tribunales

Juzgan a un joven de Zaragoza acusado de fabricar viagras caseras en una vivienda

El investigado ya fue detenido en 2022 como presunto 'químico' de una red internacional de narcos que elaboraba 'speed' y MDMA. 

El investigado, cuando fue detenido en abril de 2022 en Zaragoza.
El investigado, cuando fue detenido en abril de 2022 en Zaragoza.
Oliver Duch

Alejandro P. S. está pendiente de ser juzgado por liderar presuntamente una red de traficantes que movía metanfetamina (MDMA) y ‘speed’ entre España y Países Bajos. El joven era el químico de la organización y fue detenido en abril de 2022 en Zaragoza por haber montado un laboratorio clandestino en el almacén del pub Mágica Noche, de la calle Sevilla, donde la Policía halló 63 kilos de ‘speed’. Pero ayer se sentó en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 2 junto a Christian R. B. y Víctor G. P. por fabricar supuestamente pastillas falsas de Viagra. Esta vez el laboratorio lo habría instalado en un inmueble de Cuarte de Huerva –alquilado por Víctor G. P.– y el material lo compraba y transportaba Christian R. B., según la Fiscalía.

El negocio lo desmanteló la Guardia Civil a raíz de la llamada de la dueña de la casa, que sospechó de que algo no iba bien en su propiedad. Cuando los agentes entraron al domicilio encontraron material para fabricar los medicamentos y troqueles para imprimir en las pastillas la inscripción de la farmacéutica Pfizer, propietaria de la patente de Viagra. También intervinieron 321 comprimidos azules y 200 blancos, todos con el logo de Pfizer; 11.134 gramos de polvos de color azul, doce botellas de cristal con líquido químico, 453 gramos de cafeína, 3.909 de sustancia de corte, tres máquinas troqueladoras y dos básculas de precisión,

Tanto las sustancias como las pastillas fueron analizadas y se detectaron los principios activos sildenafilo y tadalafilo, indicados en el tratamiento de la disfunción eréctil. A juicio de la Fiscalía, su presencia en los comprimidos les confiere naturaleza de medicamentos y, por lo tanto, su fabricación y distribución fuera de los cauces sanitarios son un riesgo para la salud pública al no estar sometidos a control médico. Por esa razón, pide para cada acusado tres años y medio de cárcel y 3.600 euros de multa.

Cuestionan el registro

Sin embargo, los abogados defensores alegaron que no hay pruebas contra sus clientes y solicitaron su absolución. Por un lado, Víctor G. P., que firmó el contrato de arrendamiento con la dueña del inmueble, aseguró no conocer a los otros dos acusados. Explicó que se marchó de la casa en noviembre de 2020 –la operación fue en mayo de 2021– y la subarrendó a un tal Rudolf, que solo pagó tres meses de alquiler. A la propietaria le entregó las llaves en mayo, al vencer su contrato con ella. El acusado, representado por el abogado Noé Gabás, declaró que no sabe nada de las sustancias que la Guardia Civil halló en la vivienda.

Por su parte, Christian R. B. se limitó a responder a las preguntas de su letrado, Joaquín Tortajada, y dijo que no conoce a Víctor G. P. y que solo tiene un antecedente por un delito leve por maltrato a su expareja.

El presunto químico, Alejandro P. S., afirmó no tener nada que ver con la casa de Cuarte ni con unas conversaciones recogidas en unos pantallazos de móvil que lo comprometen. Su abogado, José Cabrejas, como también hicieron sus compañeros de defensa, impugnó la entrada y registro a la vivienda, los análisis de las sustancias incautadas y los mensajes del móvil. Alegó que la entrada al inmueble fue ilegal pues no contó ni con la autorización del inquilino ni con una orden judicial.

«La Guardia Civil debió haber parado la inspección ocular al detectar indicios de delito y pedir autorización al inquilino o al juez», planteó. Admitió que estaba presente la dueña de la casa, pero tampoco firmó ningún permiso y no hay documentado ningún consentimiento. Cabrejas destacó que no se hallaron huellas dactilares o ADN de los acusados.

Mientras, la fiscal mantuvo que la vivienda no se usaba como domicilio sino como laboratorio, que era controlado por Alejandro P. S. Defendió que el registro fue autorizado por la propietaria, una vez que Víctor G. había abandonado la casa y dado de baja el contrato de luz.

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