Admitido a trámite el recurso de la DGA al plan de la calle del Embarcadero

El Gobierno de Aragón reclama que se desatasque el plan especial para construir 111 viviendas libres.

Calle de Embarcadero en Zaragoza
Calle de Embarcadero en Zaragoza
Guillermo Mestre

El recurso del Gobierno de Aragón al plan de Embarcadero continúa adelante. La Justicia ha admitido a trámite la petición de la DGA y ha solicitado al Ayuntamiento de Zaragoza que aporte el expediente. Ya anunció en enero el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, la intención de acudir a los tribunales por las discrepancias en torno a este solar de Casablanca, donde la institución autonómica tiene capacidad para levantar 111 viviendas libres. Y hace unos días lo hizo efectivo.

La desavenencia viene porque el gobierno municipal quiere que los vecinos puedan seguir usando ese terreno como espacio de aparcamiento, tal y como solicitan. Las dos administraciones acordaron que antes de aprobar el plan especial –lo que estaba previsto para 2022– estudiarían fórmulas para cumplir esta reivindicación, y se pensó en una permuta que no prosperó. Y ahora el Ejecutivo aragonés insta al Ayuntamiento a que desbloquee ya los suelos.

Carlos Pérez Anadón acusa a PP-Cs de "falta de voluntad", mientras que estos consideran, en palabras de concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, "un ataque sin precedentes" que el plan haya acabado en los tribunales. El Ayuntamiento insiste en que no va a impulsar un proyecto que es rechazado por la mayoría de los vecinos del barrio. Por el momento no hay opciones de retomar las negociaciones de la permuta para llegar a un acuerdo antes de que haya sentencia.

Con este recurso judicial en marcha se frustra cualquier expectativa de que antes de las elecciones haya un consejo bilateral que resuelva este y otros asuntos de interés de las dos administraciones públicas, el más importante el del campo de fútbol de la Romareda. De hecho, este asunto podría acabar también en los tribunales en los próximos días si finalmente la DGA decide recurrir la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que considera contraria a la ley.

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