La Fiscalía ha decidido pedir finalmente una pena de 25 años y medio de prisión para la exalcaldesa de La Muela María Victoria Pinilla como principal encausada de la presunta trama corrupta destapada por la Operación Molinos. Y al hacerlo, ha provocado una dura crítica por parte de la defensa, que entiende que el ministerio público está vulnerando el principio de legalidad y desobedeciendo las condiciones que fijó el Tribunal Supremo cuando ordenó repetir el juicio contra nueve de los encausados.

Según el abogado Santiago Palazón, que defiende los intereses de Pinilla, ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares –Ayuntamiento de La Muela, Abogacía del Estado e Instituto Aragonés del Agua– podían pedir ahora para la exalcaldesa una condena superior a la que inicialmente se le impuso: 17 años. Solo cabría añadir a esta pena otros dos años, que son los que ahora se piden para la encausada por un delito de fraude y exacciones ilegales del que en principio fue absuelta, puntualiza su letrado. La misma tesis mantienen los abogados de otros encausados consultados por HERALDO, que aseguran que el Alto Tribunal fue "meridiano" a este respecto.

Sin embargo, la Audiencia de Zaragoza hizo llegar ayer a las partes el escrito de calificaciones definitivas de la Fiscalía, y en este se atribuyen hasta 13 delitos a María Victoria Pinilla, por los que se exigen un total de 25 años y medio de prisión. A estos hay que sumar otros 75 años de inhabilitación para el desempeño de un cargo o empleo público, así como multas que ascienden a 19 millones de euros.

Cuando fue juzgada por primera vez, el ministerio público propuso una condena de 37 años de cárcel para la exregidora, aunque finalmente fue condenada a 17. Pero como informó este periódico, la Fiscalía ha retirado en esta ocasión un par de delitos –exacciones ilegales y malversación de caudales públicos– a Pinilla, por lo que la pena propuesta no es tan alta como entonces.

Distintas interpretaciones

A la hora de justificar por qué se ha rebasado el techo de los 19 años de cárcel que de acuerdo con las defensas fijó el Tribunal Supremo, la Fiscalía Provincial da una explicación. "Respetamos la interpretación del fallo que puede hacer la defensa de la señora Pinilla, pero nosotros entendemos que esta es una causa nueva y el Supremo solo marcó la condición de no rebasar la condena de la primera sentencia para el caso de dos acusados, los hermanos Julio y David de Miguel", señala. "Nuestro criterio es este y entendemos que en ningún momento estamos vulnerando el principio de legalidad –añade–. En cualquier caso, será la Sala que juzga el caso la que tenga la última palabra".

Un "auténtico esperpento"

El malestar de la defensa de Pinilla era ayer palpable: "En España rige el principio de legalidad, que obliga sobre todo al ministerio fiscal". Para el letrado Santiago Palazón, el nuevo escrito de calificaciones del ministerio público es "un auténtico esperpento". "Solo espero que haya una rectificación", manifestó.

Lo que sí se ha confirmado es la retirada de cargos contra el empresario y socio de Construcciones Sagain, tanto por parte de la Fiscalía como del resto de acusaciones. Por ello, no debería haber ningún problema para que este acusado, defendido por el letrado Francisco García Belenguer (del despacho de abogados de Enrique Trebolle), abandone el banquillo el próximo miércoles, cuando se reanude el juicio para escuchar los informes finales y dejar el caso visto para sentencia.

Quienes tendrán que esperar a conocer la nueva sentencia serán, además de Pinilla, otros siete encartados: Antonio Fando (Empresa NTA, condenado en su día a 10 años);Julio y David de Miguel (Aranade, que fueron condenados a dos años);Fernando Barba (concejal, al que impusieron 6 años y 9 meses); Alberto Lozano (director sucursal Cajalón, condenado con 8 meses). Los empresarios Juan Ignacio Unsaín y Julio de Miguel fueron absueltos de un delito por el que han vuelto a ser juzgados ahora.