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Una paliza a una joven en Caspe destapa una red de prostitución para la que piden 644 años de cárcel
La Fiscalía vincula a 13 personas con el negocio de explotación sexual, que estuvo funcionando durante cinco años.
Durante cinco años, entre 2016 y 2021, una organización criminal ganó enormes cantidades de dinero traficando con mujeres y explotándolas sexualmente en Caspe. Las víctimas habían estado recluidas antes en otros lugares, donde los proxenetas las tenían sometidas también a una estrecha vigilancia para evitar que escaparan. Sobre ellas pesaba además la amenaza constante de que si denunciaban, sus familias pagarían las consecuencias.
La agresión sufrida en octubre de 2019 por una joven de 18 años embarazada fue el detonante de una investigación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional que culminó un año después con la detención de siete personas y la liberación de cinco mujeres. Posteriormente, a la lista de investigados se sumarían seis personas más. Y la Fiscalía pide ahora para los encausados penas que suman 644 años de prisión.
El Ministerio Público acusa a todos ellos de tres delitos de favorecimiento del tráfico ilegal de personas, otros tres de trata de seres humanos en concurso con delitos relativos a la prostitución, y otro de blanqueo de capitales. A dos de los imputados se les acusa también de la violación de una de las jóvenes liberadas; a tres más se les investiga por un delito de tráfico de cocaína y a un cuarto, por tenencia ilícita de armas. Las penas de prisión que pide la Fiscalía llevan aparejadas indemnizaciones de 50.000 euros para tres de las víctimas. A una de ellas, la que sufrió la agresión sexual, en caso de condena, los dos autores deberían abonarle 20.000 euros más.
El fiscal detalla cómo los investigados, puestos de común acuerdo y con ánimo de enriquecerse explotando a las mujeres, montaron una organización con carácter «estable y permanente» y una estructura «jerarquizada» con cuatro niveles de actuación. En la cúspide se situaban Leudis Isaac C. C. y Pierre Andre C., encargados de captar mujeres en sus países de origen a través de colaboradores, organizar su traslado a Europa y, una vez aquí, decirles que habían adquirido una cuantiosa deuda que tenían que saldar prostituyéndose.
En el segundo nivel estaban las personas que gestionaban el prostíbulo y cobraban a los puteros, dinero que hacían llegar a los cabecillas una vez blanqueado en negocios y actividades mercantiles. Además de un club, «contaban con un restaurante, un gimnasio con un apartamento secreto en el municipio de Caspe y que eran usados para prostituir a las víctimas y legalizar las ganancias», mantiene el fiscal.
Pizzería, gimnasio y restaurante
En su escrito de acusación menciona la pizzería Lemamax, el gimnasio ‘fitness’ Cutler y el restaurante Meridiano Cero, propiedad del acusado Lubomir M. –a quien la Guardia Civil requisó una pistola y munición–, que luego traspasó a Costel M. M. La gerencia del club Los Almendros era llevada por Luminita P., expareja de Costel M., que lo había regentado antes que ella. Los acusados Flavius L. J. y Radu M. D. trabajaban allí, controlaban a las víctimas y las transportaban en vehículos.
Para entrar legalmente en España, el acusado, Juan Manuel A. R., escribía las cartas de invitación necesarias, que eran enviadas a las víctimas por Valeria Silvina V. F. Ambos se hacían cargo incluso del pago de las tasas administrativas. Cuando llegaban al país eran ubicadas en pisos y clubes de la organización. Obligadas a mantener todo tipo de relaciones sexuales sin recibir nada a cambio con la excusa de la supuesta deuda, las obligaban a consumir cocaína y venderla a quien la pidiera.
Para el fiscal, cada acusado, desde su lugar en el entramado, generaba en las víctimas una situación de indefensión total, puesto que no tenían recursos económicos ni arraigo en Caspe y no podían pedir ayuda por miedo a las represalias.
Un guardia civil, acusado de disuadir a las víctimas
La Fiscalía destaca en su escrito de acusación la especial intervención en la trama de trata de mujeres y explotación sexual del acusado Alejandro R. A., agente de la Guardia Civil en activo en el momento de producirse los hechos. El funcionario no solo no ayudó a las víctimas, sino que presuntamente las disuadía de que denunciaran, pues nadie les iba a apoyar. El fiscal expone que el guardia civil «mantenía una fluida relación pública de amistad» con los miembros de la organización.
«Aprovechándose de tal condición, a las mujeres que estaban siendo prostituidas les hacía saber directa e indirectamente que su situación era conocida por la autoridad policial, y que nada se iba a hacer al respecto», recoge la acusación pública. «Con su inactividad profesional, faltando a las obligaciones propias del cargo, les hizo creer que ningún apoyo institucional iban a tener, por lo que no se atrevían a denunciar los hechos», añade. Durante la instrucción, Alejandro R. A. intentó «alterar o suprimir la declaración de testigos», por lo que se siguió un procedimiento distinto en el que se ha dictado auto de apertura de juicio oral.
