La petición de un convenio autonómico en Aragón para los trabajadores de protección de menores llega a las Cortes
La reivindicación del colectivo se debate este martes en la Comisión de Bienestar Social de la mano de una proposición no de ley presentada por IU.
La Plataforma por un convenio autonómico para protección y reforma de menores en Aragón ha reclamado este lunes la elaboración de ese acuerdo que mejore y dignifique las condiciones laborales de estos trabajadores considerados esenciales en momentos complicados como la covid y que, sin embargo, cobran salarios "de subsistencia" que rozan el mínimo interprofesional.
Una petición que han hecho este lunes en rueda de prensa Berni Esteban y Sonsoles Giménez, integrantes del colectivo, acompañados por el diputado de IU, Álvaro Sanz, en la que han presentado la proposición no de ley que esta formación ha hecho suya y que se debatirá este martes en la Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes.
En la misma piden la constitución de una mesa de negociación, formada por el Gobierno de Aragón como máximo responsable y financiador de los recursos y servicios sociales, los sindicatos y las empresas u organizaciones del sector, para analizar la situación y elaborar un convenio autonómico de reforma y protección de menores para Aragón que regule y mejore las condiciones laborales de este colectivo.
Y también, que una vez firmado el pacto por todas las partes implicadas, el Ejecutivo autonómico adapte las licitaciones, convenios o conciertos para adecuarlas al nuevo marco laboral, según ha explicado Sanz.
El diputado ha insistido en la "precariedad" en la que se encuentran estos trabajadores y en que la DGA debe garantizar que la labor que se desarrolla en estos centros públicos se realizan en condiciones óptimas, toda vez que ha insistido en su apuesta por la internalización de estos servicios aunque mientras se tienen que garantizar las condiciones de dignidad des los trabajadores esenciales de este servicio público.
Cuando estos centros comenzaron su externalización, ha añadido Sanz, la remuneración salarial se equiparaba al 80 % de la remuneración del personal funcionario, pero en estos momentos la brecha salarial se ha disparado y reducirla es algo que no se puede fijar en un pliego o en los conciertos, ya que estos están sujetos al convenio colectivo vigente.
En este sentido Esteban ha reclamado compromisos prácticos de los grupos parlamentarios después de que hace aproximadamente un año expusieran estas demandas en el parlamento y lograran "buenas palabras y apoyo" de muchos de ellos que no han surtido más efecto. Estos trabajadores, unos 600 en toda la Comunidad, atienden a niños y jóvenes desfavorecidos y en situación de vulnerabilidad en centros de titularidad pública con gestión externalizada.
Favorecer el trabajo de cuidados empieza por dignificar las condiciones de ese trabajo, ha argumentado, al tiempo que ha denunciado que, pese a haber sido "esenciales" en la pandemia o cuando se declaran en huelga y se establece el 100 % de servicios mínimos, se encuentran en la "más absoluta precariedad con sueldos de mil euros" en un trabajo que requiere formación universitaria y en el que se exponen a una carga laboral "brutal" y situaciones de estrés y de violencia.
En el mismo sentido, su compañera ha añadido que esta profesión está ligada el universo de los cuidados, un sector en el que la mayoría de las trabajadoras son mujeres, que actúan como "figuras de referencia para los mejores a cargo", y ha reclamado que se valore el papel que desarrollan y que se negocie un convenio autonómico que garantice condiciones laborales justas y sería un paso importancia hacia un sistema de cuidado de menores más justo y equitativo en la Comunidad.
