Acusado de ponerse de acuerdo con dos prestamistas para desvalijar a sus tías octogenarias

La Audiencia de Zaragoza juzgará el próximo 17 de diciembre a José Ángel R. B. por urdir presuntamente una despiadada trama para arrebatar el patrimonio de sus tres ancianas y seniles tías, dos octogenarias y una nonagenaria (ya fallecida), las cuales terminaron totalmente desamparadas. Su estado de abandono fue descubierto por la Policía Local al encontrar a una de ellas vagando por la calle en diciembre, semidesnuda y desnutrida. Esta circunstancia activó el protocolo de intervención social y el Gobierno de Aragón asumió su tutela. Desde entonces están en una residencia. La Fiscalía acusa a José Ángel R. B. de un delito continuado de apropiación indebida y pide para él 6 años de prisión y el pago de una indemnización de 233.572 euros. Su abogado, Javier Lorente, niega los hechos y solicita la absolución.

Sin embargo, la acusación particular, ejercida por el letrado Iván Sanz, imputa también a los dos prestamistas con los que supuestamente el sobrino se puso de acuerdo para desvalijar a su familia y pide 8 años para el principal acusado y 4 para cada uno de los otros dos. Sus defensas, Concepción Guelbenzu y Felipe García también niegan los hechos.

Las tres mujeres, de 84, 89 y 93 años, vivían en el Camino de las Torres, cobraban entre las tres pensiones que sumaban 3.150 euros y no tenían deudas ni cargas familiares. Según las acusaciones, a comienzos de 2012, José Ángel R. B., aprovechándose de su deterioro senil, problemas de memoria y su especial vulnerabilidad, comenzó a embaucarlas para que le dieran dinero periódicamente.

A la vez, las convenció para irse a vivir con ellas con la excusa de cuidarlas. "Pero lejos de prestarles el cuidado debido, se dedicó a aprovecharse de la situación, abocándolas a una situación de precariedad y absoluto abandono, llegando a pasar hambre y frío, tolerando que les faltase el alimento y la calefacción, el debido control médico y la adecuada atención social", asegura la acusación.

Lo primero que hizo fue hacerles creer que tenía problemas económicos (lo único cierto de toda su situación) pero que pronto iba recibir un importante dinero que le debían. Así, las mujeres accedieron a otorgarle un amplio poder notarial que le permitía hipotecar su casa y pedir préstamos.

Una vez conseguido y, según la acusación, habiendo tramado un plan previo con los prestamistas, solicitó a Jesús Sergio U. uno de 21.000 euros a un interés del 12%, con la garantía hipotecaria de la vivienda de las tías, que fue valorada en ese momento por el usurero en 232.000 euros. Sin haber pagado un solo céntimo de ese crédito, solo dos meses después, José Ángel R. B. volvió a concertar, de común acuerdo con el acusado Conrado F., un nuevo préstamo, por importe de 57.000, a unas condiciones abusivas (un interés del 14%, unas comisiones desproporcionadas e injustificadas).

Este capital se destinó fundamentalmente a cancelar el primero de los préstamos (pese a que todavía quedaban diez meses para su devolución), pero permitió a los tres obtener buenos beneficios. Para la acusación, la "culminación" de la trama se produjo en septiembre de 2012. Entonces se firmó ante notario una escritura por la que las hermanas procedían a la venta de su casa a la mercantil de uno de los prestamistas por 92.000 euros, de los cuales no percibieron cantidad alguna, dado que los tres acusados se repartieron el producto de la venta.

Una vez perdida la vivienda y "como corolario a tan despiadada planificación", afirma el abogado de las ancianas, la empresa del prestamista firmó un ‘simulado’ contrato de arrendamiento que amparaba artificiosamente que las hermanas no fueran desahuciadas de inmediato, pues ello posiblemente hubiera podido levantar sospechas. Un año después, Sergio U. G., como nuevo propietario, instó un juicio de desahucio alegando un impago de la renta.