Las familias del joven ganadero José Luis Iranzo y los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero, de cuya muerte a tiros por el asesino en serie Igor el Ruso en Andorra se cumplen este miércoles cinco años, reclaman al Estado una suma de 4,3 millones de euros como indemnización por la tragedia vivida, al entender que el daño pudo tener su causa en el funcionamiento, normal o anormal, de la Administración.

A ello se añade que no han percibido las compensaciones fijadas por la Justicia, pues el acusado es insolvente. Tras el veredicto de culpable que el jurado popular descargó sobre el serbio Norbert Feher, alias Igor el Ruso, y que supuso su condena a prisión permanente revisable, los tribunales buscaron en España y fuera de ella bienes que pudieran serle embargados, pero no hallaron nada.

Todas han presentado ante el Ministerio del Interior un expediente de responsabilidad patrimonial. Los trámites están muy avanzados y los familiares confían en que haya una resolución en el plazo de tres o cuatro meses. Si la respuesta no fuera acorde con su demanda, se abriría la posibilidad de acudir a la vía de lo contencioso administrativo.

Solo la familia de José Luis Iranzo reclama tres millones de euros. Aunque la sentencia de la Audiencia de Teruel fijaba 1,7 millones de euros –la mayor compensación por asesinato que figura en la jurisprudencia española–, su viuda, hijo, padres y hermanos elevan la cuantía de acuerdo a informes periciales que valoran el futuro que tenía el ganadero.

"Iranzo gestionaba una próspera explotación agropecuaria, tenía un hijo de cuatro años, era un líder social, un luchador que se preocupaba por sus contemporáneos e iba a ser nombrado secretario general de la UAGA", explica Enrique Trebolle, abogado de los Iranzo. 

Trebolle quiere que el Estado admita que Iranzo no debió formar parte del dispositivo militar –integrado por guardias civiles– que a primera hora de la tarde del 14 de diciembre de 2017 buscó sin éxito por los montes al delincuente, regresando después solo a su masico, donde le aguardaban dos tiros de Igor el Ruso. "Debieron proteger a un civil que intervino en la búsqueda", remarca el abogado.

La familia del agente Víctor Caballero pide 560.000 euros. Su abogado, Mariano Tafalla, esgrime que la Guardia Civil de Teruel no disponía de la información policial sobre Igor el Ruso que lo identificaba como un peligroso delincuente que había matado a dos personas en Italia y que estaba siendo buscado internacionalmente en el sur de España. Señala que esto impidió cercar al asesino cuando 9 días antes intentó matar en Albalate del Arzobispo a dos personas.

Los familiares del guardia civil Víctor Romero piden 760.000 euros. Según su abogado, Jorge Piedrafita, la reclamación patrimonial persigue "que se llegue al fondo de la verdad y se adopten las responsabilidades y medidas correctoras oportunas para que una tragedia así no vuelva a repetirse". Al igual que su compañero, Romero murió en acto de servicio. Ambos fueron abatidos a tiros por Feher cuando identificaban un vehículo en busca del autor de los disparos contra el ganadero.

Aún queda un frente judicial abierto tras el reguero de sangre que Igor el Ruso dejó en Andorra, y es el que ha promovido la Asociación Amigos de Iranzo, que ha presentado una denuncia en el Juzgado de Alcañiz para que se investiguen los hechos sucedidos entre el intento de homicidio de dos personas en Albalate del Arzobispo y la muerte de Iranzo, Caballero y Romero.