca ya no era su domicilio". Añade que esta situación también le beneficia respecto a las sustancias y efectos allí encontrados, pues no se encontraron sus huellas o ADN ni hay nada que lo relacione con ellos. El juez tiene en cuenta además la declaración de la propietaria de la casa de que en la zona se había producido alguna ocupación ilegal, lo que le lleva a absolverlo.
Respecto al presunto químico, Alejandro P. S., el magistrado señala que durante toda la causa solo ha reconocido ser titular de un número de teléfono y contra él no hay más que incriminaciones de otro acusado, Christian R. B., el
cual no las mantuvo ni ante el juez instructor ni durante el juicio. Además, la sentencia recoge que los agentes no cotejaron con el teléfono de Alejandro O. S. las conversaciones que Christian R. dijo haber tenido con él, ni los supuestos ingresos en sus cuentas bancarias que le hizo por las máquinas que adquirió. Aprecia también una "carencia investigadora" respecto a estas compras y a los resguardos de envío de las mismas que lo relacione con ellas.
