Los sindicatos de prisiones en Aragón reclaman que los funcionarios y el personal laboral que trabajan en las cárceles aragonesas (Daroca, Zuera y Teruel) y los CIS (Centros de Inserción Social) de Huesca y Torrero sean considerados agentes de la autoridad por el Congreso de los Diputados, con la misma mayoría que se ha hecho esta semana en el Senado (258 votaron sí, 3 no y 11 abstenciones).

Así lo transmiten varios sindicalistas consultados procedentes de CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) y de Tampm (Tu Abandono Me Puede Matar), mientras fuentes sindicales señalaron que el Acaip-UGT apoyó también esta propuesta de ley presentada en el Senado por el Partido Popular esta semana.

Esta propuesta supondría la modificación de la ley general penitenciaria, aprobada en 1979, y plantea además que las prisiones cuenten con el personal necesario y debidamente cualificado. Al tener esta condición, los funcionarios podrían identificarse con su número de registro profesional, como los agentes de la Fuerza de Seguridad, en lugar de tener que dar su identidad tanto en procesos judiciales como administrativos.

Alfonso Peiró, portavoz de CSIF de la cárcel de Zuera, señaló que “todo tipo de propuesta de que nos consideren autoridad es buena, aunque necesitamos que además del Senado se haga también en el Congreso, que es el que tiene la potestad legislativa”. En ese sentido, recalcó que los funcionarios necesitan “un apoyo político” para que se cambie la ley.

Asimismo, agregó que si los funcionarios llegan a ser agentes de la autoridad esa condición debería ir acompañada del “principio de la indemnidad de la Administración”, lo que supondrían distintos mecanismos de protección del funcionario público con la finalidad de compensarle económicamente de cualquier perjuicio.

Otra de las propuestas en la que coinciden los sindicatos es que no solo se quede para los funcionarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias debería cubrir también la protección al personal laboral que trabaja en las prisiones y a los CIS. Así lo señalan Alfonso Peiró y la portavoz de Tamp, Cristina del Valle, quien agregó que la demanda de esta protección es un pacto en el que coincide también Acaip-UGT con los partidos políticos PP y PSOE.

La votación del Senado

“Ha habido consenso entre casi todos los partidos en el Senado porque han votado sí 258, y solo lo han rechazado tres y ha habido 11 abstenciones. Sabemos que Bildu votó en contra y dos de ellos se abstuvieron”, señala la portavoz de Tamp. “Para nosotros es una demanda histórica y llevamos muchos años reclamándola. Se ha pactado con el PP que van a añadir enmiendas a la propuesta que presentaron en el Senado para el personal laboral que trabaje en prisiones. Estamos contentos que se haya aprobado y también lo han negociado de Acaip-UGT, tanto con el PP como con el PSOE”.

Por otro lado, este periódico ha consultado a otros funcionarios independientes de las prisiones aragonesas que han mostrado una posición distinta, una favorable y otra contraria. En el primer caso, una mujer se mostró “totalmente de acuerdo con la consideración de agentes de autoridad de los funcionarios, pero además debe ir acompañado de una buena selección, formación y cualificación”, considera.

El otro funcionario se mostraba crítico porque considera que “las cárceles no son cuarteles” y “no necesitan ser agentes de la autoridad”, ya que cree que eso iría contra el artículo 25.2 de la Constitución, que reclama que las penas privativas y las medidas de seguridad están orientadas “hacia la reeducación y la reinserción social”.

En la propuesta de reforma legal los partidos y los sindicatos defienden que la condición de agentes de la autoridad para los funcionarios permitiría que los informes que emitan gocen de presunción de veracidad en cualquier juicio y que los atentados que sufran tengan efectos penales y no se resuelvan con meras sanciones.

En ese sentido, el funcionario destaca que la ley orgánica General Penitenciaria 1/1979 fue la primera de ser aprobada para modificar la normativa del Franquismo. Además, dice que cuando un preso es juzgado por una agresión a un funcionario, lo acusan de un atentado contra una autoridad, como ya le pasó a él en 2004. “A la hora de que un juez valore si hay un vídeo sobre una agresión, las palabras del funcionario no valdrán más que esas imágenes”, señala.