El gobierno de ZEC en el Ayuntamiento de Zaragoza se mostró confiado este lunes de que al final la contabilidad municipal no tendrá que asumir el 100% de la deuda del tranvía, unos 233 millones de euros, y que solo se computará en el peor de los casos una parte, entre 60 u 80 millones de euros. De este modo podrá cumplir los parámetros de deuda que impone el Ministerio de Hacienda y acudir a los bancos en 2019 para financiar inversiones o atender el pago de sentencias.

Esta es la previsión con la que trabaja ZEC después de una reunión mantenida el pasado jueves en la sede de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en la que los responsables municipales solicitaron que se aclarara el criterio que se debía aplicar a la hora de contabilizar la deuda del tranvía.

En septiembre, el Ministerio de Hacienda envió una carta al Consistorio en la que rechazaba los datos de deuda por no computar el pasivo que arrastra el tranvía de Zaragoza: este criterio disparaba la ratio de endeudamiento municipal (relación entre la deuda viva y los ingresos corrientes) por encima del 110%. Eso significaba que el Consistorio no podía solicitar nuevos préstamos bancarios (para 2019 están previstos 26,7 millones) o acceder al Fondo de Impulso Económico (FIE), por el que se aspiraban a financiar al menos otros 13 millones de euros.

Tras la reunión del jueves, ZEC se mostró convencido de que habrá una solución. En una comisión solicitada por el PP, el concejal de Economía, Fernando Rivarés, negó en primer lugar al Ministerio de Hacienda cualquier capacidad de decidir si Zaragoza acude a la deuda o no, competencia que atribuyó en exclusiva a la DGA, y calificó de "errónea" la interpretación por la que el Gobierno central imputa al Ayuntamiento los 233 millones de euros. "Es una deuda virtual", aseguró.

Después de una "pausa dramática", según dijo, sostuvo que esa deuda solo existe "a efectos de contabilidad nacional", no municipal. Pese a todo, afirmó que en el peor de los casos solo cabría computar la parte que el Ayuntamiento dedica a subvencionar el billete. Fuentes municipales estimaron que podrían ser como mucho entre 60 y 80 millones de euros, cifras que dejarían a Zaragoza por debajo del 110%. "No cambiaría nada", afirmó Rivarés.

En la comisión hablaron la directora general de Economía, Ana Sanromán, y el interventor, José Ignacio Notivoli. Sanromán explicó que en la reunión se concluyó que el Ayuntamiento no tenía que asumir "el 100% del riesgo" de la operación financiera que soporta el tranvía, dado que también se debería contar con los ingresos, sino que solo debería figurar como pasivo la parte vinculada a la subvención de la línea. Esta tesis, según transmitió, es compartida por la IGAE. Subrayó que con estos condicionantes no se supera el 110%.

A diferencia de la responsable del gobierno municipal, Notivoli no avanzó ninguna cifra de lo que supondría el nuevo criterio a la espera de que la IGAE facilite por escrito su criterio. En cualquier caso, rechazó la posición de Hacienda de imputar los 233 millones a la contabilidad municipal.

Pese a que el debate tenía un contenido técnico, Rivarés mantuvo un tono crispado, enfadado por el hecho de que el PP le hiciera comparecer en comisión. A su juicio, los populares solo querían organizar "un paripé" y "entorpecer la buena gestión del gobierno". "Está mintiendo, coño", llegó a decir muy alterado a la edil del PP María Navarro.

El resto de los grupos respetaron las formas y expresaron su inquietud ante esta amenaza sobre las cuentas, dado que puede condicionar la elaboración de los presupuestos de 2019. María Navarro recordó que al Ayuntamiento de Murcia se le ha imputado el 100% de la deuda por una operación similar y que la interpretación que hace el Gobierno central "perjudica mucho" a la estabilidad financiera del Ayuntamiento. Sostuvo que este conflicto evidencia que una segunda línea del tranvía es "inviable".

Javier Trívez, del PSOE, criticó a los populares, dado que consideró que la petición de comparecencia confirma que "al PP solo le interesa que al Ayuntamiento le vaya muy mal". Pero no ocultó su preocupación por el asunto y habló de un "serio problema". "Comparto el punto de vista del interventor, pero ante el Banco de España, la Intervención del Estado o Bruselas tenemos una batalla difícil de ganar", dijo.

Sara Fernández, de C’s, respaldó la tesis de la Intervención municipal. "Hay que aclarar el tema y que la deuda compute donde tiene que computar para que podamos acceder a esa financiación", dijo. Carmelo Asensio, de CHA, afirmó que "es una barbaridad que se nos obligue a contabilizar el 100% de la deuda cuando el Ayuntamiento solo participa en un 20%", declaró.