Pinilla: "Mi preocupación era el interés del pueblo. Las cuentas de casa las llevaba mi marido"

La exalcaldesa María Victoria Pinilla declara por primera vez por el caso La Muela, diez años después de la Operación Molinos por presunta corrupción en el municipio zaragozano.

La exalcaldesa, acompañada de su abogado, Santiago Palazón, a su llegada a la Audiencia de Zaragoza este lunes.
José Miguel Marco

La exalcaldesa de la Muela, María Victoria Pinilla,  declaró por fin este lunes ante el tribunal de la Audiencia de Zaragoza encargado de repetir, por orden del Tribunal Supremo, el juicio contra ella y seis acusados más de la Operación Molinos. Su interrogatorio se produce diez años después de iniciarse la investigación policial por presunta corrupción en el Consistorio muelano durante los cerca de 24 años que Pinilla estuvo al frente del mismo.

Con ganas de explicarse pero limitándose a los asuntos sobre los que no hay sentencia absolutoria tras el primer juicio celebrado contra 40 acusados –que se saldó con 20 condenas– Pinilla quiso dejar claro que en el Ayuntamiento de la Muela se hacía todo "con luz y taquígrafos", los acuerdos se "aprobaban en el pleno" y "nunca faltó" un "abogado, un arquitecto o un secretario" que los avalaran o supervisaran.

La fiscal del caso, Victoria Esponera, comenzó el interrogatorio de la exregidora pasadas las 10.00 y se prolongó hasta las 18.30, con apenas una hora de receso. A lo largo de esas ocho horas largas, la representante del Ministerio Público trató de que la acusada le aclarara su participación en los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho o fraude fiscal y de subvenciones que le atribuye.

Pinilla negó "tajantemente" todas las acusaciones e hizo hincapié en que no se benefició ilegalmente de su posición como alcaldesa, no cobró comisiones, ni cargó gastos privados (como comidas) al Ayuntamiento, ni recibió dinero negro de la empresa Aranade, contratada para gestionar la Sociedad Urbanística Municipal de La Muela.

La gestión de Aranade, fundamental en la expansión de la localidad, fue el primer tema que se abordó. María Victoria Pinilla expuso que la sociedad urbanística se creó en 1997, "época del boom urbanístico" con la intención de que su pueblo fuera "para arriba".

Explicó que si contrataron a Aranade –propiedad del acusado Julián de Miguel–, para gestionar las compras y ventas de terrenos municipales se debió a que "fue la única empresa que no exigió dinero para empezar a trabajar". Según la exregidora, se acordó que Aranade se llevara un 10% de los suelos que vendiera, salvo si los compraba la propia mercantil, que en ese caso percibiría el 5%.

La exalcaldesa dijo no conocer los apuntes contables que la Policía halló en la habitación de su casa, en la que dormía su marido, ni los encontrados en las oficinas de Aranade. En esos folios manuscritos había anotaciones de pagos efectivo por múltiples conceptos -coches de los hijos, distintas compras de la sociedad Embarba-Pinilla que gestionaba con su marido, la compra de la paridera, pagos de fiestas del pueblo, viajes...- sobre los que la acusada ha dicho no saber nada. Según esta, ni era su letra ni firmó ningún pago. De hecho, sugirió a la fiscal que pregunte a las personas que figuran ahí y no a ella.

Según la Policía, esos pagos que Aranade hizo a Pinilla en ‘B’ en contraprestación y como agradecimiento a los contratos suscritos por la Sociedad Urbanística de La Muela, sumaron 3,7 millones de euros que Julián de Miguel le entregó entre 1998 y 2007. La encausada lo negó y puntualizó en varias ocasiones que ella, además, no se encargaba de los gastos familiares. "El interés general de mi casa lo llevaba mi marido. Yo, como alcaldesa, me ocupaba del interés general de pueblo", declaró.

Igualmente mostró su extrañeza de que alguien maneje dinero negro. "Para mí es sorprendente pagar y comprar en ‘B’", afirmó. Insistió en que quien se ocupaba de la economía familiar era el "jefe de la casa", es decir, su exmarido. Su despreocupación por los asuntos caseros y su confianza en Juan Antonio Embarba era tal que, según declaró, tampoco sacaba dinero del banco sino que lo hacía de un cajón que tenía su exesposo en su despacho. "Ahí podía tener desde 700 hasta 1.500 euros al mes. Yo iba cogiendo cuando necesitaba", manifestó.

En cuanto a sus gestiones con la Comisión de Ordenación del territorio del Gobierno de Aragón para que aprobara los distintos planes sectoriales, Pinilla dijo que, como cualquier alcalde, ella hablaba con quien hiciera falta para sacar adelante lo que le parecía "beneficioso para el interés de su pueblo". Añadió que, en esa época, el PAR pidió a los alcaldes una relación de los proyectos que querían sacar adelante.

Preguntada sobre cómo consiguió que la DGA eximiera al Consistorio de construir VPO en el sector denominado Urcamusa, respondió: "Se haría como lo ordena la Ley de Haciendas Locales. Y vino aprobado y firmado por el vicepresidente José Ángel Biel. Si se saltó algo fue él, no yo".

La acusada no explicó o dijo desconocer muchas cuestiones controvertidas en esta causa, como la venta de una parcela a la empresa Sagain, cuyo responsable, Francisco Aramburu, está en el banquillo. El suelo, que incluía urbano y consolidado, se vendió al mismo precio el metro cuadrado por un total de 1,7 millones. Al mes siguiente, Sagain la revendió por 4,3 millones.

"Yo no participé en eso y creo que no es mi misión ver quién compra y si da el estacazo luego. Hay a quienes les fue muy bien y a quienes les fue muy mal", manifestó. El juicio continuará este martes con el interrogatorio de la exalcaldesa por parte del resto de acusaciones, abogados de los otros seis acusados y su propio defensor. 

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