zaragoza
El Gobierno de Aragón investiga un posible fraude en una licitación del Banco de Sangre y Tejidos
La empresa a la que se adjudicó el servicio de extracciones externas aportó como aval técnico el nombre de una clínica catalana que niega saber nada del concurso.
El Gobierno aragonés ha abierto una investigación para comprobar si la empresa catalana a la que recientemente adjudicó un contrato del Banco de Sangre y Tejidos por casi tres millones de euros podría haber falseado parte de la documentación aportada al concurso y con la que obtuvo la máxima puntuación. Lo que se adjudicaba era el servicio de hemodonaciones externas, es decir, la gestión de las extracciones que se llevan a cabo periódicamente bajo la coordinación de la Asociación de Donantes de Sangre de Aragón para garantizar las reservas del banco, cuya sede se ubica en la calle de Ramón Salanova, en barrio de Las Delicias de Zaragoza.
La empresa adjudicataria, Consorci i Transport Sanitari Regió Girona, garantizó su solvencia técnica a través de la sociedad Clínica Bofill SL, cuando esta asegura que no tenía ningún acuerdo previo con los primeros e ignoraba por completo que se hubiera facilitado su nombre en este concurso público. Es más, al ser conocedora de lo ocurrido, el administrador de la clínica reclamó su derecho a conocer el expediente. Y cuando constató sus sospechas, registró un escrito ante la administración autonómica en el que deja claro que ni ha tenido ni tiene intención de hacer una cesión de solvencia técnica ni de medios materiales o personales a la empresa que resultó ganadora.
Según ha podido saber HERALDO, Clínica Bofill habría ido más allá, al reservarse el ejercicio de posibles acciones legales contra aquellas personas que pudieran haber aportado a este concurso documentos a nombre de la empresa sin su consentimiento. Varios de los citados escritos están firmados por un supuesto representante legal de la clínica catalana. Por lo que, de acreditarse que dichas rúbricas no son auténticas, cabría una posible denuncia por un delito de falsedad documental.
Consultado por este diario, el Banco de Sangre y Tejidos ha evitado pronunciarse sobre los documentos aportados por Consorci i Transport Sanitari Regió Girona o acerca del estado de la investigación. De hecho, se limitó a explicar que la otra empresa que optaba a la adjudicación ha recurrido -por otro motivo- el concurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa). Por lo que, indican, prefieren no hacer declaraciones hasta que este órgano se pronuncie.
El contrato que el Banco de Sangre y Tejidos adjudicó a finales del pasado mes de mayo a la empresa catalana conlleva la contratación de 21 trabajadores con distintas funciones. A la cabeza está el director de operaciones, al que se exige una experiencia acreditada en la gestión de hemodonaciones. Por otro lado estarían 16 sanitarios: cuatro licenciados en medicina y cirugía y doce titulados en enfermería, que se encargarían de desplazarse a los puntos establecidos para llevar a cabo las extracciones de sangre. Por último, la adjudicataria facilitaría también cuatro conductores para llevar las furgonetas de las que dispone el Banco de Sangre y Tejidos y en las que se transporta el material.
Por tres años y siete meses
Al concurso optaron dos empresas, la que resultó ganadora y Ambulancias Maiz SA, a la que la mesa de contratación decidió excluir por incumplimiento de las condiciones mínimas de medios personales y materiales. En cualquier caso, como indicaban fuentes del Gobierno aragonés, esta última ha impugnado su exclusión ante el Tacpa.
Tras abrir y estudiar las plicas, la mesa concedió a Consorci i Transport Sanitari Regió Girona la máxima puntuación: tanto en el apartado técnico (40 puntos) como en el de la oferta económica (60 puntos). Respecto a esta última, el organismo licitó el concurso con un presupuesto base de 2.993.340 euros, y la empresa que resultó ganadora hizo una ligera oferta a la baja: 2.989.840.
El periodo de adjudicación es de tres años y siete meses, por lo que el servicio comenzaría a prestarse el 1 de enero de 2024 y se prolongaría hasta el 30 de julio de 2027. Pero todo está ahora en el aire, sin que pueda descartarse una nueva convocatoria del concurso.
El administrador de Clínica Bofill, Juan Ortega, reconocía esta semana a HERALDO que se llevó una «enorme sorpresa» al enterarse de que el nombre de su centro estaba vinculado a una adjudicación del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón de la que no sabía «absolutamente nada». «No hemos hablado antes ni después con esta gente, ni yo ni ninguno de nuestros empleados», aseguraba el responsable de la clínica gerundense, en referencia a la empresa Consorci i Transport Sanitari Regió Girona. «Los conocemos porque nos traen algún paciente a nuestro centro, pero es una relación comercial pequeña. Quiero dejar claro que nunca les hemos hecho una cesión de solvencia técnica para que se presentaran al concurso de Zaragoza», insistía Ortega.
El representante legal de la clínica explicaba que se enteró de lo que ocurría por varios empleados del Banco de Sangre. «Querían saber si al asumir nosotros el contrato sus puestos de trabajo estaban garantizados. Nos quedamos perplejos, porque no habíamos negociado con nadie nuestra participación en esa adjudicación», señalaba.
Sin embargo, al tener conocimiento de la situación, la Clínica Bofill contactó con el Banco de Sangre para poder tener acceso al expediente. «Llamé al centro y parecía que querían convencerme de que no pasaba nada. No me daban ninguna información, por lo que busqué un abogado para que acudiera allí y le enseñaran los documentos. Tampoco le dejaron hacer copia del expediente, pero lo vio y comprobó que había firmas que no eran nuestras», indicaba Juan Ortega.
Finalmente, la clínica registró un escrito oficial en el que deja constancia de que no tiene ninguna vinculación con la adjudicataria. «Pero, a día de hoy, ni la DGA ni el Banco de Sangre se han puesto en contacto con nosotros», aseguraba.
