La DGA lleva al Ayuntamiento de Zaragoza a los tribunales por la calle Embarcadero
Acusa a PP-Cs de estar utilizando a los vecinos “como escudos humanos” para “no cumplir con sus obligaciones municipales”.
El Gobierno de Aragón llevará finalmente al Ayuntamiento de Zaragoza a los tribunales por el conflicto de la calle de Embarcadero. El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ha confirmado que el Ejecutivo autonómico ha presentado este lunes el contencioso administrativo que anunció a finales de enero. Él mismo se ha dirigido por carta al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, para trasladarle su “profunda decepción” por su última misiva.
En su opinión, el Consistorio ha “desistido absolutamente” de la posibilidad de “dar satisfacción y completo cumplimiento a lo aprobado en la comisión bilateral”. “El acuerdo, me permito recordarte, de obligado cumplimiento para ambas partes, establecía que el Ayuntamiento se comprometía a llevar a cabo la aprobación definitiva del Plan Especial de la calle de Embarcadero en febrero de 2022”, dice el escrito.
Pérez Anadón habla de una “falta absoluta de voluntad” por parte de PP-Cs, al que acusa de “poner como escudo humano a los vecinos del barrio” para “no cumplir con sus obligaciones municipales”. “Los mantiene como rehenes para ocultar sus incumplimientos para con el Gobierno de Aragón”, agrega. Critica, asimismo, que el Ayuntamiento intente aparecer “como víctima” en caso de judicializar los incumplimientos. “Nunca has tenido intención de cumplir con la DGA, y tu última misiva te delata. Mal podremos abandonar la vía jurisdiccional o suspender el procedimiento cuando, hasta la fecha de hoy, no había ninguna demanda interpuesta”, añade en su carta a Serrano.
Con el contencioso, el Gobierno aragonés aspira a “restablecer judicialmente” unos derechos que, según dice, el Ayuntamiento está “saboteando”.
El titular de Hacienda ha asegurado que hoy era cuando se acababa el plazo dado por el Ejecutivo aragonés, que ha hecho la “más amplia interpretación” de los 15 días anunciados. Pérez Anadón ha acusado al Ayuntamiento de “incumplimientos reiterados durante más de 400 días”. También ve “inaceptable” que se diga que la defensa de los derechos de una administración sea “incompatible” con la búsqueda de soluciones. “Si no hubiésemos acudido a la Justicia estaríamos ante una dejación flagrante de nuestras obligaciones como administración”, ha dicho.
El consejero ha hecho estas declaraciones tras reunirse con la asociación de vecinos Las Nieves de Casablanca, partidaria de que se construyan pisos. La otra -la de Tomás Pelayo- defiende, por el contrario, mantener el parquin, pero según Pérez Anadón, no ha asistido pese a estar convocada. “Estamos conformes con que edifiquen, el barrio iba a ganar bastante con pisos para la juventud. La verdad es que necesita un cambio grande. Ha envejecido mucho y necesita savia nueva”, ha resaltado la presidenta de la asociación Las Nieves, Ana Anta, quien ha recalcado que el espacio en disputa “no es un aparcamiento, sino un solar”.
Respecto a una posible reunión bilateral antes de que termine el mandato, el titular de Hacienda ha recordado las palabras que él mismo pronunció hace unas semanas, en las que decía que pasada la primera quincena de marzo iba a ser muy difícil. “Pero es que además le toca convocar al Ayuntamiento. Cada vez me da más la impresión de que tienen menos intención de hacerlo”, ha dicho.
Los antecedentes del plan Embarcadero
La operación se remonta a los años 80 y ha tenido que superar diversas vicisitudes desde que el Estado cediera en 2010 al Ejecutivo autonómico dos parcelas de ese solar. Allí está prevista la construcción de 186 pisos libres, de los que 111 corresponden a la DGA, 28 al Ayuntamiento y 47 al Gobierno de España. Hubo varias propuestas para ordenar la zona, pero ninguna terminó por salir adelante. Mientras tanto, los vecinos del entorno han estado utilizando ese suelo como espacio de aparcamiento. Y es lo que quieren seguir haciendo.
A principios de 2022, la asociación del distrito, Tomás Pelayo, entregó 1.200 firmas para que se mantengan las plazas de estacionamiento y, escuchando las reivindicaciones, comenzaron a cambiar los planes, lo que ha supuesto el principal contratiempo político a la operación. Las dos administraciones acordaron que antes de aprobar el plan especial se articularían fórmulas para resolver el terreno del parquin, y el Consistorio comenzó a trabajar en la búsqueda de suelos de cara a una posible permuta. Es decir, para ofrecer a la DGA un terreno de propiedad municipal de similares características y valor donde pudiera construir sus viviendas.
Ahí es donde estaba el principal foco de desacuerdo, porque el Ayuntamiento acusaba a la DGA de haber solicitado suelos que "triplicaban" el valor que tiene el de la calle del Embarcadero. Y mientras el Gobierno de Aragón decía entender el problema del aparcamiento, pero urgía a aprobar igualmente el plan especial.
