El Gobierno de Aragón da trabajo a 58.487 personas, un 75% mujeres y solo un 50,5% tiene contrato fijo
Más de 3.300 empleados tienen autorizada una reducción de jornada y la contratación de personal eventual de confianza ha ido al alza.
El Gobierno de Aragón, la mayor ‘empresa’ de la Comunidad, da trabajo a 58.487 personas, una cifra elevada pero ligeramente inferior a los que 59.560 empleados públicos que se alcanzaron en diciembre de 2020 por las contrataciones extraordinarias para hacer frente a la pandemia. Tres de cada cuatro funcionarios son mujeres, por el peso que tiene en la plantilla general la Sanidad y la Educación, y la estabilización del empleo sigue siendo la asignatura pendiente. En diciembre de 2022, los contratos fijos, 29.558 (el 50,5%), superaban por la mínima a los temporales (28.929). Más de 3.300 tienen autorizada una reducción de jornada para poder atender a sus allegados, según figura en el último boletín estadístico del personal de la Comunidad.
Pasarán meses, años, antes de que dé sus frutos el plan de estabilización del empleo con el que el Gobierno de Aragón pretende dar cumplimiento a la Ley 20/2021 de medidas urgentes para reducir la temporalidad hasta un 8%. En la actualidad, hay 101 procesos convocados, 60 de ellos para funcionarios y 41 para personal laboral, según confirmaron desde la Consejería de Hacienda del Gobierno de Aragón. Las plazas a consolidar deberán estar adjudicadas antes de diciembre de 2024.
Dar cumplimiento a la Ley 20/2021 está resultado complejo. Los primeros pasos se dieron en mayo de 2022, con la aprobación de una oferta de empleo de estabilización que incluía 2.552 plazas a asignar por concurso (1.333) o por concurso-oposición (1.219). Sumadas a las convocatorias de empleo anteriores disparaban, según el cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA), a más de 8.120 las plazas a convocar antes que acabe el próximo año, a través de 300 procesos que se están, en parte, desarrollando.
Son más los trabajadores públicos del Gobierno de Aragón que tienen un destino provisional, 27.806, que los que lo tienen fijo, 24.697. Hay, también, 5.680 que tienen un destino de sustitución, situaciones todas ellas a corregir cuando se culmine el plan de estabilización del empleo que está en marcha. Se dan diferencias notables en función de los colectivos profesionales en los que se organiza el trabajo. Justicia, con un 65% y Educación, con un 47%, son las áreas con más personal en destino definitivo, por delante de Sanidad (41,4%), Administración General (34,4%) y de las Entidades de Derecho Público (34,1%).
El 45% del empleo, en Sanidad
Garantizar que los aragoneses tienen acceso a la Sanidad pública dispara las necesidades de personal hasta los 26.504 contratos, y ocho de cada diez de ellos han sido rubricados por mujeres. Le sigue Educación, con 17.657 trabajadores (el 30,2%); Administración General, con 12.113 (el 20%); Justicia, con 1.251 (2,1%) y las Entidades de Derecho Público, que cuentan con 962 trabajadores (el 1,6%).
Aunque la edad media del empleado público se sitúa en 46,7 años, la Administración autonómica, que suma 41 años de historia, empieza a estar envejecida. Nunca hasta ahora se habían alcanzado los 7.000 trabajadores entre 60 y 64 años, y más de 685 por encima de los 65. La veteranía en la plantilla se ve en los trienios acumulados. Hay 834 funcionarios que suman más de trece, 325 son hombres y 509 mujeres.
Por contra, el acceso a los puestos públicos sigue siendo complicado para los menores de 30 años. Son solo 4.016 trabajadores, que ni siquiera llegan al 7% del total de la plantilla. Casi nueve de cada diez trabajadores tienen jornada completa, frente a los 6.563 empleados que la tienen parcial.
La fuerza sindical se ve en las facilidades que tienen los empleados para conciliar. Más de 3.300 trabajadores públicos, la mayoría de ellos mujeres (3.015), tienen autorizada una reducción de jornada. El 85% de las peticiones tienen por objeto cumplir con la guarda legar de hijos menores de doce años y de otros familiares. Hay, también, 94 que se han reducido la jornada por una enfermedad muy grave, 33 que la van rebajando por adaptación progresiva y 85 que la piden para cuidar de un hijo enfermo de cáncer, de los que 80 tienen permiso retribuido.
Aunque son las mujeres las que más reducción de jornada piden, pues ellas son quienes copan el 75% de los empleos de la DGA, 178 hombres la pidieron para cuidar de sus hijos y cuatro más, por la lactancia horaria.
El personal eventual de confianza, al alza
Lo que no ha dejado de crecer en los últimos años ha sido la cifra de personal eventual de confianza. De los 54 (28 hombres y 26 mujeres) que había designados en diciembre de 2015, con el primer Gobierno PSOE-CHA presidido por Javier Lambán, condicionado por Podemos, se cerró 2022, el último año del cuatripartito, con 82 (39 hombres y 43 mujeres). Será interesante ver qué tendencia adopta ahora el bipartito PP-Vox, tras las peticiones constantes desde la formación de Santiago Abascal la pasada legislatura de que se eliminara el gasto superfluo.
En el Gobierno de Aragón hay 107 contratados que cobran más de 80.000 euros al año, 68 hombres y 39 mujeres. En el tramo que va de 30.000 a 50.000 euros, se sitúan el 50,9% de los trabajadores y un 48,9% de las empleadas. Ellas son más en la franja salarial inferior, la de menos de 30.000. Y es que en la Administración hay también sueldos bajos: 11.820 empleados públicos cobran menos de 19.999 euros, y 3.437 de ello ni siquiera llegan a los 10.000 euros al año.
