Nuevo varapalo a la gestión del anterior Gobierno aragonés. Si el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) anuló a principios de mes los pliegos del concurso del transporte terrestre del 112, ahora ha tumbado la adjudicación bajo sospecha del servicio de hemodonaciones externas del Banco de Sangre y Tejidos, concedida a Consorci i Transport Sanitari Regió Girona. Su importe asciende a 2,9 millones.

La nueva gerente de la entidad pública, Rosa Plantagenet, ha manifestado este jueves que convocará un nuevo concurso y ha garantizado que la gestión de las extracciones por todo el territorio seguirá adelante con absoluta normalidad porque el contrato en vigor con Acciona no expira hasta principios de 2024 y cabe una prórroga. "Vamos a estudiar si modificamos los pliegos o elaboramos unos nuevos porque es un contrato económicamente importante y sensible", ha añadido.

El Tribunal de Contratos no puede ser más contundente al aseverar que la empresa adjudicataria del servicio, Consorci i Transport Sanitari Regió Girona, no abarca en su objeto social las prestaciones propias del contrato, "por lo que no es posible incluir los servicios descritos en los pliegos que rigen la licitación en el objeto social de la adjudicataria". Y añade que no cabe "interpretación alguna".

La empresa garantizó su solvencia técnica a través de la sociedad Clínica Bofill, cuando esta aseguró a este diario, al desvelar la investigación abierta a principios de agosto, que no tenía ningún acuerdo con la adjudicataria e ignoraba por completo que se hubiera facilitado su nombre en este concurso público a través de documentos supuestamente falsificados. Es más, al ser conocedora de lo ocurrido, el administrador de la clínica reclamó su derecho a conocer el expediente. Y cuando constató sus sospechas, registró un escrito ante la administración autonómica en el que dejó claro que ni ha tenido ni tiene intención de hacer una cesión de solvencia técnica ni de medios materiales o personales a la empresa que resultó ganadora.

En este supuesto fraude comunicado a la Administración ni siquiera llega a entrar el Tacpa al aceptar la impugnación a la otra empresa licitadora, Ambulancias Maíz. De hecho, incide en que la falta de capacidad de obrar de la adjudicataria no se podría haber suplido con la solvencia de otras entidades, como llega a sostener en su defensa el Consorci i Transport Sanitari Regió Girona.