Aragón cuenta con cerca de 40.400 dependientes atendidos, pero 4.100 esperan aún su valoración
El IASS plantea que los profesionales trabajen por las tardes en Zaragoza para atajar esta demora.
Casi 14.000 personas aguardan que se les determine su discapacidad física o psíquica.
Aragón sigue alcanzando cifras récord de personas dependientes atendidas y cerró el año pasado con 40.334. El llamado ‘limbo’ de la dependencia, usuarios que tienen reconocida la ayuda o prestación pero aún no la reciben, ha descendido a un mínimo histórico, 186 (121 en Zaragoza, 39 en Teruel y 26 en Huesca), frente a los 854 con que se cerró julio. La nota negativa son los 4.154 que la han solicitado y que aguardan que su caso sea estudiado y valorado, un atasco al que pone una cifra y que preocupa al gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Ángel Val, del actual gobierno PP-Vox.
Dentro del plan de choque para atajar esta situación, el IASS plantea que se trabaje por las tardes en Zaragoza para agilizar la tramitación de los expedientes, de lunes a jueves. "Se trata de una propuesta que está encima de la mesa y de la que estamos estudiando con los técnicos los pros y los contras. La decisión definitiva aún no está tomada", dijo Val.
La medida se implantaría únicamente en la capital aragonesa, donde se concentra el problema. De los 4.154 solicitantes que están esperando que los profesionales determinen sus necesidades de apoyo, 3.392 se encuentran en la provincia de Zaragoza, 189 en la de Teruel y 573 en Huesca, de acuerdo con los datos de la DGA.
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El próximo mes se incorporará el IASS en la capital aragonesa el equipo de ocho profesionales con los que se va reforzar la plantilla de valoración. La contratación de estos trabajadores supone un coste de 1,4 millones de euros que se recogen en los presupuestos de 2024. "En este aspecto no hemos implementado nada distinto a lo que se estaba haciendo y que funcionaba. Se han reforzado los 32 contratos que ya hizo el anterior Ejecutivo y que se mantienen", señaló Val.
Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia destacan que en estos momentos la Comunidad tarda una media de 190 días en resolver las peticiones, un plazo que está por debajo de la media nacional de 324. Durante el año pasado este tiempo se redujo en 51 días. Está cerca así de cumplir el máximo que se fija por normativa, establecido en seis meses (180 días). Las solicitudes siguen al alza y a final del año pasado alcanzaban las 54.128.
La oferta de la teleasistencia avanzada sigue siendo una asignatura pendiente en el catálogo de prestaciones. El gerente se muestra satisfecho con el inicio del programa piloto desarrollado por DFA Apoyo Conectados, dirigido a alargar la vida y autonomía en el hogar de las personas mayores en las capitales aragonesas y en las comarcas de las tres provincias con mayor y menor población: Central de Zaragoza, Campo de Belchite, Hoya de Huesca, Somontano de Barbastro, Comunidad de Teruel y Maestrazgo. Llegará a 1.575 usuarios. Cuenta con una financiación de 7,2 millones de fondos europeos. El proyecto proviene del anterior Ejecutivo, pero se paralizó al final de la pasada legislatura.
Un "tapón" en los expedientes de la discapacidad
Otra lista de espera con la que se ha encontrado Val, la de valoración de las personas con discapacidad, ha requerido "medidas de urgencia porque había un tapón inaceptable", apuntó. Se pusieron en marcha ya el pasado diciembre para abordar una demora que afectaba en octubre a 13.750 personas (valoraciones de discapacidad tanto física como psíquica), de las que 9.295 correspondían a primeras atenciones, y el resto a revisiones de oficio. Los retrasos llegan a los 22 meses en Huesca, desde que se graba la solicitud hasta que se hace la valoración. En Teruel es de 13 meses y en Zaragoza oscila entre los 7 y los 11.
Val aseguró que la mejora no se percibe aún "ya que ha discurrido muy poco tiempo", pero sí se mostró convencido de que para el verano habrá un "descenso significativo", aunque evita cuantificar el objetivo marcado. "No sé cómo va a evolucionar la demanda, pero no tengo duda de que en julio ya se verá una caída de la lista importante", señaló.
Desde mitad de diciembre funciona también un nuevo equipo de valoración, adscrito a los servicios centrales, para desarrollarlas en la modalidad no presencial en toda la Comunidad. Está integrado por un médico, un terapeuta ocupacional, un psicólogo, un enfermero, un trabajador social y un administrativo que suponen un coste de 223.432 euros. "Se mantendrá hasta que sea necesario", afirmó Ángel Val.
La nueva unidad lleva a cabo un triaje de las solicitudes para reconocer el grado de discapacidad presentadas en las tres provincias, y determinar aquellas que se pueden atender con los datos que figuran en el expediente y las que precisan un reconocimiento presencial. Además. desde principios de diciembre se puede iniciar el trámite a través de la web del Instituto, pero de momento "están entrando poco a poco por esta vía", comentó Val.
A nivel interno se han establecido "pasarelas" con el Salud para que todos los sanitarios que valoran dependencia y discapacidad tengan acceso al historial clínico (antes solo podían los médicos de la dependencia). Una posibilidad que se quiere ampliar también a los trabajadores sociales.
