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El preso que aprovechó una fuga para matar a su vecina en Zaragoza se juega otros 25 años de cárcel

La Fiscalía ignora todavía cuál fue el motivo por el que el acusado preparó la emboscada y se ensañó a puñaladas con la víctima, de 32 años.

Crimen en la calle Alegría de Zaragoza
Domicilio de la víctima, precintado por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional
Guillermo Mestre

Un permiso carcelario de Navidad permitió a un preso de Zuera que cumplía una condena de 21 años por el asesinato de una joven en Madrid darse a la fuga. El reo debería haber regresado al presidio el 6 de enero de 2020. Pero no lo hizo, y nada se supo de su paradero hasta el 30 de mayo de 2022, cuando la Policía Nacional volvió a detenerlo por otro crimen. En este caso, en Zaragoza, ciudad en la que había permanecido oculto de piso en piso durante casi dos años y medio.

Por este segundo asesinato, la Fiscalía acaba de solicitar una condena de 25 años de cárcel para el marroquí Adil Lazizi (46), a quien acusa de preparar una emboscada a su vecina, Cristina G. L., (32) para acuchillarla después con ensañamiento hasta la muerte. Concluida la instrucción del caso y a la espera de que se celebre el juicio con jurado, el Ministerio Público reconoce que todavía no sabe cuál fue el móvil de tan sangriento crimen. Porque los investigadores no han podido acreditar que existiera algún tipo de enemistad o enfrentamiento previo entre el homicida y su víctima. Ni siquiera una razón económica o de alguna otra naturaleza que llevara al primero a actuar como lo hizo.

Él alega legítima defensa

De forma distinta opinan los abogados del encausado, Carmen Sánchez y Luis Ángel Marcén, quienes mantienen que este se limitó a defenderse. Y lo hacen porque cuando llegó la Policía al escenario del crimen, el número 8 de la calle Alegría, en el barrio de San José, no solo encontró a la joven desangrada en el rellano del primer piso. También el ahora acusado presentaba distintos cortes de los que tuvo que ser asistido en urgencias.

Al ser preguntado por lo sucedido, Adil Lazizi contó a los agentes que su vecina lo «acosaba»  para «tener un rollo» y que él «no quería».Explicó también que aquella noche, sobre las 21.43, la mujer llamó a su puerta y que,  nada más abrir, ella sacó un arma blanca de entre sus ropas y se la clavó. Según el marroquí, se produjo entonces un forcejeo en el que ambos cayeron al suelo. Y, «con suerte», manifestó, pudo hacerse con el cuchillo y clavárselo en el cuello.

Pero la versión del presunto asesino no tardó en desvanecerse, ya que su propia compañera sentimental, con la que convivía en el 2º B, reconoció sin ningún género de dudas que el arma homicida era un cuchillo de su cocina. Durante la inspección del piso de Cristina G. L., los funcionarios del Grupo de Homicidios hallaron también una gorra de su vecino, así como el fragmento que le faltaba al guante de goma que él llevaba puesto.

Como informó HERALDO, antes de exhalar el último aliento, la    acuchillada logró identificar a su propio asesino. «Ha sido el de allí», manifestó la mujer mientras agonizaba, indicando con su mano derecha una puerta entreabierta de su rellano. Con quien habló fue con otro inquilino del edificio, el primero en acudir a auxiliarla. «¿El vecino de ahí?», le preguntó este hombre, a lo que ella respondió con un «sí». «¿Lo conocías?», le insistió, tratando de tranquilizarla mientras llegaban las emergencias. «No puedo respirar», contestó finalmente ella.

La familia pedirá responsabilidades al Estado

El abogado Rafael Ariza, que representa a la familia de la víctima, también acusa a Adil Lazizi por un delito de asesinato, ya que considera que concurren las circunstancias agravantes de alevosía y ensañamiento.  El letrado ya ha anunciado también su intención de exigir responsabilidades administrativas al Estado, por ser el autor del crimen un preso fugado.

«Existe una responsabilidad ‘in vigilando’ del Estado cuando algún recluso comete un delito en prisión. En cualquier caso, el asesino de Cristina era un convicto en rebeldía al que las Fuerzas de Seguridad tuvieron casi dos años y medio para localizar y devolver a la cárcel», señala el abogado.

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