El Ministerio asumirá los mapas de fosas y los lugares de memoria que derogó Aragón

El Consejo de Ministros ha dado cuenta este martes del informe jurídico que sentará las bases del recurso del Gobierno central contra la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón. El ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, ha comparecido ante la prensa tras la reunión para volver a tender la mano a la DGA, que ayer ya advirtió que no entablará una negociación sobre este caso, lo que aboca a un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). De cualquier modo, Torres ha anunciado que el Estado asumirá aquellas competencias suprimidas por la coalición PP-Vox en la Comunidad, como los mapas de fosas o los lugares y rutas de memoria.

Torres ha reiterado los argumentos empleados ayer para anunciar el conflicto con la DGA. Según los servicios jurídicos del Ministerio, la ley de derogación aprobada en febrero por el Parlamento aragonés supone “una vulneración de la Constitución, de los derechos humanos, del derecho internacional, de las resoluciones de Naciones Unidas y de los convenios internacionales”.

En especial, el ministro ha hecho referencia a la eliminación de la disposición que homenajeaba a los aragoneses que perdieron la vida en los campos de concentración nazis, del mapa de fosas comunes y del inventario de lugares y rutas de memoria.

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, defendió que la derogación fue “jurídicamente intachable” y dejó claro que la DGA no va a participar en una "farsa instrumentada", por lo que declinará la negociación con el Ministerio, que debería abrirse en las próximas semanas por un periodo máximo de seis meses. En caso de desacuerdo, será el TC el que resuelva.

Torres ha criticado esta postura. “Demuestra una manera de actuar. Frente al Gobierno de España, que tiende la mano, el de Aragón dice que no se sienta, es algo anormal”, ha subrayado. “Normalmente -ha apostillado-, los gobiernos se sientan para negociar cuando hay discrepancias, para eso esta la comisión bilateral”.

No obstante, ha emplazado a seguir el procedimiento, y esperará la “respuesta oficial” del Ejecutivo autonómico cuando se le comunique la discrepancia. Y en cualquier caso, el ministro ha asegurado que el Estado asumirá las funciones y competencias que Aragón haya derogado y se niegue a restituir, como el mapa de fosas para las exhumaciones o los lugares y rutas de memoria. Para ello, el Ministerio emitiría un oficio o decreto por el cual la ley estatal se haría cargo de dichas actuaciones así como de su financiación.