Sanidad aprueba quince jefaturas que cuestan 1 millón con reparos de Hacienda y Servicios Jurídicos
El Consejo de Gobierno respalda la nueva estructura de Bancalero, que tiene ahora un mes para hacer "correcciones" porque le faltan otros 13 millones de euros para pagar nóminas.
El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha sacado adelante la nueva estructura de su departamento y la del Salud, que implican quince nuevas jefaturas que cuestan un millón de euros al año, con los reparos de la Consejería de Hacienda y de los Servicios Jurídicos de la DGA.
El Consejo de Gobierno lo hizo posible al respaldar la semana pasada el proyecto de decreto que presentó Bancalero, que tiene ahora un mes para hacer las exigidas "correcciones" presupuestarias. Además, deberá solventar las duplicaciones en el nuevo organigrama para no incurrir en uno de los "vicios de legalidad" advertidos por los propios juristas de la DGA.
José Luis Bancalero resta importancia a los reparos y garantiza que no agotará el plazo que le ha dado Hacienda para hacer las preceptivas modificaciones y salvar así la situación. El titular de Sanidad defiende que todo responde a los compromisos electorales del PP y se muestra convencido de que las nuevas jefaturas permitirán mejorar no solo las prestaciones a los ciudadanos, sino ganar en "eficacia, eficiencia y ahorro de gasto".
En realidad, el coste añadido aún es mayor y alcanza los 1,7 millones, tal y como se indica en la memoria económica que acompaña al decreto aprobado, del que no se dio cuenta en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno. De hecho, se llegan a crear 32 nuevos puestos, la mayoría en el propio departamento, 24, mientras los restantes ocho van al nuevo núcleo de decisión del Salud, como adelantó este diario a finales del año pasado.
Entonces, Bancalero ya lo defendió con el doble argumento de que "para gestionar bien hace falta gente" y que con la estructura heredada no se llegaba porque, entre otras cosas, el Salud estaba "descapitalizado".
Entre los quince puestos de jefaturas figuran los de Análisis y Eficiencia del Gasto Sanitario, Cribados, Coordinación de Alertas de Salud Pública, Planificación y Estrategia de Salud Mental. Y en el Salud se crean una gerencia única de Atención Primaria y sendas subdirecciones de Control Económico y Organización asistencial, entre otros cargos directivos.
Requerimientos legales
La rotundidad de los informes de la Dirección General de Presupuestos y de los Servicios Jurídicos no dejan lugar a la duda. El primero, firmado por el número dos del Departamento de Hacienda, Javier Rincón, al estar de baja maternal su responsable, llega a señalar que no debería aprobarse "ninguna medida" que suponga un incremento estructural del gasto de personal "sin contar primeramente con financiación adecuada para las obligaciones ya adquiridas con cargo al presupuesto". Y añade que, en caso contrario, su aprobación "puede suponer un riesgo adicional para la sostenibilidad de las cuentas públicas autonómicas".
No se queda ahí, dado que advierte de que en otro informe de la interventora general, Ana Gómez, sobre la ejecución de gasto del Salud se apunta que faltan trece millones para el pago de las cuotas patronales de este año si se tiene cuenta lo gastado en 2023. Y. de nuevo, planteaba que se justifique si existe o no la desviación estimada por ella y, en su caso, "se concreten las medidas que vayan a adoptarse para su corrección".
Por ello, el número dos de Hacienda exigía que con "carácter previo" a la aprobación del decreto se justificara la desviación presupuestaria y en un mes Sanidad eleve un informe con las medidas para su corrección. Su escrito está fechado el 27 de febrero, pero sin atender su requerimiento se aprobó la nueva estructura de Sanidad al día siguiente en el Consejo de Gobierno.
En la misma línea va el informe de Servicios Jurídicos, que concluye que Sanidad debe acreditar la existencia de crédito suficiente y adecuado en los presupuestos «"con el fin de no incurrir en el vicio de nulidad". Además, censura que se pretenden crear "estructuras que duplican otras existentes", cuya corrección reclama, y apostilla que varios preceptos apuntados, en caso de mantenerse, podrían tener carácter de reglamento ejecutivo e incurrir igualmente en vicio de nulidad.
