teruel
El Estado rechaza indemnizar a familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor el Ruso
Argumenta que las ayudas por daños en acto de servicio van dirigidas a los agentes y estos han fallecido
El Estado ha rechazado compensar con un total de 560.000 euros a familiares de los dos guardias civiles asesinados en acto de servicio en Andorra el 14 de diciembre de 2017 –junto al ganadero José Luis Iranzo– por Igor el Ruso. La viuda de Víctor Caballero –uno de los agentes– reclamó 300.000 euros, mientras que los padres y hermanos de Víctor Romero –el otro policía fallecido– pedían 260.000 euros.
La cuantía es la que la Audiencia de Teruel impuso al autor de los crímenes en su sentencia condenatoria, pero que este no ha aportado por ser insolvente.
El Gobierno alega que, si bien hay ayudas para reparar los daños que sufren los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones cuando el delincuente que los ha causado no puede responder, estas no se pueden aplicar en el caso de homicidios porque la víctima ha muerto, “una circunstancia vital irreversible e irreparable”. La resolución añade que los perjuicios de los familiares son “totalmente ajenos a la relación especial de servicios que vinculan al Guardia Civil con la Administración”.
El abogado que defiende a los reclamantes, Mariano Tafalla, tacha de “aberración jurídica” el fallo del Estado, “porque es tanto como decir que si un agente recibe un disparo en una mano se le indemniza, pero si da su vida en acto de servicio se le entierra y ya está”. A su juicio, la decisión del Estado "choca frontalmente contra los principios generales del derecho resarcitorio".
Tafalla presentará un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno, pero lamenta que la duración de este nuevo proceso “impedirá a las familias pasar página del duelo y estas deberán seguir judicializadas un año o dos más”.
La viuda de Víctor Caballero y los padres y hermanos de Víctor Romero interpusieron también una reclamación patrimonial contra el Gobierno al considerar que faltaron medios para cercar y detener al delincuente antes de que matara al ganadero y a los dos agentes, pero el Estado aún no ha resuelto.
Tanto en la reclamación patrimonial como en el expediente administrativo de resarcimiento ahora denegado, la cuantía solicitada por los familiares de los dos agentes es la misma.
Tafalla aclara que se trata de una única cantidad reclamada y que en caso de que se concediera en uno de los dos procesos, el otro quedaría anulado.
