Aragón ya cuenta con un decreto-ley para abaratar la energía y ganar competitividad con las renovables
El ejecutivo autonómico quiere promover el consumo de cercanía y que sirva de "palanca" para atraer inversiones.
El Gobierno de Aragón ha dado el primer paso en su propósito de disponer de un sistema energético propio que le permita tener la energía más barata del país y ganar así en competitividad gracias a ser una potencia nacional en energías renovables. Para ello, el Consejo de Gobierno, reunido de forma extraordinaria, aprobó este lunes el decreto-ley para promover el consumo de cercanía aprovechando la oportunidad que supone la expansión de las plantas solares y eólicas y ser "palanca" de atracción de nuevas inversiones, especialmente de empresas electrointensivas
En la rueda de prensa posterior, el vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga, insistió en que se debe canalizar "el inmenso potencial que tiene en renovables", de modo que se beneficie al territorio, a las empresas y a las comunidades energéticas locales. "Vamos a reforzar la capacidad para utilizar más el consumo de cercanía, el autoconsumo", dijo.
Aliaga manifestó que el texto, que se publica este martes en el Boletín Oficial de Aragón y se pretende convalidar en el último pleno, da "cuerpo" jurídicamente a todas las comunidades energéticas, "cuya legislación está dispersa" para agilizar los procesos administrativos. Hasta el momento se han constituido 22, sobre todo en el medio rural, pero sufren las consecuencia de la burocracia para su puesta en marcha efectiva. "Se modificará la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón para que estos proyectos integradores de energía renovables puedan ser tenidos en cuenta en las cuestiones urbanísticas", detalló.
Allanar la burocracia
La regulación es compleja y ha requerido "meses de trabajo", pero ahora será más sencillo impulsarlos desde vecinos a polígonos industriales o cooperativas agrarias. "Supone un salto cualitativo y cuantitativo", aseveró.
El decreto ley también regula la figura de los proyectos e inversiones con generación renovable asociada para acelerar y fomentar su implantación, vinculada a mejorar la competitividad industrial y atraer inversiones. Incluirá disposiciones técnicas de desarrollo en materia de autoconsumo en sus diferentes modalidades y también los regímenes general y especial para el autoconsumo de las líneas eléctricas directas.
Las redes aragonesas de distribución cerradas y la optimización del uso de las plantas de electricidad para no perder producción aunque no quepan en las redes, destinándola a consumo de cercanía, son otros de los aspectos que regula esta normativa.
Los departamentos competentes en materia de energía, lucha contra la despoblación, ordenación del territorio y medio ambiente, con asistencia del Inaga, evaluarán el documento de zonificación ambiental para implantar renovables. De este modo, acordarán los criterios aplicables a los instrumentos de planificación.
Superar el "colonialismo"
El presidente aragonés, Javier Lambán, avanzó a principios de año que esta regulación será determinante para evitar que energía generada aquí sirva para el crecimiento y desarrollo de otros territorios. "Es un desafío formidable, hay que superar el colonialismo energético, tomar la iniciativa y erigirnos en agente activo de la inevitable reforma que se avecina del sistema eléctrico español", aseveró.
El decreto-ley establecerá asimismo el citado "fondo aragonés de solidaridad aragonés", con inversiones compensatorias para los territorios que soportan las afecciones de las instalaciones renovables. Este se complementaría con el estatal cuya puesta en marcha beneficiaría fundamentalmente a la España vaciada.
El fondo autonómico se nutrirá del impuesto al impacto paisajístico de las renovables en el que trabaja el cuatripartito.
Para lograr su completa efectividad, hará falta una reforma de la normativa estatal en materia energética. Por ello, también se pretende tramitar antes de que acabe la legislatura una proposición de ley para instar desde las Cortes a que el Gobierno central afronte los cambios que desde el Pignatelli se consideran necesarios. Entre otras cuestiones, actualizar la extensión de red e instalaciones de extensión compartidas, evitar una barrera al autoconsumo y al consumo local y revisar peajes y cargas del sistema, especialmente del autoconsumo a través de la red.
