TERUEL. La esposa y la hija de Víctor Romero–uno de los dos guardias civiles asesinados en Andorra el 14 de diciembre de 2017 por Igor el Ruso– no están de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula la multa de 4.320 euros impuesta por la Audiencia de Teruel a dos tuiteros por lanzar mensajes ofensivos conta los agentes el mismo día de su muerte y recurrirán el fallo ante el Tribunal Constitucional.

El abogado que las representa, Jorge Piedrafita, sostiene que ambos agentes fueron víctimas de un delito violento y, por tanto, merecen una especial protección que no puede verse mermada por el derecho a la libre expresión. Con este argumento, Piedrafita pedirá al Tribunal Constitucional que condene a los cuatro tuiteros procesados inicialmente y, en especial, a los dos que fueron sancionados por la Audiencia de Teruel, al estimar que profirieron las expresiones más graves. "Si no logramos nuestro objetivo, acudiremos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y, si se acaba la vía penal, iniciaremos la civil", dice el letrado.

Por su parte, el abogado de la pareja de Víctor Caballero –el segundo agente asesinado– y de otros familiares de Romero, Mariano Tafalla, renuncia a recurrir el fallo del TS al estimar que, para sus representados, es mayor el dolor de continuar con el procedimiento y rememorar lo ocurrido que el resultado que puedan obtener. Tafalla considera que hubo "una injuria manifiesta" contra los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, "hasta el punto de que quienes la cometieron desean su muerte y se alegran de ella". Añade que algunos de los tuiteros dieron a sus mensajes connotaciones políticas debido a que uno de ellos pertenecía a una asociación independentista catalana, una deriva en la que sus clientes no quieren participar.

"Creemos que debe ser el Estado el que reflexione y vea si tenemos la legislación adecuada para defender situaciones de este tipo, pues nosotros entendemos que el derecho a la libertad de expresión no debe nunca menoscabar la integridad e inviolabilidad del duelo de las viudas", declara Tafalla.

Esta parte también descarta acudir a la vía civil si se diera por terminado el procedimiento penal al valorar que los procesados son "absolutamente insolventes". Tafalla sostiene que la exculpación de los tuiteros es una "anomalía" que el Estado "puede arreglar, porque tiene resortes para ello". El abogado de la pareja de Víctor Caballero se confiesa decepcionado por las resoluciones judiciales que se han producido hasta la fecha y reivindica que "no se puede dejar al libre albedrío que personas se burlen de la muerte ajena". 

En la misma línea, el abogado que representa a la madre y hermanos de Víctor Caballero, Ramón Castro, manifiesta su "total desacuerdo" con el fallo del TS y pide a los legisladores "que reflexionen". "Es muy chocante que personas que mueren defendiendo a todos los españoles reciban este escarnio y siento que se desprotege moralmente a las víctimas de estas expresiones ofensivas solo por pertenecer a un cuerpo de seguridad", dice Castro. 

Si bien esta parte no recurrirá ante el Constitucional la sentencia del TS que exculpa a dos de los tuiteros procesados -los otros dos ya fueron absueltos con anterioridad- , expresa su apoyo a Jorge Piedrafita. "Las víctimas merecen una reparación, aunque solo sea porque estas situaciones no se den en un futuro y no haya impunidad con ellas", afirma Ramón Castro.

Uno de los mensajes colgados en las redes el día del fallecimiento de los dos guardias civiles decía: "Pues que hubieran estudiado en vez de alistarse en un cuerpo militar de matón y ablandaabuelas". En otro se leía "perros malditos" o "odio tanto a la policía que ojalá un día los yihadistas tiren una bomba en una comisaría y ver el sufrimiento de las víctimas".