educación
La zona única, la etapa de 0 a 3 años y las ratios copan las alegaciones al decreto de escolarización de Aragón
El periodo para presentar propuestas finaliza este lunes. Los baremos quedarán determinados en una orden que se publicará posteriormente.
La implantación de la zona única de escolarización, la inclusión de la etapa de 0 a 3 años y el número de alumnos por aula son algunas de las alegaciones más repetidas por familias, equipos directivos y sindicatos docentes al borrador del decreto de escolarización, que se encuentra en información pública hasta este lunes. No obstante, no será hasta que se apruebe definitivamente este documento cuando se publique la orden que determinará los baremos que regirán el proceso de matrícula para el curso 2024-2025, algo que despierta interés e incertidumbre en la comunidad educativa.
Desde el momento en el que se publicó este borrador, la escuela pública, prácticamente en su conjunto, criticó la intención de que cada municipio se considerará como "un espacio único de escolarización". Según se recoge en el documento, esta modificación se hace en "aras de lograr un proceso de escolarización más satisfactorio" y viene motivada por "los principios de eficiencia y proporcionalidad", pero no todos lo ven así.
"En Zaragoza o Huesca podría suponer una dificultad que agrave la segregación escolar que se produce en determinadas zonas en detrimento de los centros públicos", apuntan en sus alegaciones desde la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria en Aragón (Adiaragón). Sus homólogos en los colegios, la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa), llegan a hablar de la posibilidad de que se formen "zonas gueto" y consideran que con la zona única se "favorecerá la movilidad del alumnado, lo que supone un coste económico que solo podrán asumir las familias con mayor poder adquisitivo".
Así lo defienden también desde los diferentes sindicatos y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar), quien señala que de este modo "no se amplía la libertad de elección de las familias" y que además "dificultará" la planificación del proceso.
Tampoco se muestran conformes con la inclusión de la etapa de 0 a 3 años. "Si no se contemplan criterios de conciliación, se dificultará el acceso a estas plazas", inciden desde Fapar, al tiempo que consideran que podría dar lugar a la "concertación de centros privados en vez de ampliar la oferta pública". Esta opinión la secundan desde centrales como STEA y UGT.
El sindicato FISE, mayoritario en la escuela concertada, también pone el foco en la incorporación del primer ciclo de infantil, pero por distintas razones. En las alegaciones presentadas, detalla que de llevarse a cabo "alteraría las reglas de competencia" entre la pública y la concertada, puesto que los públicos "captarían alumnos un año antes que los concertados". Asimismo, explica que supone una "discriminación por zona geográfica", ya que no todos los centros "pueden concurrir en esta escolarización".
La propuesta tampoco convence a las escuelas infantiles del Gobierno de Aragón que ven incrementarse el número máximo de alumnos por aula permitido, con uno más en los dos primeros cursos. Además, explica Yolanda Mediel, responsable de CSIF en la Administración General de la Comunidad, piden que "se mantenga la reserva de una plaza para alumnos con necesidades especiales", puesto que en esta etapa "la mayoría no llegan con resolución", sino que es algo que se detecta en el desarrollo del curso.
Las ratios son prácticamente el único punto de encuentro entre la pública y la concertada, que reclaman mayor compromiso con la reducción de ratios, puesto que se mantienen los mismos niveles que en el decreto anterior. Todos inciden, en la línea del informe presentado por CC. OO. la semana pasada, en que contar con ratios más reducidas mejora la calidad de la enseñanza y permite "combatir el abandono y el absentismo".
Por ejemplo, CC. OO. pide que en aulas de 0-1 años haya un máximo de 6 niños frente a los 8 marcados ahora; en las de 1-2 sean 10 y en la de 2-3 haya 14 con dos de reserva para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (Acnea). En el resto de infantil y primaria consideran que se debería dejar en 16 y dos de reserva, mientras que piden que en la ESO sean 24 y en bachillerato, 26.
Menos pretensiones tienen en Adiaragón, que fijan en 25 los estudiantes por aula en la ESO y en 27 en bachillerato, o FSIE, que reclama que haya como máximo 18 alumnos en todo el ciclo de infantil. Además, pone el foco en la Educación Especial y en la necesidad de que se tenga en cuenta "la tipología de la discapacidad" para establecer la ratio. Otras centrales como UGT o CSIF también se fijan en ello y urgen a esa apuesta por reducirlas, además de no dar "carta blanca" a autorizar elevarlas por "situaciones extraordinarias".
Otros puntos críticos
Las nuevas unidades de escolarización, que prevén funcionar como "órgano coordinador", despiertan recelos. "Ahora será la dirección general la que tome ciertas decisiones clave en la ordenación del proceso en lugar de los órganos más cercanos al ciudadano", critican desde CGT y UGT. Desde STEA denuncian que no se especifique su "composición, funcionamiento ni atribuciones", mientras que Fapar considera que se "mermará la participación de la comunidad educativa".
Por su parte, desde Adiaragón reclaman modificar el artículo relativo a la determinación de vacantes. Defienden que se debería incluir una referencia a la proporción de alumnado en situación de "vulnerabilidad y desventaja socioeducativa", puesto que necesita "medidas de atención individualizada". Asimismo, plantean alegaciones al periodo fuera de plazo y urgen mayores recursos para poder asegurar la correcta docencia.
El sindicato FSIE propone que cada municipio "sea un espacio único de escolarización sin baremación por proximidad lineal domiciliaria" para todos los que vivan o trabajen en la misma localidad que el centro solicitado. Asimismo, incide en que las escuelas infantiles y guarderías privadas como los colegios privados que ofertan enseñanzas de 0 a 3 años puedan hacer, en el marco de su autonomía, "sus propuestas de adscripción a colegios públicos o concertados a efectos de escolarización".
Menos dudas ha generado este borrador a la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón) que, según apuntó su presidente, Miguel Ángel Sarralde, ha optado por no presentar alegaciones y espera a la publicación de los baremos en la próxima orden. Precisamente este se prevé que pueda suponer el siguiente punto de conflicto, puesto que ahí se determinará, entre otros, si la distancia del domicilio familiar y el trabajo al centro escolar tienen los mismos o distintos puntos y cómo se acaba articulando la proximidad lineal.
Lío político
El actual borrador no solo ha provocado quejas en la comunidad educativa. También ha avivado el debate político, con cruce de acusaciones (el último en el pleno de la semana pasada) entre el PP, actualmente en el Gobierno, y algunos de los partidos de la oposición como PSOE y Podemos. La izquierda ha criticado la zona única de escolarización y el objetivo de "concertar la educación infantil y el bachillerato", al tiempo de que ha acusado al Departamento de Educción de "atacar" con este planteamiento a la escuela pública.
Por su parte, la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, ha señalado, en innumerables ocasiones, que el borrador presentado se encuentra en exposición pública y que se estudiarán las alegaciones presentadas. Asimismo, ha incidido en que es "amplio" y en el él cabe "prácticamente todo". Será, según ha remarcado, en las órdenes anuales en las que se "restrinja".
