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La DGA cierra 51 residencias de mayores en los últimos nueve años por deficiencias
Durante 2023 se llevaron a cabo en la Comunidad 155 inspecciones a estos centros. Aragón cuenta con nueve profesionales para llevarlas a cabo.
El Gobierno aragonés ha cerrado en los últimos nueve años 51 residencias de mayores, principalmente por deficiencias en las instalaciones. En estos momentos está abierto, al menos, el expediente de un centro sobre el que pesa una orden de clausura que ha llegado a la vía judicial. Las inspecciones de estas instalaciones se intensificaron tras el incendio del geriátrico de Santa Fe de Cuarte de Huerva, ocurrido en julio de 2015, en el que murieron nueve personas.
Esta tragedia marcó un punto de inflexión. En 2016 se inició un plan de regularización para que se adaptaran a la normativa en materia de incendios, evacuación y medidas de seguridad, entre otras cuestiones. Se intensificaron las supervisiones por toda la Comunidad con el objetivo de evitar situaciones de riesgo para los usuarios.
A lo largo del año pasado, según el balance del Departamento de Bienestar Social y Familia se llevaron a cabo un total de 155 visitas, lo que se traduce en más de una cada dos días laborables. De ellas, 107 en la provincia de Zaragoza, 31 en Huesca y 17 en Teruel.
Estas actuaciones se ponen en marcha no solo a raíz de denuncias, sino que también pueden llevarse a cabo a modo de seguimiento ordinario o para la emisión de informes con motivo de la tramitación de procedimientos administrativos como el asesoramiento para la construcción o adecuación de infraestructuras o algún tipo de modificaciones en la titularidad o el servicio. La cifra de inspectores de centros y servicio sociales ha aumentado de seis a nueve desde 2015, además de contar con una asesoría técnica y una jefatura.
Unos meses después del incendio de la residencia Santa Fe, bajaron la persiana seis centros de ancianos, a los que siguieron siete en 2016, otros seis en 2017, tres en 2018, seis en 2019 y dos en 2020, para alcanzar un récord de 13 establecimientos clausurados en 2021, seis en 2022 y los dos últimos durante 2023. Se trata en todos estos casos de residencias, sin incluir en este cómputo otro tipo de centros sociales.
Hasta 13 clausuras de establecimientos en 2021
Las clausuras se dispararon en 2021, coincidiendo con los meses más duros de la pandemia de coronavirus. Para el portavoz en Aragón de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Gustavo García, este repunte no solo responde a que con los brotes y contagios afloraran más situaciones irregulares. "Las residencias por lo general salieron muy tocadas en su economía después de la covid, tuvieron que soportar unos gastos extra extraordinarios, por lo que tampoco hay que descartar que algunas tuvieran que dejar de funcionar por inviabilidad económica o porque no pudieron regularizarse y adaptarse a la normativa", explica.
La desaparición de estas 51 residencias ha supuesto la supresión de alrededor de 1.100 plazas, aunque durante el mismo periodo también se han ido abriendo otros establecimientos.
Actualmente, de acuerdo con el registro de residencias facilitado desde la DGA, hay inscritas 262 (174 en la provincia de Zaragoza, 53 en la de Huesca y 35 en la de Teruel), que cuentan con un total de 17.722 plazas. De ellas, 64 son públicas (entre las del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ayuntamientos y comarcas) y el resto son de iniciativa social o privadas.
En estos momentos, señalan desde el Departamento de Bienestar Social y Familia, se está elaborando un plan de inspección que prevé una línea de actuación ligada al seguimiento de la puesta en marcha de los planes de atención y vida que contengan una valoración integral de la persona y una planificación de la atención que va a recibir de acuerdo a sus necesidades y proyecto de vida. Este es uno de los ejes del nuevo modelo asistencial basado en el individuo. Otra prioridad son los programas de atención libres de sujeciones. La consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, explicó hace unos días que se iba a asesorar y apoyar para disminuir tanto el uso de las sujeciones físicas como de la "polifarmacia". En este último tema se ha empezado a trabajar con el servicio de uso racional del medicamento del Salud.
"Un servicio imprescindible"
Para el portavoz en la Comunidad del colectivo de gerentes de servicios sociales, las inspecciones constituyen un "servicio imprescindible" que supone "una garantía" tanto para los usuarios como para sus familias. "La normativa tiene que cumplirse y para ello la Administración tiene que ser muy rigurosa en su control y seguimiento para que no se produzcan anomalías graves", asegura García.
En su opinión, además de sancionar, también se debería reconocer la calidad del servicio que se presta. "En alguna normativa ya se fijan unos precios más elevados por plaza concertada para aquellos centros que están mejor valorados", apunta.
La gerente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade), Paquita Morata, destaca que las empresas del sector son "las primeras interesadas" en que la labor inspectora se desarrolle "con rigurosidad", ya que al final incide en la prestación de unos servicios de mayor calidad. Asegura que en ocasiones se constatan "incidencias" que hay que corregir, "pero las grandes sanciones no son habituales". No solo son inspeccionados por Bienestar Social, sino también por Consumo, Salud Pública e Inspección Farmacéutica.
Centros en el medio rural que llevan años gestándose
La atención a las personas mayores en un medio rural cada vez más envejecido es un servicio básico para que los vecinos "puedan seguir residiendo con dignidad en un lugar que conocen y quieren".
Así lo entiende el alcalde de La Iglesuela del Cid, Fernando Safont, también presidente del Maestrazgo, comarca que solo cuenta con una residencia en Cantavieja. Ve más cerca la segunda, también municipal, gracias a una inversión de 550.000 euros procedentes de dos ayudas de los Fondos de Inversiones de Teruel, el Fite.
Con este dinero se va a rehabilitar una de las salas del antiguo convento, que ya alberga en la actualidad las viviendas tuteladas en las que residen 11 mayores y hay seis trabajadores.
El proyecto contempla adaptar las actuales instalaciones a toda la normativa para llegar a contar con 26 plazas. Podría estar en funcionamiento en el primer semestre de 2025.
En Brea de Aragón, perteneciente a la comarca del Aranda, donde también hay solo una residencia, el anhelo municipal es abrir la segunda en las antiguas escuelas.