Por su parte, el presidente del Clúster de la Energía de Aragón (Clenar), Pedro Machín, valoró positivamente el decreto-ley porque va en la línea de incentivar el consumo local de empresa, crucial para avanzar en la descarbonización y electrificación de la economía.
Electrificar la economía
Aunque Aragón es una potencia en generación verde, advirtió de que habrá que multiplicar por dos la generación eléctrica actual para atender toda la energía primaria. Es decir, dar una alternativa al transporte, que salvo en el caso de los trenes eléctricos se mueve gracias a los combustibles fósiles, a la industria y a los hogares que ahora dependen del gas. "Hemos hecho sus deberes y el 75% de nuestro mix energético es renovable, pero en el conjunto del país se cumple por los pelos con el 20%", añadió.
Machín remarcó que hay sacar provecho de los recursos renovables, con los que se puede lograr realmente ser "más competitivos y reindusrializar Aragón". "Podemos atrer empresas electrointensivas, como es el caso de la fábrica de baterías de Tata, aprovechando la energía barata como palanca de atracción", especificó.
El presidente de Clenar apuntó también que la solución para electrificar la economía pasa por fomentar las comunidades energéticas y autoconsumo colectivo, en lo que avanza el decreto-ley autonómico. "Eso no quita que sigamos produciendo energía para el resto de comunidades autónomas como hemo hecho hasta ahora", añadió.
La solución del consumo local reducirá el impacto y garantizará una mayor eficiencia, dado que los expertos indican que para electrificar la economía hará falta duplicar la actual red de transporte. La consultora Deloitte estima que las inversiones necesarias en España para acometer la transición energética podrían oscilar entre 38.000 y 46.000 millones. Y buena parte de la inversión debería ir, añade, a modernizar y actualizar las redes para "optimizar" la integración de recursos renovables.
"Estamos ansiosos, firmando los últimos contratos para empezar"
Con esfuerzo, tiempo y algún que otro tropiezo, las primeras comunidades energéticas de Aragón se van abriendo paso en la densa jungla administrativa para lograr un suministro eléctrico más barato y sostenible. Este modelo de autoconsumo colectivo, por el que ya apuestan en una veintena de municipios, la mayoría del mundo rural, se encuentra a punto de dar los primeros resultados. En la Comunidad, la pionera es la de Luco de Jiloca, que ultima estos días los contratos necesarios para empezar a producir.
"Después de tanto tiempo, estamos ansiosos", relata Carlos Aríñez, uno de los impulsores, junto con Víctor Cañizares, María Navarro y Carlos Martín, de un proyecto que nació hace tres años. Ahora cuenta con 27 socios -25 vecinos, un vivero y el Ayuntamiento de Calamocha- que están a punto de recibir la electricidad que generarán las 92 placas instaladas en una antigua era de la localidad turolense.
"La inversión han sido 80.000 euros, con una aportación por cada socio de unos 1.000 euros", explica Aríñez, vecino del pueblo. Según sus cálculos, cuando el sistema esté a pleno rendimiento, autoconsumirán hasta el 80% de la energía que gastan a diario.
En Aragón hay 22 comunidades energéticas constituidas, en diferentes grados de maduración, y otro buen puñado en trámites. Cuentan con el asesoramiento de entidades como Ecodes y con ayudas públicas, en especial las que convoca el Ministerio de Transición Ecológica. Para la DGA, además, son otro frente de batalla para lograr acercar la producción al consumo, clave para abaratar la factura de la luz.
Sin embargo, el proceso sigue siendo lento, y sus impulsores denuncias trabas de las empresas distribuidoras y comercializadoras. Así lo reconoció hace unos días el director del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard, que apostaba por un marco sancionar más estricto para las empresas que pongan trabas.
